EE UU avis¨® a Aznar del paso por Espa?a de presos para Guant¨¢namo
Un documento secreto revela la complicidad espa?ola en los vuelos de la verg¨¹enza
El 10 de enero de 2002, casi cuatro meses despu¨¦s del ataque contra las Torres Gemelas y dos desde la salida de los talibanes de Kabul, el consejero pol¨ªtico-militar de la Embajada de Estados Unidos en Madrid llam¨® al director general de Pol¨ªtica Exterior para Am¨¦rica del Norte del Ministerio de Asuntos Exteriores, Miguel Aguirre de C¨¢rcer, y le pidi¨® una cita urgente. Se concert¨® para primera hora de la tarde.
Nada m¨¢s salir la visita de su despacho, el diplom¨¢tico espa?ol se puso a redactar un informe sobre la inesperada entrevista. Iba dirigido al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqu¨¦, y a su secretario de Estado, Miquel Nadal. Lo firm¨®, estamp¨® el sello de "muy secreto" en el encabezamiento y lo numer¨® con el 3329/02.
La misma gesti¨®n fue hecha en otros pa¨ªses "a lo largo de la ruta" de los vuelos
Este documento, al que ha tenido acceso EL PA?S, demuestra que el Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar sab¨ªa que aviones de EE UU que sobrevolaban y hac¨ªan escala en Espa?a llevaban a bordo a personas detenidas en condiciones cuya legalidad era m¨¢s que dudosa. Ni el Ejecutivo del PP, ni luego el del PSOE, han reconocido hasta ahora estar al corriente de estos traslados, que investiga la Audiencia Nacional.
"Los EE UU van a iniciar muy pr¨®ximamente vuelos para trasladar prisioneros talibanes y de Al Qaeda desde Afganist¨¢n hasta la base de Guant¨¢namo, en Cuba", escribi¨® Aguirre de C¨¢rcer. "Estos vuelos se realizar¨¢n con aviones de largo alcance y, en consecuencia, sin escalas", prosegu¨ªa. "Sin embargo, en caso de que por razones no previstas fuera necesario realizar un aterrizaje de emergencia, el Gobierno de EE UU quisiera disponer de autorizaci¨®n del Gobierno espa?ol para utilizar alg¨²n aeropuerto de nuestro pa¨ªs".
"El Gobierno de EE UU", puntualizaba, "asegura que estas escalas ser¨ªan por el tiempo m¨ªnimo imprescindible para poder trasladar otro avi¨®n al aeropuerto en cuesti¨®n para continuar vuelo y que, a estos efectos, dispondr¨ªan de aviones de reserva en la regi¨®n preparados para desplazarse con car¨¢cter inmediato si fuera necesario. En todo momento, los EE UU se har¨ªan cargo de la seguridad de las personas transportadas".
La petici¨®n resultaba sorprendente por superflua. Nadie necesita una autorizaci¨®n previa para un aterrizaje de emergencia. Le amparan las reglas internacionales de aviaci¨®n.
Y menos que nadie lo necesitaba Estados Unidos, que dispon¨ªa de un convenio de cooperaci¨®n para la defensa con Espa?a cuyo art¨ªculo 25.7, entonces y ahora vigente, es taxativo: "En caso de emergencia en vuelo, las aeronaves norteamericanas operadas por o para las Fuerzas de Estados Unidos de Am¨¦rica, est¨¢n autorizadas a utilizar cualquier base, aer¨®dromo o aeropuerto espa?ol".
Pero la Administraci¨®n estadounidense quer¨ªa que Espa?a supiera que esos aviones transportaban a "prisioneros talibanes y de Al Qaeda". Y no s¨®lo Espa?a. Seg¨²n le hizo constar su interlocutor a Aguirre de C¨¢rcer, "esta misma gesti¨®n las est¨¢n realizando [los estadounidenses] con varios pa¨ªses que se encuentran a lo largo de la ruta que deben seguir los aviones en cuesti¨®n". Por lo menos, Turqu¨ªa, Italia y Portugal.
En ese momento, EE UU a¨²n no hab¨ªa dilapidado el capital de solidaridad que generaron en todo el mundo los atentados del 11-S en Nueva York y Washington. Pero, en noviembre de 2001, George W. Bush ya hab¨ªa firmado una orden, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que autorizaba la creaci¨®n de tribunales especiales para juzgar a sospechosos de terrorismo. Los miembros de dichos tribunales ser¨ªan militares, los acusados no podr¨ªan acceder a las pruebas en su contra (supuestamente, para preservar la seguridad nacional) y ni siquiera se les aplicar¨ªa el principio de presunci¨®n de inocencia.
Poco despu¨¦s, la Casa Blanca decret¨® que talibanes y miembros de Al Qaeda eran "combatientes enemigos ilegales" y no les reconoc¨ªa los derechos previstos en la Convenci¨®n de Ginebra para prisioneros de guerra.
Estas medidas provocaron una gran pol¨¦mica en Europa, a la que el Gobierno espa?ol no pudo sustraerse, pues Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar ejercer¨ªa, a partir del 1 de enero de 2002 y durante un semestre, la presidencia de turno de la Uni¨®n Europea.
La Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional y numerosos juristas advirtieron de que Espa?a no podr¨ªa extraditar a EE UU a ning¨²n sospechoso de pertenecer a Al Qaeda, ya que no estaba asegurado el derecho a un juicio justo y con m¨ªnimas garant¨ªas.
Cuando el 28 de noviembre Bush recibi¨® a Aznar en el Despacho Oval, por primera vez despu¨¦s del 11-S, el presidente espa?ol dijo que "Estados Unidos tiene todo el derecho a organizar su jurisdicci¨®n de la manera que le resulte m¨¢s oportuna, como corresponde a una democracia". Pero agreg¨®: "Cualquier decisi¨®n que se adopte en Espa?a respecto a estos detenidos, si se pidiera su extradici¨®n, ser¨¢ acorde con las leyes espa?olas".
En su conversaci¨®n con el consejero pol¨ªtico-militar de la Embajada de Estados Unidos en Madrid, Aguirre de C¨¢rcer no consigui¨® que ¨¦ste le concretara el calendario de los vuelos previstos ni cu¨¢ntos ser¨ªa preciso realizar para llevar a Guant¨¢namo a los prisioneros capturados en Afganist¨¢n y otros pa¨ªses.
Pero s¨ª le indic¨®, seg¨²n el informe secreto, que el traslado se iniciar¨ªa "muy pronto". Y le urgi¨® a que el Gobierno espa?ol respondiese a la demanda de Washington "lo antes posible". Aguirre de C¨¢rcer se comprometi¨® a hacerlo "antes de ma?ana viernes a mediod¨ªa". Es decir, menos de 24 horas despu¨¦s.
Aguirre de C¨¢rcer pregunt¨® a su interlocutor si ten¨ªan preferencia por alg¨²n aeropuerto en particular para el caso de que esos aviones tuvieran que hacer escala en Espa?a. El consejero estadounidense le contest¨® que no. Por iniciativa propia, el diplom¨¢tico espa?ol le sugiri¨® que "ser¨ªa preferible, en todo caso, utilizar aeropuertos en bases militares como Mor¨®n o Rota en vez de aeropuertos civiles". Seguramente, pec¨® de exceso de celo, ya que el Gobierno espa?ol a¨²n no hab¨ªa dado una respuesta.
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