La memoria como pol¨ªtica p¨²blica

Los Gobiernos que han desarrollado pol¨ªticas p¨²blicas de memoria -pero tambi¨¦n buena parte de instituciones y movimientos memoriales- han promovido un modelo can¨®nico fundado y sostenido en un principio imperativo, el deber de memoria, el imperativo de memoria. Un modelo del cual derivan al menos dos consecuencias. Primera, el establecimiento de un relato transmisible ¨²nico, impermeable en su l¨®gica interna, cartesiano, que el ciudadano tiene el supuesto deber moral de saber y transmitir de manera id¨¦ntica a como lo ha recibido, una forma de transmisi¨®n propia de cualquier confesi¨®n religiosa.

La segunda consecuencia de ese imperativo moral consiste en establecer el da?o y sufrimiento generados en el individuo como el activo esencial de la memoria transmisible, su capital y su gui¨®n. Sin embargo, el dolor, el sufrimiento, no es un valor, es una experiencia. El dolor causado por el terror de Estado forma parte de la experiencia hist¨®rica de los procesos de democratizaci¨®n, y debe ser conocido por la vulneraci¨®n que significa de los derechos a las personas. Pero situar el dolor generado por el terror de Estado y las dictaduras en el centro de una pol¨ªtica p¨²blica de memoria conlleva un corolario preocupante: la constituci¨®n del sufrimiento en un principio de autoridad sustitutivo de la raz¨®n. ?Deber¨ªamos llamarlo biologismo memorial?

No se puede convertir el sufrimiento en un principio de autoridad que sustituya a la raz¨®n

El da?o causado por una dictadura que hizo de la violencia su primer valor es irreparable

Adem¨¢s, resulta un magn¨ªfico instrumento de pacificaci¨®n para los conflictos entre memorias, puesto que situar en el centro del discurso el sujeto v¨ªctima, permite agitar la doctrina de los dos demonios, ahora llamada tambi¨¦n "memoria completa", para finalmente practicar la impunidad equitativa, prescindiendo de toda causalidad hist¨®rica en una suerte de positivismo del dolor y el da?o. Por poner un ejemplo, eso es lo que instaura el cap¨ªtulo 4 de la Ley de Memoria Hist¨®rica al establecer el certificado de v¨ªctima. El presidente del Gobierno sintetiz¨® maravillosamente bien, en sede parlamentaria, la utilidad de la v¨ªctima: "Recordemos a las v¨ªctimas, permitamos que recuperen los derechos que no han tenido y arrojemos al olvido a aquellos que promovieron esa tragedia en nuestro pa¨ªs". ?Cabe preguntarse de qu¨¦ derechos fueron privados los miembros de la Brigada Pol¨ªtico Social? ?Tendr¨¢ Melit¨®n Manzanas su certificado? Al fin y al cabo fue asesinado por poner en pr¨¢ctica sus ideas.

Considerar la memoria como un deber moral, o considerar el olvido como un imperativo pol¨ªtico y civil -como a menudo se nos repite imp¨²dicamente hasta el cansancio- genera un elemento de coerci¨®n, pero sobre todo crea un dilema al plantear la opci¨®n entre olvido y recuerdo: ?Es preciso recordar, o es preciso olvidar?

Lo preocupante de ese dilema es que reduce la cuesti¨®n a una opci¨®n estrictamente individual, y en consecuencia exime de responsabilidad a la Administraci¨®n, porque la decisi¨®n -de olvidar, o de recordar, no importa- queda reducida a la m¨¢s estricta intimidad por lo que no puede haber actuaci¨®n p¨²blica, tan s¨®lo inhibici¨®n. En conclusi¨®n, la mejor pol¨ªtica p¨²blica es la que no existe, una sentencia repetida con arrogancia en los ¨²ltimos a?os, precisamente cuando ha aparecido el reclamo de esa pol¨ªtica.

Ahora bien, el esfuerzo de una parte de la ciudadan¨ªa para conseguir relaciones sociales equitativas y democr¨¢ticas, los valores de esos procesos de democratizaci¨®n, la pr¨¢ctica violenta de las dictaduras y el terror del Estado para impedirlos, constituyen un patrimonio, el patrimonio ¨¦tico de la sociedad democr¨¢tica. El reconocimiento de ese patrimonio y la demanda de transmisi¨®n del mismo instituye la memoria democr¨¢tica, y la constituye en un derecho civil que funda un ¨¢mbito de responsabilidad pol¨ªtica en el Gobierno: garantizar a los ciudadanos el ejercicio de ese derecho con una pol¨ªtica p¨²blica de la memoria, no instaurando una memoria p¨²blica. La primera, la pol¨ªtica p¨²blica, debe ser garantista, proteger un derecho y estimular su ejercicio. La segunda, la memoria p¨²blica, se construye en el debate pol¨ªtico, social y cultural que produce la sociedad en cada coyuntura, y una de las funciones de la pol¨ªtica p¨²blica es garantizar el acceso de la ciudadan¨ªa a la confecci¨®n de la memoria p¨²blica.

