El cannabis pelea por un espacio legal

Nada m¨¢s pisar la asociaci¨®n Pannagh te golpea el aroma empalagoso de la marihuana. En un armario se guardan bajo llave varias cajas que contienen diversas variedades: Critical Mass, White Widow, Medicine Man, New York Diesel, Aka 47. Al margen de ese detalle, el local es como el de todas las asociaciones: muebles viejos, folletos, algunos p¨®sters y libros, en este caso sobre los efectos del cannabis, sus or¨ªgenes...

La sede de Pannagh (cannabis en s¨¢nscrito) est¨¢ en el centro de Bilbao. Hoy es jueves, d¨ªa de reparto entre los socios. A las 18.00, empiezan a llegar. El primero es Miguel ?ngel, con sida y un reciente trasplante de h¨ªgado. Despu¨¦s aparece Javier, sin dolencia espec¨ªfica, consumidor porque s¨ª. Y Unai, que fuma porros porque le gusta. Y Bego?a, que viene a recoger lo que consume su marido, gravemente enfermo de c¨¢ncer... Ser socio cuesta 25 euros al a?o. Luego pagan el gramo a cuatro euros (alrededor de la mitad de lo que cuesta en el mercado negro). Unos se llevan una bolsita con cinco gramos. Otros, con 10. Como m¨¢ximo pueden disponer de 40 gramos al mes.

"Evitas el mercado negro y te aseguras de que el material es de calidad"

Un juez devolvi¨® a un club la cosecha de estupefacientes requisada

Pese a las sentencias no hay seguridad jur¨ªdica. La tenencia es un il¨ªcito civil

Un experto alerta de que se extiende la idea de que el porro es de bajo riesgo

"Entre los socios hay funcionarios, comerciales, muchos enfermos... En total, somos unos 150 socios activos", explica Mart¨ªn Barriuso, presidente de Pannagh. Barriuso -43 a?os, delgado, activo-, habla por el m¨®vil sin parar, por eso lleva un pinganillo en la oreja. Adem¨¢s de ser el responsable de Pannagh, es el presidente de la Federaci¨®n de Asociaciones Cann¨¢bicas (FAC; www.fac.cc), que a su vez forma parte de La Coalici¨®n Europea por Pol¨ªticas de Drogas Justas y Eficaces (ENCOD; www.encod.org). Barriuso es un militante de la causa procannabis, a la que lleva vinculado m¨¢s de 15 a?os. La primera vez que hablamos me colg¨® el m¨®vil apresuradamente. Unos guardias civiles le sorprendieron fum¨¢ndose un porro. Barriuso es el administrativo de Pannagh. ?l cultiva, cosecha, reparte, da la cara, habla con los socios... "Siempre tuve claro que alg¨²n d¨ªa me dar¨ªa de alta en la Seguridad Social cultivando marihuana", dice satisfecho.

En Espa?a, m¨¢s de 2,2 millones de personas fuman marihuana o hach¨ªs al menos una vez al mes (encuesta domiciliaria 2007- 2008 del Plan Nacional Sobre Drogas). Algunos cultivan, otros tiran de amigos, muchos tienen camello y una minor¨ªa est¨¢n asociados en organizaciones de usuarios o clubes de consumidores. Clubes como La MACA (Movimiento Asociativo Cann¨¢bico de Autoconsumo), de Barcelona, con 125 socios -Jos¨¦ y Nora se encargan de su cultivo colectivo y est¨¢n dados de alta en la Seguridad Social como administrativos agr¨®nomos-, o Arsecse, de Sevilla, con unos 50 socios activos. En total, hay una docena de clubes repartidos por Espa?a, m¨¢s al menos cuatro en proyecto (uno en M¨¢laga, otro en C¨¢diz y dos en Madrid). Barriuso explica los beneficios de pertenecer a uno de estos clubes: "Evitas el mercado negro y te aseguras de que el cannabis es de calidad".

Si la marihuana es una sustancia ilegal, si a la gente le ponen multas a diario por fumar porros, ?c¨®mo se explica que existan estos clubes? ?Son legales? Y sobre todo, ?para qu¨¦ existen?

