Fuego cruzado en la Justicia

El enfrentamiento del juez Rafael Tirado con su secretaria, Juana G¨¢lvez, -llegaron a retirarse la palabra- escenifica la gresca que sufre la Justicia. Una pelea que enfrenta con crudeza a los sectores del tercer Poder del Estado, y que esta semana se ha convertido en un todos contra todos: jueces contra Administraci¨®n, funcionarios contra magistrados, Administraci¨®n contra jueces... La batalla ha encrespado los ¨¢nimos y la escalada de desaf¨ªos alerta de un pr¨®ximo colapso en boca de todos. ?Exageraci¨®n? Si contin¨²a el aumento imparable de casos y el recorte de se?alamientos previsto por los jueces, no parece un augurio infundado.

El detonante de la crispaci¨®n actual fue el caso Mari Luz, cuyos errores judiciales pusieron al descubierto el pasado abril la grave descoordinaci¨®n existente, la saturaci¨®n y la falta de personal que padecen la inmensa mayor¨ªa de los juzgados andaluces. Pero detr¨¢s de las negligencias del tr¨¢gico suceso lat¨ªa una situaci¨®n cocinada a fuego lento durante los ¨²ltimos a?os. Y ahora el agua est¨¢ a punto de desbordarse. "No he visto esta desaz¨®n en 20 a?os", confiesa con gesto agrio un magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Los funcionarios s¨®lo deben justificar las ausencias desde el quinto d¨ªa

La convocatoria de huelga que se fragua entre los jueces de todo el pa¨ªs ha sufrido un considerable acicate esta semana en Andaluc¨ªa. Y es que tras la presentaci¨®n de un duro informe del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) que acusaba a la Junta de improvisaci¨®n, pasividad e incapacidad para gestionar la plantilla de los juzgados, la consejera de Justicia, Evangelina Naranjo, replic¨® a¨²n con mayor virulencia contra los jueces. A continuaci¨®n, el juez decano de C¨®rdoba, Luis Rabasa, amenaz¨® con se?alar en 2009 la mitad de juicios que se?ala ahora, y el juez decano de Granada, Antonio Moreno, sigui¨® su estela: "El sistema va a reventar no en dos, sino en un a?o".

El ambiente no pod¨ªa estar m¨¢s caldeado. El pr¨®ximo martes el Consejo General del Poder Judicial decidir¨¢ sobre la sanci¨®n al juez Tirado, aunque la propuesta del instructor no sobrepasa los seis meses de sanci¨®n, muy leve a ojos de la Fiscal¨ªa y el Gobierno, que casi hizo de esta decisi¨®n su casus belli contra los magistrados.

La actual crisis judicial tiene m¨²ltiples ra¨ªces. El informe de los magistrados critica de manera severa el absentismo laboral de los funcionarios y el escaso cumplimiento del horario laboral. Los ordenadores que utilizan tienen instalado un sistema de control horario: el trabajador debe meter sus datos al encenderlo por la ma?ana y apagarlo por la noche. Pero varios jueces coinciden en que los compa?eros se cubren entre ellos. "Los funcionarios hacen turnos en todos los juzgados. Unos vienen por la ma?ana y otros por la tarde. Los primeros encienden todos los ordenadores y los ¨²ltimos los apagan", asegura un magistrado. As¨ª, oficialmente, consta que todos cubren el horario completo. Adem¨¢s, los funcionarios no est¨¢n obligados a justificar las ausencias del trabajo hasta el quinto d¨ªa. "Y claro, las escapadas siempre duran tres o cuatro d¨ªas, pero son peri¨®dicas", comenta un magistrado.

Los problemas se multiplican porque desde 2003, por una reforma legislativa, los funcionarios dependen de la Junta y los jueces y secretarios no tienen potestad disciplinaria sobre ellos. "?C¨®mo diriges a un equipo sobre el que no mandas?", interroga un magistrado. La Junta consultaba anta?o a los jueces antes de conceder comisiones de servicio a los funcionarios. Ahora ya no. "Hasta 2003 ten¨ªamos facultad disciplinaria. Ahora las quejas de jueces y secretarios dan como resultado que los sindicatos te denuncien por acoso laboral. Y va a peor", alerta el juez Conrado Gallardo, presidente del Foro Judicial Independiente. "Mientras, hasta ahora la actitud del TSJA ha sido de absoluta adulaci¨®n a la Junta", a?ade.

