El abogado foral en el 'caso Ir¨²n' ces¨® tras negarse a pedir m¨¢s imputaciones
Palacio, contratado por la Diputaci¨®n, estim¨® que no hab¨ªa pruebas suficientes
La decisi¨®n del prestigioso letrado Jos¨¦ Ricardo Palacio de abandonar la causa por el fraude en la Hacienda de Ir¨²n, en la que defend¨ªa a la Diputaci¨®n de Guip¨²zcoa, estuvo motivada exclusivamente por su negativa a solicitar la imputaci¨®n de cuatro personas m¨¢s, como pretend¨ªa a toda costa el Departamento de Hacienda. El titular de esta cartera explic¨® en su d¨ªa que la "renuncia" del abogado se debi¨® a "diferencias en los criterios legales" a la hora de ejercer la acusaci¨®n particular, sin dar mayores precisiones. Sin embargo, Palacio ha reconocido por escrito que su "cese" se produjo por negarse a pedir las nuevas inculpaciones, porque, seg¨²n su criterio profesional, no existen "pruebas suficientes" para sustentarlas.
Presidencia asegur¨® que el letrado se fue "por motivos profesionales"
La Diputaci¨®n busca un nuevo penalista para llevar la acusaci¨®n
En un cuestionario entregado por Palacio en noviembre pasado a requerimiento de las Juntas Generales de Guip¨²zcoa, el letrado afirma categ¨®ricamente que sus desavenencias con el Departamento de Hacienda tienen su origen en la pretensi¨®n del diputado del ramo, Pello Gonz¨¢lez (EA), de ampliar la denuncia por el fraude a cuatro personas m¨¢s. En la actualidad, el principal acusado es el ex director de la oficina de Ir¨²n Jos¨¦ Mar¨ªa Bravo, considerado el presunto cerebro de una trama que habr¨ªa dejado de ingresar 8,1 millones en las arcas forales y se habr¨ªa apropiado il¨ªcitamente de 1,6 millones de cobros a contribuyentes morosos. Tambi¨¦n est¨¢n imputados su esposa, Rosa Cobos, Pilar Gracenea, trabajadora de la oficina de Ir¨²n, y Pedro Mar¨ªa Atristain, socio del primero.
El departamento de Hacienda anunci¨® el pasado 5 de septiembre su intenci¨®n de solicitar la imputaci¨®n de otras personas "tras un exhaustivo an¨¢lisis de toda la informaci¨®n relativa al caso" de la Hacienda de Ir¨²n. As¨ª se recoge en otro cuestionario cumplimentado por el diputado Gonz¨¢lez y al que ha tenido acceso este diario.
Tras un estudio jur¨ªdico, el abogado penalista contratado por la Diputaci¨®n elabor¨® un informe en el que desaconsejaba emprender esta acci¨®n, al considerar que las pruebas contra estas personas eran insuficientes. Pese a ello, el departamento sigui¨® adelante con su iniciativa de poner "toda la informaci¨®n relevante" sobre ellas "en manos del juez".
Palacio reconoce en su escrito que, mientras duraron estos desacuerdos con Hacienda, su "interlocutor t¨¦cnico" fue el diputado Gonz¨¢lez. Esa relaci¨®n se mantuvo "hasta pocos d¨ªas antes de mi cese", explica el abogado, quien a?ade que el ¨²ltimo contacto con ¨¦l fue "una entrevista personal" celebrada el 14 de octubre. Diez d¨ªas despu¨¦s, los medios informativos daban a conocer la noticia de la ruptura de la relaci¨®n contractual entre Palacio y la Diputaci¨®n guipuzcoana. La Hacienda se ocup¨® entonces de insistir en que se trataba de una "renuncia" del letrado tras producirse "desajustes de criterio".
La diputada de Presidencia, Edurne Ega?a, compareci¨® en las Juntas el pasado 28 de octubre para explicar lo ocurrido. Se limit¨® a manifestar que Palacio abandon¨® el procedimiento por "motivos profesionales". No dio m¨¢s explicaciones, aunque quiso destacar que la labor desempe?ada hasta entonces por Palacio hab¨ªa sido "buen¨ªsima y excelente".
El diputado Gonz¨¢lez no fue tan elogioso con el reputado penalista vizca¨ªno. En su escrito entregado a las Juntas el pasado 12 de noviembre, el titular de Hacienda evit¨® pronunciarse sobre el trabajo desarrollado por Palacio: "Desde mi posici¨®n competencial, creo que ni debo ni, adem¨¢s, quiero entrar a valorar la profesional del anterior letrado".
Al d¨ªa siguiente de conocerse la noticia del abandono de Palacio, por medio de sus servicios jur¨ªdicos, la Diputaci¨®n hizo entrega en el Juzgado n¨²mero 2 de Ir¨²n, encargado de instruir este caso, la documentaci¨®n para imputar a cuatro personas m¨¢s. La Fiscal¨ªa s¨®lo vio indicios de posible delito en una de ellas, Juan Pardo, el inmediato superior de Jos¨¦ Mar¨ªa Bravo en Hacienda cuando se produjo la malversaci¨®n econ¨®mica. El juez a¨²n no se ha decidido si le cita como acusado.
Entretanto, la acusaci¨®n particular que ejerce la Diputaci¨®n en esta causa ha quedado, de forma transitoria, en manos de los servicios jur¨ªdicos forales. El Departamento de Presidencia, contin¨²a tratando de encontrar un sustituto a Palacio. Al parecer, est¨¢ elaborando una lista de abogados para que el Departamento de Hacienda pueda elegir el que m¨¢s le convenza.
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