Para explicar estas dudas hay que sumergirse en una compleja mara?a de leyes e interpretaciones de las mismas. Y acudir a los or¨ªgenes de estos clubes, all¨¢ a principios de los noventa. En junio de 1991, un grupo de amigos inscribi¨® en Barcelona la Asociaci¨®n Ram¨®n Santos de Estudios del Cannabis (ARSEC; eligieron el nombre en homenaje a un amigo fallecido). En 1993, tras analizar un gran n¨²mero de sentencias aplicadas a casos relacionados con el consumo de cannabis (el C¨®digo Penal proh¨ªbe su venta, posesi¨®n y consumo en lugares p¨²blicos, pero no su consumo privado ni tampoco -como de hecho sucede en muchas senten-cias- el compartido), ARSEC le pregunt¨® al fiscal antidroga de Catalu?a si ser¨ªa delito que cultivasen marihuana para cubrir su consumo personal. El fiscal se vio incapaz de pronunciarse sin hechos concretos y los 100 socios de ARSEC decidieron llevar a cabo la propuesta: plantaron 200 plantas de marihuana en una finca de Tarragona e informaron de ello al fiscal, a los Mossos d'Esquadra y a los medios de comunicaci¨®n. Meses m¨¢s tarde un coche de la Guardia Civil se top¨® con la plantaci¨®n y la requis¨®.

El caso lleg¨® a los tribunales. En una primera sentencia, la Audiencia Provincial de Tarragona absolvi¨® a los cuatro responsables del cultivo. Pero la fiscal¨ªa recurri¨®. En 1997 el Supremo conden¨® a cada uno a cuatro meses de c¨¢rcel y una multa de 3.000 euros por un "delito abstracto". "El cultivo de plantas que producen materia prima para el tr¨¢fico de drogas es un acto caracter¨ªsticamente peligroso para la salud p¨²blica, no obstante, que en el caso no se haya llegado a producir un peligro concreto", reza la sentencia. Que significa algo as¨ª como: aunque de momento no hab¨ªa sucedido, ?qui¨¦n nos asegura que no se iba a acabar traficando con esta marihuana?

Paralelamente a la experiencia de ARSEC sucedieron dos cosas. Por un lado, en Bilbao un grupo de personas decidi¨® emular su experiencia. Crearon la asociaci¨®n Kalamudia (origen de Pannagh), plantaron marihuana y avisaron a los medios de comunicaci¨®n. El caso lleg¨® al juzgado de Bilbao, que concluy¨® que no hab¨ªa indicio de delito, y meses m¨¢s tarde Kalamudia recogi¨® su primera cosecha ante los periodistas.

M¨¢s o menos por esas fechas, la Junta de Andaluc¨ªa, advertida de los posibles efectos beneficiosos del cannabis en determinadas patolog¨ªas, empez¨® a plantearse la posibilidad de crear en los centros de asistencia una sala donde los enfermos pudieran consumirla de forma legal y encarg¨® un estudio al respecto a dos profesores de Derecho Penal de la Universidad de M¨¢laga, Juan Mu?oz S¨¢nchez y Susana Soto Navarro.

Tras estudiar el asunto, Mu?oz y Soto elaboraron un informe -El uso terap¨¦utico del cannabis y la creaci¨®n de establecimientos para su adquisici¨®n y consumo- que elabora una serie de condiciones legales que la Junta nunca lleg¨® a aplicar, pero que hoy sirven de referente a los clubes de consumidores. Estas condiciones son: 1. Que el cannabis se distribuya en un local de acceso restringido s¨®lo a un grupo determinado de adictos o consumidores habituales mayores de edad. 2. Que sea un lugar cerrado que no permita el acceso a terceras personas. 3. Que se trate de unas cantidades de droga que no rebasen el l¨ªmite de un consumo inmediato. 4. Que no se obtenga un beneficio econ¨®mico.

?Significa esto que siguiendo estas normas la legalidad est¨¢ asegurada? No, ni mucho menos. "Esto no es algo que diga una ley, es una interpretaci¨®n que como tal puede variar", explica el propio Mu?oz. "De hecho hay sentencias que difieren de esta doctrina. No hay seguridad jur¨ªdica. Adem¨¢s, hay que recordar que seg¨²n el C¨®digo Civil toda tenencia de cannabis es il¨ªcita. El estudio se hizo partiendo de la realidad de que la droga existe y de que lo mejor es que se reduzcan una serie de da?os. Los consumidores habituales de marihuana van a seguir consumiendo, y estos clubes entre otras cosas evitan el peligro de acudir a otros contextos donde van a encontrar drogas m¨¢s duras".

