Lo que preguntaban los periodistas en Bilbao

Ibarretxe no se conforma con ser absuelto; quiere que le den la raz¨®n; que el tribunal "diga con toda claridad que el di¨¢logo pol¨ªtico [con los dirigentes de la ilegalizada Batasuna] no s¨®lo no es delito, sino que es la ¨²nica soluci¨®n". Tambi¨¦n Otegi, el interlocutor principal del lehendakari en las entrevistas objeto de la causa ahora sobrese¨ªda, pensaba que lo que se juzgaba era "la negociaci¨®n pol¨ªtica, pero tambi¨¦n la Ley de Partidos". Tras el archivo de la causa dijo que el proceso hab¨ªa demostrado "la naturaleza profundamente antidemocr¨¢tica del Estado espa?ol".

Un centenar y medio de periodistas de varios pa¨ªses se acreditaron para seguir el juicio de Bilbao. Las cuestiones invocadas por Ibarretxe y Otegi suelen ser las que m¨¢s interesan a los reporteros extranjeros cuando hablan con sus colegas locales. Se extra?an (sobre todo si ya han hablado con Otegi o alg¨²n otro pico de oro de Batasuna) de que ese partido siga siendo ilegal, provocando situaciones tan llamativas como el procesamiento del presidente vasco y del principal l¨ªder de la oposici¨®n. Tambi¨¦n preguntan por qu¨¦ hay ahora tanta resistencia de los partidos no nacionalistas a admitir la negociaci¨®n con ETA.

En 2008 ha habido 38 atentados; Batasuna no ha hecho gesto alguno de desmarque

Ibarretxe aspira a encabezar una alianza por el di¨¢logo y el derecho a decidir

Desde 1968 ETA ha asesinado a 839 personas, de las que 486 (el 58%) eran polic¨ªas o militares y 353 (el 42%), civiles. Con una singularidad: entre el a?o de aprobaci¨®n de la Constituci¨®n, en 1978, y 1995 s¨®lo 10 (el 1,6%) de las 623 v¨ªctimas mortales eran pol¨ªticos o cargos p¨²blicos; mientras que de las 93 asesinadas a partir de 1995, 26 (casi el 30%) han sido adversarios pol¨ªticos: concejales (16), dirigentes o ex dirigentes de partidos no nacionalistas (5) o cargos institucionales (5).

En paralelo, grupos juveniles del entorno de ETA practican desde mediados de los noventa una violencia de acoso contra particulares que se signifiquen por su no adhesi¨®n a la causa abertzale. En el oto?o de 2002, meses antes de las elecciones municipales de 2003, ETA declaraba "objetivos militares" a las sedes y actos pol¨ªticos del PP y PSOE. Obligados a llevar protecci¨®n policial, bastantes concejales de esos partidos dimitieron y otros muchos renunciaron a ser candidatos. [Datos tomados de los balances anuales sobre Violencia en Euskadi, de la agencia Vasco Press, y del libro La derrota de ETA, de J. M. Calleja e I. S¨¢nchez Cuenca. (Adhara. Madrid, 2006)].

Era imposible seguir considerando legal, permitir la participaci¨®n electoral y financiar con fondos p¨²blicos a un partido que formaba parte del entramado organizativo dirigido por una banda que se consideraba con derecho a eliminar a sus rivales pol¨ªticos y electorales. Una vez establecida judicialmente la relaci¨®n de dependencia de Batasuna respecto a ETA, la ilegalizaci¨®n de tal partido era dif¨ªcilmente eludible: no puede haber un m¨ªnimo de igualdad de oportunidades en esas condiciones. Los tribunales sacaron de la legalidad a Batasuna en 2003, aplicando la Ley de Partidos aprobada el a?o anterior. Esta norma pone el acento, antes que en los fines, en los medios, pac¨ªficos o violentos, empleados para alcanzarlos; y establece cautelas contra posibles intentos de dar continuidad a la formaci¨®n prohibida mediante la utilizaci¨®n de otras siglas.

Pronunciamientos posteriores del Tribunal Constitucional reconocieron, sin embargo, el car¨¢cter excepcional de esa norma y establecieron las condiciones para recobrar (aunque con siglas diferentes) la legalidad: la piedra de toque ser¨ªa acreditar la no dependencia de ETA, para lo que se considerar¨ªa un indicio fundamental la condena p¨²blica de sus atentados.

En 2008 ha habido 38 atentados, de los que ocho fueron con coches bomba, con el resultado de 4 personas muertas y 64 heridas. Tambi¨¦n ha habido 227 acciones violentas de los grupos de acoso. Batasuna y suced¨¢neos se han negado a realizar el menor gesto de desmarque.

