El Tribunal de Cuentas cuestiona el control al GIL

El ¨²ltimo informe del Tribunal de Cuentas sobre la gesti¨®n del Ayuntamiento de Marbella durante los 15 a?os de mandato del Grupo Independiente Liberal (GIL) cuestiona la labor laxa realizada por los funcionarios de habilitaci¨®n nacional (secretario, interventor, tesorero y oficial mayor) a los que compete el control de la legalidad y la fiscalizaci¨®n de la gesti¨®n econ¨®mica de los ayuntamientos.

La auditor¨ªa sobre los mandatos de Juli¨¢n Mu?oz y Marisol Yag¨¹e desvela que estos funcionarios mayores no utilizaron todos los instrumentos que las leyes les atribuyen para oponerse al c¨²mulo de irregularidades y anomal¨ªas en la gesti¨®n municipal, en la que abundaron los pagos e ingresos sin justificar, las transferencias a las sociedades municipales sin soporte o la mala valoraci¨®n de suelos y derechos urban¨ªsticos.

Los habilitados percibieron sobresueldos con los gobiernos gilistas

En algunos casos la falta de intervenci¨®n cuando no la autorizaci¨®n indebida han propiciado que el ex secretario municipal Leopoldo Barrantes y el interventor Juan Antonio Castro est¨¦n imputados en algunos de los procedimientos penales abiertos. Barrantes, de hecho, est¨¢ procesado en el caso Malaya y se encuentra en libertad bajo fianza tras ser detenido en marzo de 2006.

Barrantes ya est¨¢ jubilado, pero Juan Antonio Castro se mantiene como interventor municipal en el a?o que dirigi¨® el Ayuntamiento una comisi¨®n gestora hubo un segundo interventor. El informe del Tribunal de Cuentas cuestiona su labor porque, sin que existiera nunca un acuerdo plenario que limitara su funci¨®n, "la intervenci¨®n se limit¨® a verificar la competencia del ¨®rgano, la existencia del cr¨¦dito presupuestario y la intervenci¨®n material del pago".

El tribunal s¨ª reconoce que a veces emiti¨® informes contrarios a algunas decisiones al borde de la legalidad que de hecho han motivado procedimientos penales, pero no de forma continuada y sistem¨¢tica, sino aleatoria. "S¨®lo en ocasiones, sin ning¨²n criterio objetivo de selecci¨®n, realiz¨® la intervenci¨®n previa de determinados actos relacionados especialmente con la inexistencia de informes de valoraci¨®n en permutas, con concesiones administrativas, con enajenaciones de bienes patrimoniales y aprovechamientos urban¨ªsticos, con la falta de control de las multas de la polic¨ªa local y con el pago indebido realizado por honorarios profesionales a determinados letrados", sostiene el informe. No obstante, como tambi¨¦n consta en la auditor¨ªa, cuando emiti¨® reparos no surtieron efecto porque el equipo de gobierno los ignor¨®.

El Tribunal de Cuentas explica que "la fiscalizaci¨®n que debi¨® haber realizado el interventor debi¨® haber sido cr¨ªtica y previa y referida a todo acto susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido econ¨®mico o de movimiento de valores". El tribunal tambi¨¦n lamenta que el interventor no llevara un archivo completo y sistem¨¢tico de sus informes y reparos.

Sin establecer una relaci¨®n causa efecto, el Tribunal de Cuentas desvela que los habilitados nacionales percibieron importantes cantidades complementarias a sus sueldos, como una productividad fija de 2.000 euros mensuales y ayuda para la vivienda que la Comisi¨®n Gestora elimin¨®. Tambi¨¦n la liquidaci¨®n de vacaciones no disfrutadas o emolumentos por asistencia a juicio que son indebidos. En el a?o 2005, ¨²ltimo ejercicio completo del GIL, el secretario cobr¨® 149.309 euros y el interventor 137.331 euros.