Diego de las Casas es el abogado de dos clubes de consumidores que se est¨¢n formando en Madrid. "Hay que llevar una contabilidad estricta, tener un jardinero en n¨®mina... La idea es, ya que vas a hacerlo, hazlo lo mejor posible. Se trata de facilitar que la Administraci¨®n pueda hacer la vista gorda. Pero nadie te asegura nada. Esto es una guerra de guerrillas".

"Los consumidores est¨¢n buscando la forma de obtener sustancias de calidad y cumpliendo en la medida de lo posible la legalidad", dice Xavier Arana Berastegi, profesor del Instituto Vasco de Criminolog¨ªa (dependiente de la Universidad del Pa¨ªs Vasco), que lleva a?os realizando estudios sobre la jurisdicci¨®n aplicada a las drogas. "Ah¨ª hay un camino por recorrer en el que no todo el mundo est¨¢ de acuerdo porque creen que incita al consumo. Hoy por hoy, seg¨²n a qui¨¦n le llegue un caso de este tipo lo considerar¨¢ legal o no. Su inseguridad jur¨ªdica es total". Como dice Arana, el d¨ªa a d¨ªa de estos clubes es complicada. El miedo a que les requisen el cultivo siempre est¨¢ ah¨ª, aunque aseguran que temen m¨¢s a los ladrones. Algunos incluso han optado por dotar a su cultivo de una alarma conectada con la polic¨ªa.

A pesar de su inseguridad, recientemente la ley ha dictado dos sentencias a favor de socios de estos clubes. La primera es de 2006: Barriuso y otros dos miembros de Pannagh fueron detenidos mientras cosechaban la marihuana de la asociaci¨®n. Estuvieron tres d¨ªas en prisi¨®n y se les requis¨® el cultivo. Meses m¨¢s tarde, la Audiencia de Vizcaya resolvi¨® que no hab¨ªa delito -"se trata de una modalidad de consumo entre adictos en el que se descarta la posibilidad de transmisi¨®n a terceras personas (...)"- y archiv¨® la causa. En mayo de 2007, sin recurso de la fiscal¨ªa, se orden¨® la devoluci¨®n de las plantas incautadas. Y as¨ª fue. La polic¨ªa tuvo que devolver la marihuana, un total de 17 kilos que llegaron podridos. Aunque es inservible, Barriuso no se ha deshecho de la mercanc¨ªa. Las cajas est¨¢n apiladas en una esquina del local. Su trofeo.

La segunda sentencia es de 2006. El Juzgado de lo Penal n¨²mero 3 de Huelva absolvi¨® a un miembro de Arsecse (la Asociaci¨®n Ram¨®n Santos de Estudios del Cannabis de Sevilla) que hab¨ªa sido denunciado por un vecino: ten¨ªa 24 plantas de marihuana en un invernadero de su finca. El juez consider¨® probado que el cannabis era para su consumo personal y el de otros asociados.

Con estos precedentes, Barriuso cree que los clubes pod¨ªan haber proliferado m¨¢s: "La gente no quiere l¨ªos; resulta m¨¢s f¨¢cil plantar a tu aire que montar una asociaci¨®n". ?l cree firmemente que constituyen una alternativa factible, aunque reconoce "que hay que arriesgarse".

De momento no hay grandes voces en contra, ni alerta social. "El problema sanitario asociado al consumo de esta droga no es esta gente, sino los adolescentes que fuman porros a diario", concede Amador Calafat, psiquiatra y director de la revista Adicciones. "Lo que me preocupa es que el movimiento procannabis con su reivindicaci¨®n propicia que haya gente que tenga una baja percepci¨®n del riesgo del consumo de estas sustancias".

Contactada por este peri¨®dico, la Fiscal¨ªa Antidroga del Estado rechaz¨® opinar sobre este tema ("la fiscal¨ªa s¨®lo se pronuncia sobre procedimientos concretos"), pero una fuente interna alert¨®: si se les sanciona o no depender¨¢ del caso y del juez.

Preguntado al respecto, una fuente del Plan Nacional sobre Drogas, coment¨®: "En nuestro pa¨ªs el consumo de cannabis en el ¨¢mbito privado no est¨¢ penalizado. Tampoco lo est¨¢ el cultivo para consumo propio. Si estas asociaciones se limitan a esto, su actividad no tiene ninguna trascendencia penal. S¨®lo cuando se hace publicidad de este consumo o cuando se promueve, es cuando pueden cometer un delito contra la salud p¨²blica, seg¨²n el C¨®digo Penal. Pero son los tribunales quienes tienen que decidirlo".