M¨¢s vale tarde que nunca

El Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco (TSJPV) archiv¨® anteayer las actuaciones iniciadas hace m¨¢s de dos a?os contra ocho acusados de un delito de desobediencia por haber incumplido una sentencia del Supremo que ilegaliz¨® a Batasuna en 2003. El litigio penal al que ahora se da definitivamente carpetazo -el texto completo del auto ser¨¢ comunicado dentro de unos d¨ªas junto al voto particular de uno de los tres magistrados- ha sido un disparatado semillero de intrigas partidistas e intoxicaciones medi¨¢ticas. Para colmo, el TSJPV fij¨® para el jueves pasado -escasas semanas antes de las auton¨®micas vascas- el comienzo de la vista oral, pese a que dos hu¨¦spedes del banquillo -el nacionalista Ibarretxe y el socialista L¨®pez- eran cabezas de fila de los partidos m¨¢s favorecidos por los sondeos.

La tentativa de imponer el Gobierno de los jueces al sistema pol¨ªtico es letal para la democracia

La aparente paradoja de que una resoluci¨®n dictada por la v¨ªa civil tenga implicaciones delictivas perseguibles por la v¨ªa penal en su fase de ejecuci¨®n provoca algunas confusiones: sin embargo, aunque la disoluci¨®n de Batasuna estuviese motivada por sus connivencias con el terrorismo, la sentencia ilegalizadora del Supremo no fue dictada por la jurisdicci¨®n criminal. Tambi¨¦n suscita cierta perplejidad el abigarramiento de los acusados mezclados por la compota acusatoria: cinco miembros de la extinta Batasuna como autores materiales del delito de desobediencia, por un lado, y el lehendakari de la comunidad y dos dirigentes de los socialistas vascos (PSE) como cooperadores necesarios, por otro. Y el desistimiento del fiscal -la acusaci¨®n penal qued¨® en manos de la acci¨®n popular ejercida por dos asociaciones cercanas a las tendencias m¨¢s duras del PP- ha sido maliciosamente interpretada como una dejaci¨®n de las responsabilidades del ministerio p¨²blico, y no como una defensa del Estado de derecho frente al fraude.

Tras la ilegalizaci¨®n por el Supremo, los cinco dirigentes de la disuelta Batasuna -Otegi, Barrena, Etxeberria, Petrikorena y Da?obeitia- imputados ante el TSJPV siguieron present¨¢ndose p¨²blicamente como representantes de una formaci¨®n jur¨ªdicamente disuelta pero a la vez pol¨ªticamente viva: la denominada izquierda abertzale, magma ideol¨®gico, social y electoral del nacionalismo radical fiel a las consignas de ETA. La moci¨®n del Congreso de los Diputados de 17 de mayo de 2005 y la tregua de marzo de 2006, que suscitaron la enga?osa esperanza de un final dialogado de la violencia terrorista, no hicieron sino multiplicar esas comparecencias. La caprichosa selecci¨®n de las entrevistas celebradas por los dirigentes de la disuelta Batasuna con el lehendakari Ibarretxe (el 19 de abril de 2006 y el 22 de enero de 2007) y los socialistas Patxi L¨®pez y Rodolfo Ares (el 6 de julio de 2006) como fulminante de la acci¨®n popular para poner en marcha el proceso archivado anteayer fue un ejercicio circense de fantas¨ªa leguleya.

El burdo intento de politizar la justicia a trav¨¦s de los pronunciamientos partidistas y las campa?as medi¨¢ticas dirigidos a jalear la acci¨®n popular, desprestigiar al ministerio p¨²blico y presionar al TSJPV persegu¨ªa una sim¨¦trica judicializaci¨®n de la pol¨ªtica. El prop¨®sito de recortar la leg¨ªtima autonom¨ªa del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo pretende entregar el control supremo de todas sus actuaciones al Poder Judicial. Si la irrupci¨®n de los dem¨¢s poderes en el ¨¢mbito propio de los tribunales conculca los principios del Estado de derecho, la tentativa de imponer el gobierno de los jueces al sistema pol¨ªtico es letal para la democracia. El TSJPV no necesitaba releer el cap¨ªtulo VI del Libro XI Del Esp¨ªritu de las leyes de Montesquieu para tener presente esa elemental conclusi¨®n. Le hubiese bastado con extraer las consecuencias l¨®gicas del auto del Supremo de noviembre de 2006 que deneg¨® la petici¨®n de encausamiento penal del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE por las conversaciones mantenidas con la izquierda abertzale. El Supremo calific¨® entonces de "fraude constitucional" cualquier pretensi¨®n de corregir la direcci¨®n de la pol¨ªtica interior, encomendada por la Constituci¨®n al Gobierno democr¨¢ticamente legitimado, "mediante el ejercicio de la acci¨®n penal y la puesta en marcha de un proceso de la misma naturaleza".

El TSJPV rechaz¨® en seis ocasiones durante la instrucci¨®n el sobreseimiento de la causa. Tampoco acept¨® la doctrina establecida por el Supremo en diciembre de 2006 sobre la falta de legitimidad de la acci¨®n popular para pedir la apertura del juicio en un procedimiento abreviado sin que lo hagan tambi¨¦n la fiscal¨ªa o los afectados. Afortunadamente -m¨¢s vale tarde que nunca-, el tribunal rectific¨® anteayer sus negativas anteriores y archiv¨® ese absurdo pleito.