Presi¨®n para echar a los alcaldes de ANV
La CEOE y el PP reclaman al Gobierno que disuelva los ayuntamientos proetarras - El PSOE considera una deslealtad que la oposici¨®n tome la iniciativa en solitario
En la foto hubo unidad. El Congreso de nuevo sirvi¨® de marco para que las fuerzas pol¨ªticas, empresariales y sindicales condenaran sin paliativos el asesinato del empresario Ignacio Uria Mendizabal con un comunicado de repulsa total a ETA y ensalzamiento de los valores democr¨¢ticos. Pero por dentro, entre bambalinas, algunas costuras de la unidad antiterrorista se descosieron. Eso s¨ª, muy lejos a¨²n de la guerra abierta de la legislatura pasada.
Pero las alarmas se dispararon en el Grupo Socialista cuando, cinco minutos antes de que empezara la reuni¨®n, Federico Trillo llam¨® a Alfredo P¨¦rez Rubalcaba y le anunci¨® que el Grupo Popular iba a presentar en el Congreso y en el Senado sendas proposiciones no de ley con la exigencia al Gobierno de que disuelva los ayuntamientos gobernados por ANV. Sin entrar de momento en el fondo del asunto, los socialistas dirigieron en privado al PP el reproche de "desleales" por presentar iniciativas sobre el terrorismo de forma unilateral. Dentro de la reuni¨®n, el presidente de la patronal, Gerardo D¨ªaz Ferr¨¢n, pidi¨® "la expulsi¨®n" de los concejales de ANV, y aunque se consider¨® inadecuado, no se le quiso dar trascendencia.
El Congreso tendr¨¢ que votar de nuevo iniciativas sobre terrorismo
La representaci¨®n sali¨® bien. A las once de la ma?ana, la reuni¨®n empez¨® y en poco menos de treinta minutos el nutrido grupo compareci¨® en un sal¨®n del Congreso. El representante del grupo mayoritario, el socialista Jos¨¦ Antonio Alonso, ley¨® el comunicado, rodeado de todos los participantes en la reuni¨®n, incluida la secretaria de Organizaci¨®n del PSOE, Leire Paj¨ªn, a quien se la vio conversando con D¨ªaz Ferr¨¢n. La dirigente socialista comprendi¨® las palabras del presidente de la patronal, al estar especialmente conmovido por el asesinado de un empresario, se?alan en fuentes socialistas.
Pero lo cierto es que la mayor¨ªa s¨ª se sorprendi¨®. D¨ªaz Ferr¨¢n pidi¨® una "reflexi¨®n" a los partidos para "expulsar a ANV de los ayuntamientos". "Es un partido ilegalizado, que yo sepa", asegur¨®, seg¨²n varios asistentes.
Despu¨¦s de un gran silencio muy tenso, seg¨²n la mayor¨ªa, la diputada de UPyD, Rosa D¨ªez, comparti¨® el discurso del presidente de la patronal. De nuevo, silencio, roto por la voz de la dirigente del PP Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa. "Lo que pensamos ya lo ha expresado el presidente de mi partido esta ma?ana", se?al¨®. En efecto, Rajoy hab¨ªa pedido la disoluci¨®n de los ayuntamientos. Ante estas intervenciones, el portavoz socialista quiso zanjar la cuesti¨®n con el argumento de que la reuni¨®n era para condenar el atentado. "Este no es lugar ni momento para hablar de esos asuntos", aseguran que dijo Alonso. Pero el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, quiso precisar al presidente de la patronal que el "objetivo de aislar a ETA", ¨¦l lo defend¨ªa radicalmente, pero D¨ªaz Ferr¨¢n deb¨ªa saber que un concejal no puede ser expulsado por mucho que su partido haya sido ilegalizado. Los representantes de los partidos nacionalistas no tomaron la palabra, pero fuera de la reuni¨®n s¨ª comentaron su disgusto con la actitud del PP.
En efecto, cinco minutos despu¨¦s de terminar la reuni¨®n unitaria, se registraban en el Senado -de donde surgi¨® la iniciativa, y donde los populares est¨¢n muy cerca de la mayor¨ªa- y en el Congreso las propuestas para instar al Gobierno a que utilice el art¨ªculo 61 de la Ley de Bases de R¨¦gimen Local, que hasta ahora s¨®lo se ha aplicado en el gobierno municipal de Marbella, para disolver los 42 ayuntamientos, la mayor¨ªa de pueblos min¨²sculos, gobernados por ANV.