El lehendakari y su partido estuvieron en contra de la ley y de su aplicaci¨®n a Batasuna desde el primer momento, aunque mezclando razones pol¨ªticas (marginaci¨®n pol¨ªtica de un sector de la poblaci¨®n) y jur¨ªdicas (posibilidad de ilegalizar por la v¨ªa penal). Esto ¨²ltimo no impidi¨® que tambi¨¦n se opusieran a la suspensi¨®n cautelar de Batasuna decretada por el juez Garz¨®n en aplicaci¨®n de esa v¨ªa.

Cuando Ibarretxe decidi¨® incluir a Otegi en la ronda de partidos que convoc¨® un mes despu¨¦s del inicio del alto el fuego de 2006, estaba ejerciendo un derecho, pues nada hab¨ªa en la ley que considerase delictivo reunirse con los ex dirigentes de la formaci¨®n disuelta. Pero estaba tambi¨¦n intentando cobrar protagonismo en un proceso, el di¨¢logo Gobierno-ETA, del que se hab¨ªa visto excluido. Y estaba, especialmente en la segunda entrevista, tras el atentado de Barajas, dirigiendo al mundo radical el mensaje de que, incluso en esas circunstancias, manten¨ªa su reconocimiento de Batasuna como interlocutor. Es una postura que comparten bastantes personas, pero sobre la que ni siquiera hab¨ªa unanimidad dentro de su partido, dirigido entonces por Imaz.

Por eso, la pretensi¨®n, dos a?os despu¨¦s, de que el Tribunal Superior le diera la raz¨®n, reconociendo que hizo bien al reunirse con Otegi, era dif¨ªcilmente alcanzable. El tribunal pod¨ªa decir que no hab¨ªa delito en hacerlo, pero ir m¨¢s all¨¢ y avalar una determinada estrategia significar¨ªa otorgar a los magistrados potestad para decidir sobre cuestiones que forman parte del debate pol¨ªtico entre partidos; el principal argumento contra el procesamiento era precisamente que los jueces no deben interferir en ese debate. Adem¨¢s, al judicializar una actuaci¨®n pol¨ªtica discutible, se evita el debate sobre lo acertado o desacertado de la misma. ?C¨®mo reprochar a Ibarretxe su iniciativa (por inoportuna o por interferir en la estrategia antiterrorista del Gobierno, por ejemplo) cuando pesaba sobre ¨¦l una petici¨®n de casi tres a?os de c¨¢rcel?

Esos argumentos figuraban en un auto anterior del Supremo sobre un asunto similar. El Tribunal Superior de Euskadi pudo haberse acogido a ese criterio orientativo para inadmitir la querella presentada por el Foro Ermua y la asociaci¨®n Dignidad y Justicia contra Ibarretxe y los socialistas L¨®pez y Ares por sus entrevistas con Otegi durante la tregua. Al optar por fundamentar el archivo en la "falta de acusaci¨®n leg¨ªtima" (una consideraci¨®n procesal), el tribunal vasco deja la resoluci¨®n definitiva en manos del Supremo, que tendr¨¢ que pronunciarse sobre los recursos anunciados. Esto introduce alguna incertidumbre porque ese tribunal ha emitido resoluciones contradictorias sobre el alcance de esa consideraci¨®n procesal.

En el aspecto pol¨ªtico, el archivo desbarata la estrategia de Ibarretxe de convertir el juicio en plataforma de despegue de su campa?a electoral. Trataba, por una parte, de aprovechar la marea de rechazo a un juicio tan absurdo para jugar la baza victimista; pero tambi¨¦n para, tras el descarrilamiento del intento de final dialogado auspiciado por Zapatero, recoger la bandera del di¨¢logo y comparecer con ella el 1 de marzo: como candidato de todos los nacionalistas (de cualquier partido) que identifican el fin de la violencia con el reconocimiento del derecho a decidir. O sea: con las dos preguntas entrelazadas de su famosa consulta.

La lista impresionante de testigos propuestos por su defensa (algunos de ellos compartidos con la abogada de Batasuna) indica que no improvisaba al decir que lo que se juzgaba era la v¨ªa del di¨¢logo: un par de semanas con ruedas de prensa diarias de negociadores y mediadores irlandeses y surafricanos, miembros de la Fundaci¨®n Carter, el argentino P¨¦rez Esquivel, el ex presidente italiano Cossiga, entre otros, todos ellos en apoyo de las convicciones personales de Ibarretxe, m¨¢s las declaraciones por escrito de Aznar y Zapatero: ¨¦se era el marco previsto para el lanzamiento de su candidatura como cabeza de una renovada alianza por el di¨¢logo y el derecho a decidir que abarcase un per¨ªmetro mayor que el de su partido.

El archivo de la causa dificulta ese protagonismo del lehendakari, aunque tambi¨¦n evita a su partido el riesgo de que una sobreactuaci¨®n suya pudiera resultar contraproducente.