"Deben respetar al Constitucional"

Nueve de ellos son catedr¨¢ticos o profesores universitarios de Derecho. Otros cuatro son magistrados del Supremo. Tres son jueces en sus comunidades aut¨®nomas. Dos son letrados de parlamentos aut¨®nomos. Otros dos son abogados Uno ejerce en la Audiencia Nacional. Otro, ex presidente del Supremo, est¨¢ en su casa sin nada que hacer. En total son 23 personas, entre las que est¨¢n algunos de los m¨¢s prestigios juristas de Espa?a. Esperan una llamada. Aquella en la que Jos¨¦ Antonio Alonso o Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa les digan de una vez si van a estar en el Tribunal Constitucional los pr¨®ximos nueve a?os.

Pero el PSOE y el PP hace meses que ni siquiera se sientan ya a hablar del asunto. El PP ha tratado de imponer que en el grupo de cuatro magistrados que le toca elegir al Senado est¨¦n Francisco Jos¨¦ Hernando y Enrique L¨®pez, ex presidente y ex portavoz del Poder Judicial, que lideraron la pasada legislatura la ofensiva judicial contra el Gobierno socialista. Adem¨¢s, se han pronunciado p¨²blicamente sobre varios asuntos clave que tiene que resolver el Constitucional, por lo que debilitar¨ªan al tribunal si formaran parte del mismo durante esas deliberaciones. El PSOE, que propuso 16 candidatos por su parte para negociar, ha dicho que no traga con Hernando y L¨®pez. El PP no cede y la renovaci¨®n, pendiente desde diciembre de 2007, ya ha batido todos los r¨¦cords de incumplimiento. El nuevo proceso de elecci¨®n, aparte de involucrar a los parlamentos aut¨®nomos, ha permitido que por primera vez se conozcan los candidatos antes de que se llegue a un acuerdo sobre los nombres definitivos. Sus nombres est¨¢n en el Senado desde octubre en un limbo burocr¨¢tico, esperando a que PP y PSOE cumplan con su obligaci¨®n constitucional y elijan a cuatro de ellos. Algunos de estos juristas han accedido a contar a EL PA?S sus impresiones sobre la inc¨®moda situaci¨®n en la est¨¢n atrapados.

"El Senado debe convocarnos para aplicar de un modo puro la ley"

"Los partidos deben poner la instituci¨®n por encima de sus intereses pol¨ªticos"

Los candidatos coinciden en que la situaci¨®n debe de ser mucho m¨¢s inc¨®moda para los cuatro magistrados que est¨¢n interinos en sus puestos desde hace m¨¢s de un a?o, una situaci¨®n sin precedentes. "Las cosas que en pol¨ªtica parecen dificil¨ªsimas, luego se arreglan al d¨ªa siguiente con un pacto", dice voluntarioso Ignacio Espinosa Casares. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, fue propuesto por el PSOE y votado en el parlamento riojano junto con Enrique L¨®pez, el ex portavoz del Poder Judicial. "Yo cre¨ªa que esto iba a ser algo r¨¢pido", confiesa Espinosa "Yo, como soy juez, estoy muy acostumbrado a ver que no se cumplen los plazos", bromea.

Aunque los candidatos, por razones obvias, se manifiestan con extrema prudencia sobre la bronca pol¨ªtica, no dudan en pedir una soluci¨®n r¨¢pida. "Me gustar¨ªa que no se alargara indefinidamente", dice Carmen Catal¨¢n, abogada de Izquierda Unida en C¨¢diz propuesta por el Parlamento de Andaluc¨ªa. Manuel Pulido, letrado del parlamento de Navarra propuesto por la asamblea foral, indica que la pr¨®rroga de los magistrados cesantes no puede ser por un periodo "incierto y sin fecha, porque violenta la letra y el esp¨ªritu de la Constituci¨®n y de la Ley org¨¢nica del Tribunal". La Constituci¨®n dice claramente que el mandato de un magistrado es de nueve a?os y exige que sea por acuerdo de tres quintos de las c¨¢maras, lo que hace imprescindible que se pongan de acuerdo PP y PSOE, los ¨²nicos partidos que alcanzan juntos esa mayor¨ªa.

