Revuelta judicial

Al menos 200 jueces de los 4.500 que hay en Espa?a han firmado un manifiesto en el que se muestran dispuestos a ir a la huelga el pr¨®ximo 18 de febrero. De arrastrar a una mayor¨ªa de compa?eros, tarea a la que no pocos se dedican con pasi¨®n en Internet, esta huelga no ser¨ªa una m¨¢s. No se paralizar¨ªa la producci¨®n de una rama industrial, ni tampoco se dejar¨ªa de prestar un servicio esencial para la comunidad, el transporte p¨²blico, por ejemplo; se vulnerar¨ªan directamente derechos fundamentales del ciudadano como la tutela judicial efectiva que corresponde garantizar a los jueces como titulares del poder jurisdiccional del Estado.

Motivos para la protesta siempre puede haberlos. Pero el cauce para darla a conocer no es la huelga, como no lo ser¨ªa en el caso de los integrantes de otro poder o instituci¨®n estatal. Una huelga como la que se propone supone paralizar la actividad del Estado que en el caso de los jueces significa juzgar y ejecutar lo juzgado. No parece que el constituyente pensara en estas instancias al redactar el art¨ªculo 28 de la Constituci¨®n, en el que se reconoce el derecho de huelga a "los trabajadores en defensa de sus intereses". La forma que est¨¢ adoptando la protesta es, adem¨¢s, inquietante. No son las asociaciones profesionales, a las que corresponde encauzar los intereses del colectivo judicial, sino las juntas de jueces, es decir, los ¨®rganos internos de la judicatura, las que est¨¢n detr¨¢s y son cauce de la posible huelga. No se conocen las reivindicaciones concretas. Pero s¨ª un malestar difuso que tiene caracter¨ªsticas de una revuelta antisistema. El juez decano de C¨®rdoba ha llegado a amenazar con reducir a la mitad los juicios; y "?as¨ª esto revienta!", ha a?adido.

No hay m¨¢s motivos para protestar ahora que en ¨¦pocas en las que la justicia era el pariente pobre de los Presupuestos. En la legislatura 1996-2000 los recursos judiciales fueron sacrificados al objetivo del d¨¦ficit cero sin la protesta de nadie. ?Por qu¨¦ ahora? Habr¨ªa un precedente en la amenaza de huelga al Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez hace dos d¨¦cadas. Los jueces tienen raz¨®n si tratan de sensibilizar a la opini¨®n p¨²blica sobre la situaci¨®n de la justicia. No la tienen si amenazan y quieren una huelga, un derecho muy discutible en su caso y que ser¨ªa salvaje por la ausencia de servicios m¨ªnimos. El Consejo Judicial y el Gobierno deben ver la manera de evitar el desastre.