Nos veremos las caras en el juzgado

El a?o pasado ingresaron en los juzgados y tribunales de Espa?a 8.343.688 asuntos de todo tipo, una media diaria de 22.859. La cifra no para de aumentar -hace una d¨¦cada fueron 6.081.675- y refleja que los espa?oles pleitean, en vez de llegar a un acuerdo sobre sus desavenencias, y que resuelva un juez. La alternativa de la mediaci¨®n como f¨®rmula de resolver conflictos tiene una aplicaci¨®n simb¨®lica. Tanto, que ni siquiera existe una legislaci¨®n que la regule para evitar los pleitos civiles, mercantiles, de familia e incluso en delitos menores en el ¨¢mbito penal.

El Consejo General del Poder Judicial anunci¨® hace unos d¨ªas su deseo de crear un servicio de mediaci¨®n entre empresas y acreedores para acabar con el colapso de los juzgados mercantiles. Es la primera iniciativa decidida en ese aspecto porque la ¨²ltima vez que se requiri¨® al Gobierno para legislar sobre mediaci¨®n fue en la reforma del C¨®digo Civil de 2005 y qued¨® en papel mojado. Por el contrario, 10 comunidades aut¨®nomas han legislado sobre esta materia desde 2001. La primera fue Catalu?a y la ¨²ltima, el Pa¨ªs Vasco.

"En Espa?a hemos puesto al juez en el centro de todos nuestros conflictos. Se ha asimilado la justicia a los jueces y no es as¨ª. Deber¨ªa ser la ¨²ltima soluci¨®n y aplicarse s¨®lo si fallan otras f¨®rmulas, como la mediaci¨®n, el arbitraje o la conciliaci¨®n", explica Lorenzo Prats, catedr¨¢tico de Derecho Civil de la Universidad Aut¨®noma de Barcelona.

Experiencia piloto

Las leyes elaboradas en los ¨²ltimos a?os nunca han favorecido la mediaci¨®n, a diferencia de lo que ocurre en otros pa¨ªses. En Francia, por ejemplo, la mediaci¨®n es obligatoria en los procesos de separaci¨®n. En Espa?a es voluntaria y queda a criterio del juez. En 2006, seis juzgados de familia iniciaron una experiencia piloto para enviar a mediaci¨®n a las parejas separadas. La estad¨ªstica demuestra que el 70% de las que acuden acaban con acuerdo, explica Isabel Tom¨¢s, titular del Juzgado de Primera Instancia 18 de Barcelona.

"En ocasiones la mediaci¨®n sirve para que la pareja mejore unas maltrechas relaciones, que no es poco", a?ade Margarita P¨¦rez-Salazar, del Juzgado de Primera Instancia 3 de Pamplona. Pr¨¢cticamente nadie cuestiona los efectos beneficiosos de la mediaci¨®n, pero pese a ello, es la propia ley la que, en ocasiones, impide el acuerdo entre las partes. Ocurre con el art¨ªculo 44.5 de la Ley contra la Violencia de G¨¦nero, en la que se proh¨ªbe expresamente la mediaci¨®n, por lo que el proceso penal no se puede detener una vez iniciado.

En cuestiones de familia existe una tendencia cada vez m¨¢s extendida entre los jueces de optar por esa v¨ªa, hasta el punto de que tres de aquellos magistrados pioneros han redactado un protocolo sobre c¨®mo actuar. "En muchas ocasiones, tras la sentencia de divorcio empieza el verdadero pleito en familia por las desavenencias continuas", explica Emiliano Mart¨ªn, jefe del departamento de familia del Ayuntamiento de Madrid.

"Los poderes p¨²blicos deben ofrecer alternativas para evitar la judicializaci¨®n y poner medios para ello", explica Prats, que recuerda el ejemplo del Centro de Mediaci¨®n Familiar de Catalu?a. En 2005 recibi¨® 495 solicitudes de mediaci¨®n, y en lo que va de este a?o ya han sido 1.754, de las que 728 han sido derivadas por los jueces.

En la ciudad de Madrid, los centros municipales de apoyo a la familia, de los que depende el servicio de mediaci¨®n, han atendido este a?o 525 peticiones de mediaci¨®n, 200 de ellas derivadas por los jueces. En todo el a?o 2007 fueron 565.

"Hay que estar en un juzgado de familia para ver hasta qu¨¦ punto puede litigar una pareja despu¨¦s de separarse", explica P¨¦rez-Salazar. A su juzgado han llegado pleitos muy dispares por disputas de progenitores para decidir si un ni?o ten¨ªa que hacer la primera comuni¨®n y qu¨¦ traje deb¨ªa vestir o si cuando el padre vaya a buscarlo es ¨¦l quien ha de subir a la vivienda o ha de bajar el hijo.

La magistrada de Barcelona Isabel Tom¨¢s corrobora la singularidad de algunas peticiones y recuerda la de unos padres que pleitearon sobre si su hija adolescente pod¨ªa colocarse o no un piercing. "Son cuestiones que afectan a la patria potestad y, como no hay acuerdo, debe resolver el juez", explica. El caso acab¨® en mediaci¨®n.