Un plan de desarrollo de la Bah¨ªa de C¨¢diz seguir¨¢ anulado

A la Junta se le ha pasado el plazo. El gabinete jur¨ªdico del Gobierno andaluz, dependiente de la Consejer¨ªa de la Presidencia, no ha recurrido a tiempo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) que en febrero del a?o pasado ordenaba paralizar el plan especial de delimitaci¨®n del parque industrial de Las Aletas, ubicado en Puerto Real (C¨¢diz).

Este error hace firme esa sentencia judicial y, por lo tanto, obliga al Ejecutivo auton¨®mico a negociar directamente con los propietarios expropiados que denunciaron este plan para poder culminar el proyecto. El PSOE y la Junta restan importancia al error, mientras que IU ya adelanta que exigir¨¢ responsabilidades pol¨ªticas y administrativas.

El primer rev¨¦s judicial para Las Aletas, un espacio de desarrollo industrial y log¨ªstico de 527 hect¨¢reas en el que est¨¢n puestas las esperanzas econ¨®micas para el futuro de la Bah¨ªa de C¨¢diz, se conoci¨® en febrero de 2008 cuando el TSJA acept¨® las tesis de uno de los grandes propietarios de los terrenos que denunci¨® a la Junta por considerar injustas las expropiaciones realizadas.

El alto tribunal andaluz dio la raz¨®n al due?o del suelo y le neg¨® a la Junta el argumento de que esas expropiaciones eran necesarias por su inter¨¦s p¨²blico. El Gobierno auton¨®mico recurri¨® ante el Tribunal Supremo, que meses despu¨¦s acept¨® a tr¨¢mite el recurso de casaci¨®n. Dio para ello un mes de plazo a la Junta para presentar la documentaci¨®n necesaria, pero al gabinete jur¨ªdico se le ha pasado el plazo.

Este error hace firme la sentencia por lo que el plan que permiti¨® desarrollar Las Aletas ha quedado anulado definitivamente. Fuentes de la Junta y el PSOE restan trascendencia a esta decisi¨®n por entender que el proyecto sigue adelante porque despu¨¦s del plan inicial se aprob¨® otro nuevo documento y el Consejo de Gobierno declar¨® en diciembre el inter¨¦s auton¨®mico del proyecto. Con todo, otra sentencia del TSJA, dictada hace un mes, vuelve a dar la raz¨®n a otro de los propietarios de los terrenos, anula las expropiaciones realizadas y niega a la Junta el argumento de que las acciones posteriores puedan justificar el inter¨¦s social del proyecto.