El veneno ha matado en 15 a?os a 7.000 animales protegidos

Por cada ¨¢guila imperial que se halla muerta por ingesti¨®n de veneno, puede haber hasta nueve ejemplares que caen por la misma causa y que no se detectan. Lo saben en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, porque es una de las conclusiones del grupo de trabajo de Ecotoxicolog¨ªa, que salen a la luz a partir de la pol¨¦mica por la muerte de un lince ib¨¦rico y un quebrantahuesos envenenados en Andaluc¨ªa. Como el ¨¢guila imperial, estos dos animales est¨¢n en peligro de extinci¨®n.

A pesar de que la colocaci¨®n de cebos envenenados es una pr¨¢ctica prohibida desde hace casi 20 a?os por las leyes de conservaci¨®n de la naturaleza nacionales y auton¨®micas, y tipificada como delito por el C¨®digo Penal, el informe revela que cerca de 7.000 ejemplares de especies incluidas en el Cat¨¢logo Nacional de Especies Amenazadas han perecido en 15 a?os bajo los efectos de la ponzo?a colocada en el campo. Esos cebos han acabado con otros tantos animales de especies no amenazadas (lobos, zorros), entre ellos 3.000 perros asilvestrados. "Son cifras parciales y representan una m¨ªnima cantidad de las bajas que ocasiona", aclara Mauro Hern¨¢ndez, director del Laboratorio Forense de Vida Silvestre y autor del informe. En general, los animales detectados suponen entre un 5% y un 15% de los que caen.

Falsear datos

Las causas de este porcentaje tan bajo se deben a la ocultaci¨®n o falseamiento de datos por los responsables de la fechor¨ªa e incluso por parte de las administraciones competentes; tampoco es f¨¢cil adivinar d¨®nde estaba el cebo, porque la muerte retardada puede dejar el cad¨¢ver lejos del veneno. Adem¨¢s, la debilidad del animal tras ingerirlo puede ocasionarle una muerte casual, bajo las ruedas de un coche, ahogados o tras un choque con un tendido el¨¦ctrico.

"Todos los a?os entran en nuestro laboratorio al menos 800 ejemplares afectados por veneno, y estamos hablando de lo que ingresa en un solo centro, porque hay otros cinco como este en Espa?a", a?ade Mauro Hern¨¢ndez, que sostiene, con cierta rabia, que "se ha generalizado el uso del veneno para resolver cualquier conflicto".

La gran mayor¨ªa de los casos est¨¢n vinculados a la caza, porque se suelen colocar cebos emponzo?ados para acabar con los predadores de especies de caza menor. Sin embargo, recientemente, el dedo acusador tambi¨¦n se dirige hacia los ganaderos. Seg¨²n los expertos, entre el 60% y el 70% de los casos se achaca al sector cineg¨¦tico, y entre el 15% y el 20%, al ganadero. Las muertes, en las ¨²ltimas semanas, de un lince en la sierra de And¨²jar (Ja¨¦n) y de un quebrantahuesos en la sierra de Castril (Granada) confirman la creciente participaci¨®n de este ¨²ltimo sector, adem¨¢s de demostrar una nula selecci¨®n del m¨¦todo usado, con el que acaban cayendo especies para las que no est¨¢ destinado.

En el caso del lince ib¨¦rico, se ha confirmado oficialmente que tanto su cuerpo como las vi?as cercanas a un gallinero por donde merodeaba el felino presentaban restos de un potente veneno (aldicarb), utilizado antiguamente como plaguicida, pero cuyo uso qued¨® prohibido por su toxicidad. ??igo Fajardo, coordinador del Programa Regional del Quebrantahuesos en Andaluc¨ªa, ha seguido muy de cerca el caso del ejemplar de esta especie muerto en la sierra de Castril y sostiene que "todo confirma que se trata de un envenenamiento relacionado con la ganader¨ªa".

El problema llega a Andaluc¨ªa, aunque las ¨¢reas con lobos y osos de la mitad norte peninsular son las m¨¢s conflictivas respecto a la convivencia entre fauna salvaje y ganader¨ªa extensiva. Jos¨¦ Manuel Soto, responsable de Medio Ambiente de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Castilla y Le¨®n, vive en un ecosistema lobero por excelencia, la zamorana sierra de La Culebra. "No hay que criminalizar al sector en general, es cierto que se usa en casos muy extremos y hasta por personas que ni siquiera son ganaderos ni cazadores. Adem¨¢s, desde COAG llevamos a?os aleccionando a nuestros asociados que nunca se debe actuar por cuenta propia ante cualquier conflicto con la fauna salvaje y que se debe hacer a trav¨¦s de la administraci¨®n y del Seprona".

La Real Federaci¨®n Espa?ola de Caza muestra un compromiso similar y respalda una iniciativa oficial en ciernes por la que se crear¨ªa la figura del especialista en controlador de predadores.

El mes pasado, una pareja de cazadores fue sentenciada a dos a?os de c¨¢rcel por colocar venenos en un coto de caza de Ciutadilla (L¨¦rida). Catalu?a, y en especial L¨¦rida, encabeza la lista de comunidades con sentencias penales. Ello se debe a las patrullas especiales de protecci¨®n de animales de la Direcci¨®n General del Medio Natural de la Generalitat.

La Fundaci¨®n para la Conservaci¨®n del Buitre Negro, una de las ONG m¨¢s activas en la persecuci¨®n de estos delitos (dispone de un tel¨¦fono para comunicar casos de envenenamiento: 900 713 182), se person¨® como acusaci¨®n particular. Juan Jos¨¦ S¨¢nchez, su director, confirma que "la publicaci¨®n de los casos judiciales y el cierre cautelar de cotos son las causas de que se haya reducido el problema en algunos lugares, porque hay numerosas presiones para que se levante el cierre cautelar de un coto en el que se encontr¨® veneno".

El informe de Ecotoxicolog¨ªa detalla que, all¨ª donde aparecen y se persiguen m¨¢s casos de envenenamiento, no son necesariamente las comunidades donde peor se aplica la estrategia contra el uso de cebos envenenados, herramienta oficial aprobada en 2004 y que deben desarrollar los gobiernos auton¨®micos.

Catalu?a, Castilla y Le¨®n, Castilla-La Mancha y Andaluc¨ªa son las m¨¢s eficaces, algunas con equipos de investigaci¨®n y rastreo que incluso pueden evitar que alg¨²n animal envenenado acabe en el puchero.