Una de jueces

Los jueces parecen convencidos de la necesidad de hacerse o¨ªr. Concluyen que sus reivindicaciones necesitan ir acompa?adas de un mayor poder de percusi¨®n para obtener la respuesta precisa. Por eso andan decididos a utilizar el arma de la huelga de la que se sirven otros empleados, aunque la legitimidad de ese recurso por parte de quienes forman parte de uno de los poderes del Estado ofrezca muchos reparos fundamentales. Mientras llega la hora de los acuerdos o del desaf¨ªo, el Congreso de los Diputados ha instado al Gobierno a impulsar la Comisi¨®n Mixta Ministerio de Justicia-Consejo del Poder Judicial y el di¨¢logo con los sindicatos de funcionarios y secretarios judiciales para encontrar respuesta a las demandas de modernizaci¨®n de la Administraci¨®n de justicia reclamadas por la sociedad.

Tambi¨¦n quiere impulsar la compatibilidad de los sistemas inform¨¢ticos implantados en los juzgados y tribunales, porque sucede que en cada autom¨ªa se ha informatizado conforme a sistemas que despu¨¦s se han descubierto incompatibles. Es decir, que la incompetencia ha derivado en despilfarro ineficiente. El ciudadano se asombra del impecable funcionamiento inform¨¢tico de la Agencia Tributaria, que a todos nos pide cuentas, mientras ha de sumergirse en el caos cuando es ¨¦l quien las pide acudiendo a los tribunales en demanda de justicia para su causa. El Congreso ha logrado tambi¨¦n que le sea remitido por el Gobierno el proyecto de reforma de las leyes procesales con el objeto de implantar definitivamente la nueva Oficina Judicial. Es de suponer que para terminar con el desbarajuste actual al que se ha llegado con la superposici¨®n de cuerpos de car¨¢cter estatal, cuyos miembros son asignados a sus puestos por el CGPJ, en el caso de los jueces, y por el Ministerio de Justicia, en el caso de los secretarios judiciales, junto a otros cuerpos que reciben sus emolumentos de sus respectivas haciendas auton¨®micas. De forma que resulta una oficina judicial ingobernable, donde es imposible advertir un rastro de autoridad.

La tabla de reivindicaciones de los jueces tiene elementos coincidentes con los apuntados pero incide en otros asuntos donde asoman trazas corporativistas y cuestiones salariales. Estima el ministro de Justicia, Mariano Bermejo, que el sueldo de un juez puede comenzar en los 3.000 euros mensuales y llegar hasta los 6.000. Son cifras incomparables con las de otros funcionaros como los registradores de la propiedad, cuyas percepciones pueden situarse entre los 60.000 y los 100.000 euros al mes. Es un caso interesante porque el registro funciona, para entendernos, como una franquicia del Estado concedida a sus titulares, sin que genere gasto alguno de los Presupuestos Generales. La impresi¨®n del p¨²blico sobre el funcionamiento de los registros merece una nota muy alta, los retrasos son m¨ªnimos y sus sistemas inform¨¢ticos inobjetables. De ah¨ª que cuando en la pasada legislatura Izquierda Unida present¨® una proposici¨®n de ley para revisar la cuesti¨®n de los Registros se dejaran o¨ªr dos escuelas de pensamiento. La de IU para quien est¨¢bamos ante un abuso a corregir y la del portavoz del PP que atisbaba en los Registros un original modelo de franquicia conforme al cual podr¨ªa intentarse la modernizaci¨®n pendiente de otras funciones de la Administraci¨®n del Estado.

La clave que explica las diferencias entre juzgados y registros reside en la fuerte motivaci¨®n del registrador frente al desmayo del juez y de los funcionarios de Justicia. Porque, entre tanto, durante estos a?os se han aumentado las inversiones, multiplicado el n¨²mero de juzgados, jueces, fiscales, secretarios y funcionarios, se ha mejorado la formaci¨®n de todos los cuerpos que intervienen en la Administraci¨®n de justicia, modernizado las infraestructuras, as¨ª como los medios materiales y se ha procedido a la informatizaci¨®n, si bien con el empleo de sistemas incompatibles como m¨¢s arriba se ha dicho. Subrayan los expertos las medidas de la Ley 19/2003 que redefinen aut¨¦nticas carreras profesionales y promueven nuevas responsabilidades para los diversos cuerpos de funcionarios adem¨¢s de los aumentos retributivos que han sido significativamente m¨¢s altos en Justicia que en cualquier otro sector de la Administraci¨®n P¨²blica. Claro que dichos aumentos presentan un rasgo com¨²n consistente en que el crecimiento retributivo para nada comporta compromisos de sus beneficiarios en la mejora del servicio p¨²blico y sigue un modelo lineal que no atiende a las contraprestaciones profesionales exigidas, ni se relaciona con la consecuci¨®n de objetivos. S¨®lo la transparencia puede salvarnos. Continuar¨¢.