"Sin embargo", apunta ?scar Gonz¨¢lez, "al exigirse una mayor¨ªa cualificada, sin duda el constituyente era consciente de que eso exigir¨ªa una negociaci¨®n entre los grandes partidos y que en algunas ocasiones se sobrepasar¨ªan los plazos establecidos". Pedro Gonz¨¢lez, magistrado de la Sala de lo Contencioso del Supremo y propuesto por el Parlamento de Canarias, no exculpa a los partidos: "Ahora bien, la lealtad democr¨¢tica que debe presidir toda actuaci¨®n pol¨ªtica exige de los partidos buscar f¨®rmulas de consenso para la m¨¢s pronta renovaci¨®n". Se suma a esta cr¨ªtica Luis Mart¨ªn Rebollo, catedr¨¢tico de Derecho Administrativo de la Universidad de Cantabria y propuesto por el Parlamento c¨¢ntabro. Afirma que el bloqueo s¨®lo le produce desaz¨®n "como ciudadano". Y desde ese punto de vista, Mart¨ªn dice que "los ciudadanos deber¨ªamos poder exigirles a los partidos cierta dosis de generosidad en la b¨²squeda de grandes acuerdos, cierta lealtad institucional tambi¨¦n al abordar estos temas. Porque se trata de las paredes del edificio, no de su decoraci¨®n".

?ngel Juanes, magistrado de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo y candidato del Parlamento de Extremadura, pide a los partidos que "pongan las instituciones por encima de sus intereses pol¨ªticos" y establezcan la cultura de respetar siempre los plazos legales para las renovaciones que requieran acuerdos parlamentarios. Tambi¨¦n Luis Ortega, catedr¨¢tico de La Universidad de Castilla-La Mancha y propuesto por el Parlamento de esa comunidad, pide un acuerdo para que se respeten siempre esos plazos.

En septiembre se puso en marcha el proceso de nombramiento de los magistrados del Constitucional con la petici¨®n por parte del Senado a las comunidades de candidatos para elegir entre ellos. Pero algo se torci¨®. Mientras el PSOE y los nacionalistas propusieron en total 21 candidatos distintos de todas las regiones (Asturias y Baleares declinaron participar), el PP s¨®lo propuso a Hernando y L¨®pez en todas ellas. Impon¨ªa as¨ª dos nombres, innegociables, para los cuatro puestos.

"Creo que en el origen de la situaci¨®n actual hay cosas que ignoramos", opina Jes¨²s Delgado Echeverr¨ªa, catedr¨¢tico de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza y candidato de las Cortes de Arag¨®n. Ignoramos "qu¨¦ se acord¨®, suponiendo que se acordara algo, y c¨®mo se quiere interpretar luego", contin¨²a Delgado. En cuanto a la estrategia del PP en los nombramientos para imponer a Hernando y L¨®pez, "puede ser legalmente irreprochable", dice Delgado. "Pol¨ªticamente, los ciudadanos lo juzgar¨¢n".

Otra advertencia a los partidos es que la situaci¨®n afecta incluso al prestigio de los que ser¨¢n nombrados. En palabras de Nemesio Barxa: "Si la disputa se plantea entre los partidos, no parece que el fondo de la cuesti¨®n sea elegir al m¨¢s adecuado e independiente sino al m¨¢s cercano a los postulados partidarios. Por lo tanto, los partidos deber¨ªan salir con toda urgencia de este impasse, que en nada beneficia a la opini¨®n que los ciudadanos tienen de la Justicia". Barxa, abogado y candidato por el Parlamento de Galicia, reclama "honestidad". Ning¨²n reproche se puede encontrar hacia el nuevo sistema que da voz a las comunidades en los nombramientos. "Es positivo porque obliga a poner el foco sobre eventuales candidatos id¨®neos procedentes de las distintas comunidades aut¨®nomas, hace que haya que mirar a otros lugares fuera de Madrid", opina Adela As¨²a Batarrita, catedr¨¢tica de Derecho Penal de la Universidad del Pa¨ªs Vasco y candidata por el Parlamento Vasco.

