Corporativismo y populismo
La deliberaci¨®n es un componente esencial de la pol¨ªtica democr¨¢tica, dif¨ªcilmente compatible con la exaltaci¨®n y con los estados emocionales de la opini¨®n p¨²blica. En este pa¨ªs hay una tendencia creciente a actuar a golpe de acontecimiento, que es lo m¨¢s contrario al razonamiento democr¨¢tico. Hay un crimen execrable, inmediatamente el Gobierno o la oposici¨®n propone endurecer el C¨®digo Penal; hay una decisi¨®n judicial que no gusta, siempre aparece alguien para exigir que se cambien las leyes. Por este camino, acontecimiento tras acontecimiento, Espa?a se va convirtiendo en un pa¨ªs altamente represivo, con un crecimiento imparable de la poblaci¨®n penitenciaria.
El Consejo General del Poder Judicial castiga como falta leve una negligencia del juez Tirado que la opini¨®n p¨²blica considera merecedora de la calificaci¨®n de grave. Bajo el empuje del impacto emocional del asesinato de la ni?a Mari Luz, cometido por el beneficiario de la negligencia judicial, la decisi¨®n del gobierno de los jueces ha servido para dar visibilidad a algunos de los vicios de la democracia espa?ola.
La decisi¨®n del gobierno de los jueces ha hecho visibles algunos de los vicios de la democracia espa?ola
En primer lugar, la dificultad de legitimarse, es decir, de adquirir aureola de autoridad y responsabilidad, que tienen algunas instituciones clave del sistema espa?ol. El caso Mari Luz era el estreno de un Consejo del Poder Judicial que naci¨® incorporando todos los estigmas de la politizaci¨®n partidista, pero que en sus primeras manifestaciones parec¨ªa asumir que no se pod¨ªa seguir por la v¨ªa del traslado de la confrontaci¨®n pol¨ªtica al seno de las instituciones judiciales. La sanci¨®n al juez Tirado ha dividido el voto en dos frentes: los jueces y los dem¨¢s (abogados y fiscales). Otra vez la sospecha de parcialidad: ayer la pol¨ªtica, hoy el corporativismo.
En segundo lugar, el oportunismo populista de la pol¨ªtica espa?ola. Apenas conocida la decisi¨®n, el ministro de Justicia anuncia que va a cambiar la ley. La calificaci¨®n de falta grave est¨¢ prevista en la legislaci¨®n, han sido los miembros del consejo los que han considerado que la falta era leve. ?Culpa de la ley o culpa de los jueces? Si es la ley la que ha fallado, no acusen de corporativismo a los jueces. Y si la ley estaba bien, ?por qu¨¦ cambiarla?
En tercer lugar, la tendencia pol¨ªtico-medi¨¢tica a crear tornados en la opini¨®n p¨²blica a partir de determinados acontecimientos. Yo tambi¨¦n pienso que los jueces han sido impropiamente condescendientes con su colega. Pero ello no impide situar las cosas en sus justos t¨¦rminos. Hay en Espa?a 1.700.000 ejecuciones retrasadas. La del juez Tirado era una de ¨¦stas. Por probabilidad estad¨ªstica seguro que hay m¨¢s de un retraso que afecta a personas capaces de reincidencia grave. Y, sin embargo, hasta que uno de estos delincuentes cometa alg¨²n crimen nadie se acordar¨¢ de estos casos. El juez Tirado es culpable de una negligencia en la transmisi¨®n de una sentencia. Pero no del asesinato de Mari Luz. En vez de anunciar reformas legislativas, quiz¨¢s ser¨ªa m¨¢s eficaz que el ministro Bermejo hiciera lo que est¨¦ de su mano para que las sentencias pendientes se tramiten. Y que el Consejo tomar¨¢ decisiones en todos aquellos casos en que hubiera negligencia manifiesta, en vez de esperar que una nueva tragedia vuelva a calentar los ¨¢nimos y a sacar el debate fuera del clima necesario para la deliberaci¨®n democr¨¢tica.
Hay problemas reales en la justicia que hacen que los ciudadanos no reciban un servicio con la calidad exigible. Hay deficiencias objetivas e intereses corporativistas, como en todas partes. En una carrera, la judicial, en que los conservadores son mayor¨ªa no es extra?o que la confrontaci¨®n se intensifique con un Gobierno socialista en el poder. En Espa?a se ha optado por un sistema en que la independencia del poder judicial no se ci?e s¨®lo al ¨¢mbito de la jurisdicci¨®n, que culmina en el Tribunal Supremo. Parte de la gesti¨®n de la justicia recae en manos de los jueces, a trav¨¦s del Consejo General del Poder Judicial, unido por la c¨²spide con el Supremo. Lo cual es, a menudo, un factor de confusi¨®n y merecer¨ªa una reflexi¨®n sin presiones ni urgencias.
Pero, por encima de todo, los distintos rebotes del caso Mari Luz me parecen s¨ªntomas de algo muy preocupante: la conversi¨®n de nuestra democracia en una democracia corporativa -en que los gremios y las grandes compa?¨ªas pesan de modo determinante sobre la pol¨ªtica- y populista -que es la huida hacia delante de los gobernantes ante el poder corporativo. En este pa¨ªs todav¨ªa es necesario repetir que en una democracia representativa los estados emocionales de la ciudadan¨ªa no pueden condicionar las leyes. Si se siguiera este camino no tardar¨ªamos en ser uno de los Estados m¨¢s represivos.
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