Otra inmigraci¨®n, otra ley
La crisis econ¨®mica y su impacto en el mundo inmigrante exige un nuevo marco normativo
El Gobierno ha dado luz verde a un anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjer¨ªa que, cualesquiera que sean sus aciertos, eleva de 40 a 60 d¨ªas el periodo legal de retenci¨®n del inmigrante sin papeles en los centros de internamiento. El nuevo periodo queda muy lejos del m¨¢ximo de a?o y medio aprobado en mayo pasado por una directiva europea fuertemente criticada y que constituye, probablemente, la mayor aberraci¨®n jur¨ªdica en que haya incurrido jam¨¢s la Uni¨®n. El Ministerio del Interior sabe mejor que nadie que la complejidad de la repatriaci¨®n pocas veces tiene que ver con el tiempo, sino con el desconocimiento del pa¨ªs de origen del inmigrante. Pero, al menos, pasar de 40 a 60 d¨ªas, especialmente si se complementa con otras garant¨ªas, no supone un retroceso tan brutal y atrabiliario como el autorizado por la Uni¨®n Europea.
El nuevo marco normativo est¨¢ justificado por el fuerte impacto que la crisis econ¨®mica est¨¢ ya produciendo en el mundo de la inmigraci¨®n. La nueva situaci¨®n augura, por una parte, problemas de supervivencia a los inmigrantes residentes en Espa?a y, por otra, un retraimiento de los flujos migratorios, compatible sin embargo con un posible recrudecimiento de la inmigraci¨®n irregular. Y se agravar¨¢ el reto que supone atender a la formaci¨®n y capacitaci¨®n profesional de los cientos de miles de trabajadores inmigrantes en paro y a la integraci¨®n de sus familias, lo que sin duda constituye el mejor ant¨ªdoto contra eventuales brotes xen¨®fobos en el futuro.
En este escenario se enmarca la primera reforma en profundidad -medio centenar de sus 71 art¨ªculos- de la vigente Ley de Extranjer¨ªa impulsada por el Gobierno de Aznar en 2001. Es una reforma necesaria. No s¨®lo por haberse quedado desfasada respecto de las nuevas directivas europeas sobre la materia y por desconocer la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el reconocimiento de derechos al inmigrante irregular, sino por su falta de realismo, que sus patrocinadores intentaron corregir con tres sucesivas y arrebatadas reformas. Pues si fue un ¨¦xito el eslogan que la inspir¨® -"Por una inmigraci¨®n legal y ordenada"-, result¨® un rotundo fracaso su objetivo de erradicar el denominado efecto llamada. Nunca llegaron m¨¢s inmigrantes irregulares a Espa?a que en los a?os posteriores a esa ley.
La reforma que plantea el Gobierno, todav¨ªa en estudio, responde a las nuevas cuestiones de la inmigraci¨®n, pero tendr¨¢ que afinar algunas respuestas. Refuerza las sanciones contra la explotaci¨®n laboral y los matrimonios de conveniencia; facilita el reagrupamiento de c¨®nyuges, incluidas parejas de hecho, e hijos menores, al tiempo que dificulta el de los ascendientes; y reconoce al inmigrante sin papeles derechos -asociaci¨®n, reuni¨®n, manifestaci¨®n y sindicaci¨®n- que el Constitucional se ha hartado de repetir que son consustanciales a la persona, no concesiones administrativas.
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