Los sindicatos se rebelan contra estas acusaciones. "Parad¨®jicamente los funcionarios asumen funciones que no les corresponden, liberando a secretarios y jueces de lo que s¨ª son sus responsabilidades. Somos una v¨ªctima m¨¢s de la nefasta gesti¨®n de la Administraci¨®n", denunciaba en una nota el sindicato CSI-CSIF. Los casos denunciados son numerosos, y ambos sectores coinciden en que falla la inspecci¨®n. El informe del TSJA es tajante al denunciar que el horario de los funcionarios es "abiertamente incumplido en las horas de entrada y salida".Si de algo nadie duda es de que la saturaci¨®n de los juzgados ha mermado la calidad de vida de jueces, secretarios y funcionarios. "La madre del cordero es que la Administraci¨®n quiere cantidad y nosotros calidad. Antes los autos no se motivaban, ahora s¨ª. Yo solo llevo 408 resoluciones este a?o", explica un juez de la Secci¨®n Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla, mientras se?ala las monta?as de papeles que pertenecen a un solo procedimiento. Su compa?ero a?ade: "Mi padre y mis hermanos han sido jueces. Mis hijos no lo ser¨¢n".

La plantilla atribuida a los 617 ¨®rganos judiciales andaluces supone 5.898 funcionarios, pero s¨®lo 4.179 de estos puestos de trabajo estaban ocupados cuando se hizo el estudio (el 70,8%). El resto se cubren con una bolsa de interinos y con personas procedentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) "con nula experiencia y sin preparaci¨®n previa".

El informe del TSJA revela que hay muchos juzgados que funcionan con m¨¢s funcionarios interinos que titulares. Es el caso de la Secci¨®n Tercera de la Audiencia sevillana, donde s¨®lo uno de sus diez funcionarios tiene plaza fija. Lo mismo ocurre en juzgados de pueblos como Alcal¨¢ de Guadaira o en el c¨®mputo total de los funcionarios judiciales que ejercen en Huelva capital: 89 titulares frente a 114.

En la ciudad de Sevilla, este desequilibrio se da hasta en cuatro jurisdicciones: Menores, Mercantil, Violencia sobre la Mujer y Penal. Esta ¨²ltima presenta el peor panorama. En sus 13 juzgados trabajan 71 funcionarios interinos y s¨®lo 33 titulares. Sus trabajadores se quejan del exceso de responsabilidad y carga de trabajo, que ha aumentado en los ¨²ltimos a?os con reformas del C¨®digo penal, que les dan nuevas atribuciones. El caso Mari Luz ha tra¨ªdo tambi¨¦n a estos juzgados el "miedo" ("p¨¢nico", aseguran algunos) y ha impulsado a muchos a pedir un cambio de destino.

"La Junta alega que no hay presupuesto, pero en penal los papeles del menor delito no pueden esperar. Me gustar¨ªa cobrar la peligrosidad que padecemos", afirma una funcionaria.

Aunque el informe del TSJA no lo recoja, tambi¨¦n hay juzgados bajo la direcci¨®n de jueces sustitutos e incluso juzgados sin juez. Los primeros pertenecen a una bolsa de empleo integrada por profesionales que no son jueces de carrera, sino que han pasado un proceso de selecci¨®n y son nombrados por el Consejo General del Poder Judicial. Hay juzgados que funcionan con juez sustituto hace m¨¢s de 15 a?os porque ning¨²n juez de carrera quiere hacerse cargo de ellos.

El perfil de destino del que todos huyen es el de pueblos alejados de las capitales o aquellos (casi siempre en pueblos de tama?o medio) famosos por ser "conflictivos". Y, en los ¨²ltimos a?os, aquellos juzgados de pueblo que adem¨¢s de llevar los asuntos comunes se hacen cargo de los casos de violencia de g¨¦nero. "Esos trabajan los 365 d¨ªas del a?o. No descansan jam¨¢s, siempre hay algo y el estr¨¦s se hace insoportable", explica un juez.

Ante el aluvi¨®n de problemas, la soluci¨®n m¨¢s sencilla es un traslado, pese al perjuicio que sufren las investigaciones. Los casos m¨¢s importantes contra la corrupci¨®n en M¨¢laga encadenan jueces instructores. Mientras que por el caso Hidalgo han pasado cinco instructores, el caso Troya acumula cuatro instructores. Las cr¨ªticas a los jueces arrecian desde los sindicatos y la Administraci¨®n, casi siempre orientadas hacia su corporativismo. En 2007 hubo 1.843 denuncias de abogados y ciudadanos presentadas directamente ante el Servicio de Inspecci¨®n del Poder Judicial. Muy pocas prosperaron. S¨®lo terminaron sancionados 27 jueces, dos de ellos expulsados.

El proyecto de reorganizaci¨®n de los recursos humanos de la Junta estar¨¢ listo en 2010. La pregunta es obvia: ?Puede la Justicia esperar otro a?o a solucionar esta patata caliente?