Los 'lobbies' de las viviendas ilegales

Construyeron sin permiso, pagaron por sus casas mucho menos que por una vivienda habitual, e infringieron la ley. Pero ahora piden m¨¢s. En torno a las barriadas ilegales surgidas en Andaluc¨ªa al amparo del descontrol urban¨ªstico se han creado grupos de presi¨®n: vecinos que han unido sus fuerzas para convencer a las administraciones de que pasen por alto los delitos que cometieron, y para rebajar el coste que deben afrontar por la regularizaci¨®n de sus casas. El coordinador de fiscales de Medio Ambiente de Andaluc¨ªa, ?ngel N¨²?ez, ha puesto su mirada sobre ellos. Alerta sobre el poder de estos lobbies cuyas demandan no pueden -o no quieren- ignorar los gobiernos municipales.

"No somos ilegales". Las federaciones vecinales de Chiclana (C¨¢diz), que protegen los derechos de los propietarios de las casas que desde hace dos d¨¦cadas comenzaron a construirse sin control en este municipio -hoy hay 15.000-, se agarran a la legislaci¨®n urban¨ªstica. "Construimos sin licencia, pero la mayor¨ªa de viviendas tienen m¨¢s de cuatro a?os. Son intocables", argumenta Rafael Ortiz, uno de sus portavoces.

Los alcaldes llegan a reconocer que los derribos provocar¨ªan conflictos sociales

La Junta legalizar¨¢ El Palmar a cambio de que no se construya m¨¢s

El 95% de las 5.000 casas ilegales del Almanzora ser¨¢ regularizada

Una de las primeras reuniones del reci¨¦n nombrado alcalde Jos¨¦ Mar¨ªa Rom¨¢n (PSOE) ha sido con este colectivo, y ya les ha anunciado que rebajar¨¢ las ordenanzas municipales redactadas por el anterior gobierno local, que preve¨ªa el pago de entre 20 y 36 euros por metro cuadrado para alcantarillado, suministro de luz o abastecimiento de agua.

La presi¨®n llega en otros municipios por la v¨ªa de la movilizaci¨®n. Vecinos de El Puerto y Chipiona han hecho frente com¨²n para denunciar el "impacto social" que genera la pol¨ªtica de sanciones contra construcciones ilegales y han convocado una manifestaci¨®n para el d¨ªa 16. En Chipiona, con unos 300 expedientes de demolici¨®n, el propio alcalde, el socialista Manuel Garc¨ªa, lleg¨® a reconocer en una carta a la Junta de Andaluc¨ªa que el derribo podr¨ªa provocar un "conflicto social", informa Pedro Espinosa.

En El Puerto, el Ayuntamiento (PP) ha creado una mesa sectorial sobre viviendas ilegales -unas 500- dentro del equipo redactor del plan de ordenaci¨®n urbana, lo que para los ecologistas significa hacer depender el desarrollo de la ciudad de estas construcciones ilegales, informa F. J. Rom¨¢n. Pero ¨¦stos no son los ¨²nicos casos en la provincia gaditana.

En Vejer, la Consejer¨ªa de Vivienda y Ordenaci¨®n del Territorio va a respetar las viviendas de El Palmar, levantadas sobre suelo no urbanizable, a cambio de que los vecinos ejerzan de controladores y no permitan que se levanten nuevas construcciones.

La urbanizaci¨®n ilegal de Las Pitas se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para las administraciones p¨²blicas en C¨®rdoba y sus vecinos no dejan de manifestarse y presionar a la Junta de Andaluc¨ªa y al Ayuntamiento cordob¨¦s en busca de una regularizaci¨®n de su situaci¨®n, informa M. J. Albert.

Levantada en las inmediaciones del yacimiento arqueol¨®gico de Medina Azahara, el suelo donde se encuentra la urbanizaci¨®n Las Pitas fue declarado Bien de Inter¨¦s Cultural en 2003. Ello ha provocado el procesamiento de seis familias que realizaron obras con posterioridad a 2006, fecha en el que las autoridades empezaron a tomar cartas en el asunto.

A los juicios, los vecinos han respondido con una verdadera campa?a de presi¨®n, protagonizada por manifestaciones por las calles de C¨®rdoba, cortes de carreteras, concentraciones en las puertas de la Audiencia de C¨®rdoba y marchas a pie hasta el yacimiento arqueol¨®gico. Junta y Ayuntamiento se han reunido con los vecinos para explicarles el contenido del nuevo decreto que declara la expropiaci¨®n de algunas parcelas sin edificar en Medina Azahara. Los propietarios de Las Pitas siguen moviliz¨¢ndose junto a vecinos de otras urbanizaciones de la zona, como La Gorgoja II o C¨®rdoba La Vieja.

La comunidad brit¨¢nica que habita en el Valle del Almanzora, en la provincia de Almer¨ªa, ha unido sus fuerzas bajo el colectivo AUAN (Abusos Urban¨ªsticos Almanzora No) mediante el cual han reivindicado que se lleve a cabo un plan por parte de la Administraci¨®n para legalizar las 5.000 viviendas que se encuentran fuera de ordenaci¨®n en la comarca. El colectivo brit¨¢nico vivi¨® con desasosiego el derribo de una vivienda en Vera, propiedad de una familia extranjera, as¨ª como la operaci¨®n policial denominada Costurero que imput¨® a concejales y al alcalde de Zurgena por presuntos delitos urban¨ªsticos. La comunidad inglesa ha criticado con dureza el "tard¨ªo" funcionamiento de la Justicia contra estos casos.

La visita de una delegaci¨®n de parlamentarios europeos en 2007 que quisieron ver in situ la situaci¨®n vivida por las familias brit¨¢nicas tambi¨¦n tuvo su efecto meses despu¨¦s para que la Junta intentara resolver la situaci¨®n. Los brit¨¢nicos escribieron incluso una carta al rey Juan Carlos en la que explicaban al monarca el problema de los residentes, la mayor¨ªa jubilados.

Fue en septiembre pasado cuando la Junta anunci¨® que las viviendas construidas sobre suelo no urbanizable en ocho municipios del Valle del Almanzora -sobre las que pesa expediente de disciplina urban¨ªstica o procesos penales y contencioso-administrativos- tendr¨¢n prioridad en un plan de actuaci¨®n para dar "soluci¨®n" al problema. El delegado de Vivienda, Luis Caparr¨®s, aventur¨® que las primeras estimaciones apuntan a que s¨®lo un 5% de las viviendas quedar¨ªan "fuera de ordenaci¨®n" pese a ocupar dominio p¨²blico o suelo de especial protecci¨®n.