"El sistema es una apertura hist¨®rica a las comunidades aut¨®nomas", coincide Jos¨¦ Luis Aurtenetxe, letrado del Parlamento Vasco y tambi¨¦n candidato de esa C¨¢mara. "No me parece incongruente con la estructura del Estado y ha sido avalado por el propio Constitucional. Lo que procede es aplicarlo sin m¨¢s". "No me hubiera prestado a un cambalache", resume Jos¨¦ Francisco Cobo S¨¢enz, presidente de la Secci¨®n 2? de la Audiencia de Navarra y candidato del Parlamento Foral. "Creo en la legitimidad y en las reglas honestas del juego". Cobo es muy duro con la actitud de los partidos y la decisi¨®n del Senado de congelar todo el proceso hasta que no haya un acuerdo. En teor¨ªa, tras recibir las candidaturas deb¨ªa haberse convocado la Comisi¨®n de Nombramientos de la C¨¢mara alta. Esta, tras o¨ªr a los 23 candidatos, debe elaborar una propuesta de cuatro para que se vote. Ante las nulas posibilidades de acuerdo, el presidente del Senado decidi¨® en octubre paralizar el proceso.

Para el magistrado Cobo S¨¢enz "es evidente que habr¨ªa que convocar la Comisi¨®n de Nombramientos". "Es impensable que no nos convocaran. Ser¨ªa una absoluta defraudaci¨®n del sistema. Yo tengo que explicar al Senado por qu¨¦ creo que re¨²no los requisitos y por eso acept¨¦ la propuesta que me hicieron". Cobo habla probablemente por todos los dem¨¢s cuando dice: "Yo he puesto en la aceptaci¨®n de mi designaci¨®n algo de mi vida y de mi dignidad profesional. Acept¨¦ la propuesta por responsabilidad y compromiso personal en el servicio a los ciudadanos, y esa misma responsabilidad la espero de quien promueve este sistema de nombramiento". En lo que suena como una advertencia al PSOE, Cobo dice que para resolver la situaci¨®n "s¨®lo hay que aplicar de un modo puro la ley". Que se re¨²na la Comisi¨®n y que decida de entre los 23 candidatos "de acuerdo con la legalidad", y adem¨¢s, "sobre los nombres que ya est¨¢n encima de la mesa, incluidos mis dos compa?eros Hernando y L¨®pez". Cobo est¨¢ advirtiendo contra la posibilidad de que los partidos busquen candidatos alternativos a los de las comunidades, algo que permite la ley. "Este proceso en este momento es irreversible", opina. "Y nosotros, todos los candidatos designados por los parlamentos, tenemos una expectativa m¨¢s que leg¨ªtima. M¨¢s a¨²n creo que tengo no s¨®lo dicha expectativa leg¨ªtima, sino el derecho a ser llamado a la comisi¨®n de nombramientos y que esta decida conforme a Derecho". En el fondo de todo est¨¢ la sentencia sobre el Estatuto de Catalu?a. Los recursos de inconstitucionalidad han provocado todo tipo de maniobras para inclinar el equilibrio de fuerzas en el Constitucional. Finalmente, todos parecen asumir el empe?o del PP en que sea este tribunal, y no el que le sustituya, el que elabore la sentencia que promete ser uno de los textos definitivos sobre el l¨ªmite de la descentralizaci¨®n en Espa?a. "Si estuviera en mi mano, no se me ocurrir¨ªa cambiar un tribunal cuando est¨¢ pendiente una sentencia tan importante", advierte Ignacio Espinosa. Coinciden con ¨¦l muchos de los entrevistados. El magistrado del Supremo ?scar Gonz¨¢lez advierte de que el trabajo realizado hasta ahora "quedar¨ªa reducido a la nada si algunos de sus miembros cesasen antes de la resoluci¨®n final".

Dejan la sentencia del Estatuto para los actuales magistrados y lo hacen con resignaci¨®n, pero tambi¨¦n casi con alivio. "La sentencia del Estatuto, que tambi¨¦n parece estar detr¨¢s de esta situaci¨®n, es un trabajo de mucho debate. Creo que ya es algo que le corresponde al tribunal saliente. Estoy segura de que habr¨¢ muchos otros retos en el futuro", dice Adela As¨²a.