Ese derecho civil no est¨¢ circunscrito a la posibilidad de leer libros espl¨¦ndidos escritos por nuestros intelectuales desde distintas ramas del saber, ni se limita al conocimiento hist¨®rico que se introduce a las escuelas, si bien ambos son sin duda necesarios. Lo que requiere es situar en el espacio p¨²blico la presencia y el ejercicio de ese derecho, explicitarlo y regularlo, estableciendo como norma primera que hay una l¨ªnea infranqueable, la que separa democracia y franquismo, democracia y dictadura. Pero ¨¦sa es una frontera que a menudo el Estado democr¨¢tico no ha respetado, creando un modelo de impunidad propio, derivado del particular trayecto cronol¨®gico, del ordenamiento jur¨ªdico procedente de la amnist¨ªa de 1977 y de la evoluci¨®n pol¨ªtica, social y cultural del pa¨ªs, que han vinculado la expresi¨®n impunidad a la negativa del Estado de destruir jur¨ªdica y pol¨ªticamente la vigencia legal de los consejos de guerra y sentencias emitidas por los tribunales especiales de la dictadura, adem¨¢s de establecer el criterio de equiparaci¨®n moral entre sublevados y leales a la Constituci¨®n de 1931, o entre servidores y colaboradores de la dictadura con los opositores a ella. Es as¨ª que el reclamo contra la impunidad en Espa?a observamos que est¨¢ desprovisto de vocaci¨®n o voluntad jur¨ªdica, y s¨ª tiene en cambio un esencial, conflictivo e inc¨®modo contenido ¨¦tico-pol¨ªtico. Una incomodidad que ha impedido la elaboraci¨®n de una pol¨ªtica p¨²blica de reparaci¨®n integral, memorial y social, puesto que en realidad tan s¨®lo se han decretado leyes y ¨®rdenes de beneficios limitados a determinados grupos de afectados, sin m¨¢s objetivo que mostrar la simetr¨ªa justa entre v¨ªctimas con leyes y dispositivos de alta densidad simb¨®lica.

Una pol¨ªtica p¨²blica es la combinaci¨®n de tres elementos: un objetivo, un programa y un instrumento. El objetivo consiste en asumir como patrimonio de la naci¨®n los esfuerzos, valores y conflictos que han hecho posible la democratizaci¨®n de la sociedad y sobre los cuales se sostienen sus expresiones institucionales. El programa son las actuaciones diversas destinadas a preservar, estimular y garantizar la transmisi¨®n de ese patrimonio. El instrumento es la instituci¨®n p¨²blica que tiene el mandato de garantizar los objetivos, crear el programa y desarrollarlo.

Una pol¨ªtica p¨²blica de la memoria democr¨¢tica parte de una afirmaci¨®n emp¨ªrica contrastada: el da?o causado por la dictadura es irreparable. Nada puede reparar lo sucedido en la esfera individual, social o institucional, porque lo sucedido ha dejado marca y se?al por siempre m¨¢s en cualquiera de los niveles de la sociedad. La afirmaci¨®n de irreparabilidad, adem¨¢s de ser un dato emp¨ªrico procedente de distintas disciplinas, constituye un fundamento ¨¦tico, las consecuencias del cual Primo Levi expres¨® con extrema claridad. Y la principal de ellas es que frente a lo irreparable el perd¨®n carece de sentido. No lo tiene ni la demanda de perd¨®n por parte del Estado, ni la concesi¨®n que pueda hacer la sociedad afectada. No hay nada que perdonar ni nada que vengar. El da?o causado por la dictadura de un Estado que hizo de la violencia su primer valor y su pr¨¢ctica permanente, ha tenido unas consecuencias y un legado sencillamente imperdonables, tan s¨®lo puede ser explicado, reconocido y asumido. Y asumir significa establecer una pol¨ªtica p¨²blica de memoria que garantice a los ciudadanos reconocer el patrimonio democr¨¢tico que hist¨®ricamente han generado, y acceder al mismo con garant¨ªas.

Ricard Vinyes es profesor de Historia Contempor¨¢nea en la Universidad de Barcelona. Su ¨²ltimo libro es El da?o y la memoria (Plaza & Jan¨¦s).