Dos modelos ante la fase final de ETA

Pocos saben que el Gobierno, nada m¨¢s romper ETA la ¨²ltima tregua en junio de 2007, alej¨® a los presos del n¨²cleo duro de la banda de las prisiones en que estaban a la de El Puerto de Santa Mar¨ªa (C¨¢diz). Este Ejecutivo, como los anteriores, no ha renunciado a hacer pol¨ªtica penitenciaria, situ¨¢ndola en el contexto de la lucha antiterrorista. En esa l¨ªnea, ha ido trasladando en las ¨²ltimas semanas a c¨¢rceles pr¨®ximas al Pa¨ªs Vasco -a Zuera (Zaragoza) y Villabona (Asturias)- a los ex dirigentes de ETA que expresaron su rechazo p¨²blico, por carta, a la actual orientaci¨®n de la banda. Con esta actuaci¨®n, conocida desde hace semanas en el Pa¨ªs Vasco, el Gobierno pretende facilitar la respuesta cr¨ªtica hacia la actual direcci¨®n de la banda del colectivo m¨¢s influyente de su entorno y en el que le consta que existe un gran malestar hacia dicha direcci¨®n, tras la ruptura de la tregua.

Desde hace tiempo existe una batalla en las c¨¢rceles porque tanto el Gobierno como ETA saben que los presos son el sector m¨¢s vulnerable de la banda por el malestar existente en sus filas y por las emociones que acarrea en la izquierda abertzale. Ante el malestar y la p¨¦rdida de control de sus presos, la direcci¨®n de ETA decidi¨®, hace unos meses, eliminar la figura del jefe del colectivo de presos en cada prisi¨®n y dejar en exclusiva la del comisario pol¨ªtico de la banda. En este contexto se han producido reacciones como la de ayer, en la que un centenar de ex presos acusan el golpe que provoca la pol¨ªtica penitenciaria del Gobierno.

Las medidas penitenciarias las hab¨ªa explicado el ministro del Interior, Alfredo P¨¦rez Rubalcaba, al diputado del PP, Federico Trillo, su interlocutor desde que en julio Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero y Mariano Rajoy recompusieron el pacto antiterrorista. El pacto fue el resultado de una doble coincidencia: el Gobierno, tras la ruptura de la tregua, en junio de 2007, bas¨® su pol¨ªtica antiterrorista en la represi¨®n contra ETA, y, paralelamente, Rajoy concluy¨®, tras su derrota electoral, que el uso del terrorismo como arma de desgaste de un gobierno no da frutos.

Las cr¨ªticas a las medidas penitenciarias del presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que atribuy¨® al Gobierno una nueva negociaci¨®n con ETA, han dejado en entredicho la autoridad de Trillo y de Rajoy.

La sinton¨ªa contra ETA empez¨® a cambiar d¨ªas antes, cuando Trillo anunci¨® a Rubalcaba la decisi¨®n del PP de exigir al Gobierno, sin acuerdo previo, la disoluci¨®n de los 42 ayuntamientos d¨®nde gobierna ANV, tras el asesinato del empresario Ignacio Ur¨ªa, a sabiendas de las dificultades legales que comporta. Este conflicto que ha suscitado el PP contra el Gobierno es resultado de sus tensiones internas. Rajoy, cuestionado por su principal rival, Esperanza Aguirre, y con el trasfondo de la presi¨®n que ejerce Rosa D¨ªez, desde UPyD, se ve obligado a una huida hacia adelante contra el Ejecutivo.

Pero tambi¨¦n se apuntan discrepancias entre el Gobierno y el PP sobre el modo de actuar en la fase terminal de ETA. Mientras el PP todo lo f¨ªa a las medidas legales, policiales y judiciales, el Gobierno busca, adem¨¢s, un espacio para la movilizaci¨®n pol¨ªtica y social, como elemento decisivo para deslegitimar a ETA y que nada tiene que ver con la negociaci¨®n. La pol¨¦mica sobre la disoluci¨®n de los ayuntamientos de ANV es un buen ejemplo de ese distinto modo de actuar.

El Gobierno considera como opci¨®n m¨¢s deseable que sean los partidos -en el caso de Azpeitia, el PNV y EA- los que se impliquen en la expulsi¨®n de ANV de los municipios d¨®nde gobiernan. Y s¨®lo all¨ª donde es imposible por disponer ANV de mayor¨ªa absoluta -son 24 peque?os municipios-, ha optado por buscar pruebas legales que sirvan para expulsarlos, apelando a la Ley de R¨¦gimen Local.