Doble reivindicaci¨®n del Estatuto

Es justo reivindicar el cumplimiento del Estatuto cuando se produce su vulneraci¨®n por parte del Gobierno del Estado. Lo reivindican el Gobierno de la Generalitat y la principal fuerza de la oposici¨®n. Cuentan con el apoyo de la opini¨®n catalana y de los agentes sociales y econ¨®micos m¨¢s importantes del pa¨ªs. Es importante que sea as¨ª por lo que est¨¢ en juego: en el fondo y en la forma. Y por lo que hace a la forma, no estar¨ªa de m¨¢s reivindicar el acierto de haber adoptado la v¨ªa de la reforma estatutaria y reconocer el m¨¦rito de quienes la promovieron. La memoria -fr¨¢gil y selectiva, especialmente en pol¨ªtica- puede dejar ahora en la penumbra que este Estatuto surgi¨® de una iniciativa nacida con la oposici¨®n de bastantes y ante la indiferencia de muchos.

No parec¨ªan bastar los s¨®lidos argumentos disponibles para acometer de forma directa el camino de la renovaci¨®n del autogobierno: profundos cambios sociales y tecnol¨®gicos imprevisibles en 1979, constantes interpretaciones restrictivas de la norma estatutaria por parte de las autoridades del Estado, lecciones pr¨¢cticas de la experiencia institucional catalana, insuficiencia e injusticia de la financiaci¨®n de la Generalitat. Los hechos -admitidos por pr¨¢cticamente todos los observadores- no convenc¨ªan de la necesidad de ajustar el pacto pol¨ªtico-constitucional -porque de pacto se trata, a mi juicio- a las nuevas condiciones de la realidad pol¨ªtica.

Sosten¨ªan entonces algunos actores pol¨ªticos y otros observadores -y se sigui¨® afirmando a lo largo de la fatigosa elaboraci¨®n del Estatuto- que bastar¨ªa una reforma del sistema de financiaci¨®n y una ley estatal de delegaci¨®n de competencias para reforzar de modo suficiente el ¨¢mbito del autogobierno. No val¨ªa la pena -seg¨²n estas apreciaciones- emprender el camino incierto de la reforma estatutaria. Aquella v¨ªa alternativa ser¨ªa m¨¢s accesible, porque no suscitar¨ªa tanta oposici¨®n de los aparatos centrales del Estado ni de sus principales actores sociales y pol¨ªticos o de otras comunidades aut¨®nomas.

Sin embargo, los hechos de los dos ¨²ltimos dos a?os han debilitado el argumento. La financiaci¨®n se ha convertido por s¨ª misma en un escollo hasta ahora insuperable y la efectiva transferencia de competencias prevista por el Estatuto se ha reducido a m¨ªnimos.

Se confirma as¨ª que la aut¨¦ntica dificultad no resid¨ªa en el camino emprendido -Estatuto en lugar de reformas parciales-, sino en la meta perseguida. A saber, una nueva distribuci¨®n territorial de recursos y poderes que intentara llevarla m¨¢s all¨¢ de lo que preve¨ªa el Estatuto de 1979. O que evitara al menos la din¨¢mica recentralizadora que lo hab¨ªa laminado desde su misma entrada en vigor. Con el Estatuto de 2006 se pretende, ciertamente, una revisi¨®n del acuerdo pol¨ªtico de 1979, una revisi¨®n escrupulosamente desarrollada conforme a los mecanismos de reforma previstos por la Constituci¨®n. A este respecto, es llamativa la coincidencia del incumplimiento estatutario perpetrado por el Gobierno del Estado con la denuncia ante el Tribunal Constitucional que este mismo Gobierno hace del incumplimiento constitucional achacado al Parlamento del Pa¨ªs Vasco por aprobar la iniciativa Ibarretxe. Har¨¢n falta habilidosas disquisiciones jur¨ªdicas para obviar la repercusi¨®n negativa que la coincidencia de su propio incumplimiento legal pueda tener sobre la legitimidad invocada para denunciar un presunto incumplimiento vasco.

A la vista de la resistencia del Ejecutivo del Estado al cumplimiento de las disposiciones del Estatuto catal¨¢n, cabe preguntarse qu¨¦ viabilidad pol¨ªtica hubiera tenido una reforma legal acotada a la financiaci¨®n y a la delegaci¨®n unilateral de algunas competencias. Y en el improbable caso de que hubiera conseguido una magnitud apreciable, podemos interrogarnos sobre qu¨¦ acatamiento efectivo hubiera obtenido de quienes estaban obligados a ejecutarlas cuando la solemnidad y el rango del Estatuto ha recibido de ellos el tratamiento displicente de que ha sido objeto.

El hecho es que lo que estaba y est¨¢ hoy en juego no era ni es una cuesti¨®n de t¨¢ctica legislativa. Lo que estaba y est¨¢ en juego es la capacidad del sistema pol¨ªtico espa?ol para el cambio pac¨ªfico, un cambio necesario para ajustar peri¨®dicamente sus reglas de juego a las transformaciones de las realidades sociales y de las aspiraciones colectivas que estas realidades suscitan. El debate del momento -como ha se?alado de forma sobria y contundente el presidente de la Generalitat- no es un episodio menor. Pone a prueba la capacidad del sistema democr¨¢tico espa?ol para ir acompasando realidades pol¨ªticas y normas legales, incluidas las de mayor rango.

Es lo que intuyeron quienes -desde el principio- apostaron por la reforma estatutaria ante el escepticismo de unos o la resistencia de otros. Entend¨ªan la reforma no como panacea de efectos taumat¨²rgicos, sino como recurso adecuado para un doble objetivo: resaltar sin tapujos la trascendencia del reto que la democracia espa?ola deb¨ªa asumir y armarse a la vez con el m¨¢s potente instrumento pol¨ªtico-constitucional disponible para afrontar las previsibles resistencias. De ah¨ª la conveniencia de intentar una doble reivindicaci¨®n del Estatuto, de su contenido y de la iniciativa que lo propici¨®. Porque el car¨¢cter superior de la norma estatutaria refuerza ahora la reclamaci¨®n del cumplimiento de sus previsiones y pone en evidencia las contradicciones de quienes se resisten a acatarla. Est¨¢ por ver todav¨ªa cu¨¢l ser¨¢ el desenlace del intento. Cuesta menos aventurar que -sea cual fuere dicho desenlace- las relaciones entre Catalu?a y el sistema pol¨ªtico espa?ol iniciar¨¢n un curso diferente al que se defini¨® hace 30 a?os.

Josep M. Vall¨¨s es catedr¨¢tico de Ciencia Pol¨ªtica de la Universidad Aut¨®noma de Barcelona