El autor de los 'papeles de Guant¨¢namo' atribuye la decisi¨®n al Gobierno de Aznar

La autorizaci¨®n concedida a Estados Unidos el 11 de enero de 2002 para que pudieran hacer escala en Espa?a los aviones militares que trasladaban detenidos desde Afganist¨¢n a la base de Guant¨¢namo fue fruto de "una decisi¨®n pol¨ªtica" que se adopt¨® "en las instancias pol¨ªticas" del Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar. As¨ª lo declar¨® ayer ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga presuntos delitos de secuestro y tortura en los vuelos de la CIA, Miguel Aguirre de C¨¢rcer, director general de Pol¨ªtica Exterior para Am¨¦rica del Norte en aquella ¨¦poca y autor del informe "muy secreto" que daba cuenta de la petici¨®n de la Embajada de EE UU en Madrid. Durante algo m¨¢s de una hora, el diplom¨¢tico respondi¨®, como testigo, a las preguntas del fiscal y los abogados de las acusaciones populares, as¨ª como del propio juez.

Lo primero que hizo fue ratificar la autenticidad de los documentos publicados por EL PA?S los pasados 30 de noviembre y 1 de diciembre y asegurar, como hizo la semana pasada en el Congreso el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel ?ngel Moratinos, que la petici¨®n de EE UU fue contestada afirmativamente y que no le constaba que se hubiera producido ninguna escala al amparo de esta autorizaci¨®n.

?Por qu¨¦ pidi¨® permiso el Pent¨¢gono para que sus aviones pudieran aterrizar en Espa?a en caso de emergencia si, en tal supuesto, cualquier aeronave puede hacerlo sin m¨¢s que comunicarlo a las autoridades locales de aviaci¨®n?, se le pregunt¨®. "La explicaci¨®n se encuentra en el art¨ªculo 25.2 del Convenio de Defensa entre Espa?a y EE UU", dijo Aguirre de C¨¢rcer.

Dicho art¨ªculo exige una autorizaci¨®n especial para los aviones que transporten "pasajeros o carga que pudieran ser controvertidos para Espa?a". De la invocaci¨®n de este art¨ªculo se deduce que tanto el Pent¨¢gono como el Gobierno del PP eran conscientes de que los prisioneros destinados a Guant¨¢namo eran "pasajeros controvertidos para Espa?a", a pesar de que se haya dicho que en esa ¨¦poca no se ten¨ªa conciencia del car¨¢cter ilegal de estos traslados.

De hecho, todo lo que rode¨® este asunto fue especial. Seg¨²n explic¨® el testigo, la solicitud no se present¨® en el Comit¨¦ Permanente Hispano-Americano, a trav¨¦s del cual se tramitan las peticiones de uso de las bases, sino que se llev¨® "a nivel diplom¨¢tico". Y ello porque, en palabras de Aguirre de C¨¢rcer, no era un tema "de car¨¢cter t¨¦cnico militar" sino de "car¨¢cter pol¨ªtico".

Pese a lo delicado de la demanda, o quiz¨¢ por ello, EE UU no la present¨® por escrito, sino que "la petici¨®n fue oral, lo que es habitual en ocasiones". Respecto a la respuesta, el diplom¨¢tico no recuerda c¨®mo se traslad¨® a la Embajada de EE UU o si lo hizo ¨¦l mismo, pero tampoco "era imprescindible que hubiera documentaci¨®n", aclara.

Por tanto, el ¨²nico rastro que qued¨® fue el informe que redact¨® el propio Aguirre de C¨¢rcer, del que "entreg¨® en mano una copia al secretario de Estado de Asuntos Exteriores [Miquel Nadal] para que lo despachara con el ministro" y remiti¨® otra al secretario general de Pol¨ªtica de Defensa, Javier Jim¨¦nez-Ugarte, colaborador de Trillo.

El diplom¨¢tico no sabe qui¨¦n tom¨® la decisi¨®n. S¨ª sabe que, por su trascendencia, "compete al ministro" y que, al d¨ªa siguiente, habl¨® con Nadal y ¨¦ste le coment¨® "que se iba a contestar afirmativamente" a EE UU.

Aunque trat¨® el asunto con Nadal, Jim¨¦nez-Ugarte y Ram¨®n Gil Casares, director del Gabinete de Internacional y Seguridad de Aznar, "porque el tema involucraba a dos ministerios, Defensa y Asuntos Exteriores", Aguirre de C¨¢rcer subraya que se limitaron a "recomendar que se contestara afirmativamente", ya que la decisi¨®n "no le compet¨ªa a ninguno de ellos", sino a los responsables pol¨ªticos.

Lo que s¨ª hizo el diplom¨¢tico fue calificar su informe de "muy secreto". Seg¨²n sostiene, no pretend¨ªa con ello ocultar la colaboraci¨®n espa?ola, sino preservar el secreto del traslado de los presos a Guant¨¢namo. Se equivoca. El traslado era p¨²blico. Lo anunciaba EL PA?S en su primera p¨¢gina del 10 de enero de 2002.