Los populares reclaman, adem¨¢s, que el dinero del fondo de los 8.000 millones que corresponda a estos municipios lo gestionen las diputaciones forales, para evitar que ANV lo controle.
Este mecanismo de presi¨®n al Gobierno para que inicie un proceso tiene una gran complejidad jur¨ªdica. Para disolver, la ley habla de decisiones de las corporaciones, y no s¨®lo de los alcaldes, que es lo que pas¨® en Azpeitia y, adem¨¢s, de faltas reiteradas y graves que supongan apoyo al terrorismo.
La iniciativa fue decidida de forma unilateral por el PP, que s¨®lo se lo comunic¨® al Gobierno cuando ya era inminente. Hasta ahora, y desde que empez¨® la legislatura PSOE y PP recuperaron la unidad antiterrorista, todas las medidas que ata?en al asunto central del combate pol¨ªtico en la anterior legislatura hab¨ªan sido pactadas y presentadas de forma conjunta. Estas iniciativas obligar¨¢n a todos los grupos a que se pronuncien y que se vote. Rosa D¨ªez tambi¨¦n propondr¨¢ la disoluci¨®n de los ayuntamientos de ANV. La divisi¨®n es casi segura porque, en principio, el PNV se inclina por reanudar la presentaci¨®n de mociones en esos ayuntamientos.
Los representantes de PNV, CiU, BNG, ICV, CC, Na-Bai y UPN no tomaron la palabra. Tampoco entraron en pol¨¦mica CEPYME, CC OO, UGT y USO. Todos salieron a las doce en punto con el presidente de la C¨¢mara baja, Jos¨¦ Bono, y los miembros de la Mesa, a las escalinatas del Congreso para rendir homenaje a Ignacio Uria. Tambi¨¦n en se?al de duelo, ma?ana no habr¨¢ c¨®ctel en los actos del 30? aniversario de la Constituci¨®n.
La compleja disoluci¨®n de las alcald¨ªas
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del R¨¦gimen Local. As¨ª qued¨® el art¨ªculo 61 tras la reforma acordada por PP y PSOE en 2003:
1. El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad aut¨®noma correspondiente o a solicitud de ¨¦ste y,
en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podr¨¢ proceder, mediante Real Decreto, a la disoluci¨®n de los ¨®rganos de las corporaciones locales en el supuesto
de gesti¨®n gravemente da?osa para los intereses generales
que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales.
2. Se considerar¨¢n, en todo caso, decisiones gravemente da?osas para los intereses generales en los t¨¦rminos
previstos en el apartado anterior, los acuerdos o actuaciones de los ¨®rganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o t¨¢cito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecuci¨®n, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las v¨ªctimas o a sus familiares.
- Informe de la Abogac¨ªa del Estado (octubre 2008). Se pronuncia sobre la posibilidad de disolver ayuntamientos gobernados por ANV tras la ilegalizaci¨®n de este partido:
La sentencia de ilegalizaci¨®n de ANV s¨®lo considera probadas, en el ¨¢mbito municipal, la creaci¨®n de sendas comisiones de "presos y represaliados" en los ayuntamientos de Elorrio (Vizcaya) y Hernani (Guip¨²zcoa), as¨ª como la intervenci¨®n
de la alcaldesa de Hernani en un mitin en el que pidi¨® un aplauso para los dos etarras acusados del atentado en el aparcamiento de la T-4 de Barajas. Estos dos casos declarados probados por la sentencia de la Sala Especial del 61 son actuaciones il¨ªcitas incuestionables, pero insuficientes por s¨ª mismas para fundamentar la disoluci¨®n de los citados ayuntamientos, en aplicaci¨®n de la Ley de Bases de R¨¦gimen Local, que requiere que el apoyo al terrorismo sea "grave" y "reiterado".
- ANV se ha negado a condenar los atentados mortales de ETA cometidos este a?o en dos municipios donde gobierna: Mondrag¨®n y Azpeitia.
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