Esp¨ªas auton¨®micos

La Comunidad de Madrid cuenta con un servicio de espionaje ilegal, nutrido con dinero p¨²blico y dirigido desde despachos oficiales, que ha sometido a seguimientos, fotografiado y convertido en objeto de informes a varias personalidades pol¨ªticas madrile?as, tanto del Ayuntamiento de la capital como del Ejecutivo aut¨®nomo, todas pertenecientes al Partido Popular. ?ste es el n¨²cleo indiscutible de los hechos, corroborados por abundante documentaci¨®n, testimonios de personas espiadas e incluso confusas explicaciones de algunos sospechosos de haber espiado. Alguien a muy alto nivel en la Comunidad, uno o varios responsables pol¨ªticos, viene utilizando m¨¦todos propios de dictaduras totalitarias para resolver contenciosos pol¨ªticos o econ¨®micos, en flagrante vulneraci¨®n de los principios constitucionales y atentando contra los derechos fundamentales.

Mucha tinta ha corrido sobre las divergencias y rivalidades entre las dos fracciones que dividen a los populares madrile?os, y de la guerra entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallard¨®n. Tambi¨¦n sobre la crisis abierta en Caja Madrid, desde que la presidenta de la Comunidad expres¨® sus deseos de relevar al actual presidente, Miguel Blesa. Pero ni la batalla por el poder en Madrid ni la crisis de la entidad de ahorro deben contar en lo m¨¢s apremiante de este caso, que es conocer en todos sus detalles hasta d¨®nde ha llegado la vulneraci¨®n de derechos y libertades y qui¨¦nes son los responsables dentro de la Administraci¨®n de estas actividades ilegales indignas de una democracia.

Lo ¨²nico que ha reconocido hasta ahora el consejero de presidencia Francisco Granados es que su Gobierno ha encargado a ex polic¨ªas y guardias civiles labores de contravigilancia y seguridad de edificios. Pero hay constancia y testigos de que, adem¨¢s, bajo su responsabilidad se realizaron pesquisas sobre la corrupci¨®n municipal en Ciempozuelos, las mafias de las discotecas o la trama policial de Coslada, todas ellas fuera de sus competencias, algo que permite conjeturar que las redes de espionaje forman parte de una actividad m¨¢s amplia a cargo de una o varias c¨¦lulas a las ¨®rdenes de una o m¨¢s consejer¨ªas.

Muchos han venido despachando con chistes, a veces de fondo condescendiente, sobre unos falsos servicios de inteligencia comparables a rid¨ªculos personajes del cine o del c¨®mic. Los hechos hasta ahora acreditados por las investigaciones publicadas por EL PA?S no admiten broma alguna, y a¨²n menos maniobras para desviar la atenci¨®n, como las declaraciones de Esperanza Aguirre que cargan la culpa del espionaje sobre quienes lo est¨¢n contando o quienes puedan obtener beneficios indirectos de las peleas internas entre los populares, hasta llegar a la asombrosa teor¨ªa de un montaje destinado a desviar la atenci¨®n ante la p¨¦sima situaci¨®n econ¨®mica que traviesa Espa?a.

Estamos ante un caso muy serio, en el que hay que aclarar el exacto organigrama del equipo o equipos de esp¨ªas; la cadena de mando entre quienes han tomado la decisi¨®n de realizar estas actividades ilegales, han dispuesto de dinero p¨²blico para efectuarlas y han dado las ¨®rdenes concretas y los agentes que las han efectuado; y finalmente el establecimiento de las responsabilidades pol¨ªticas en las que ha incurrido el Gobierno de la Comunidad, empezando por su presidenta, el vicepresidente, y siguiendo por el consejero bajo cuyo organigrama se presume que han actuado quienes han organizado esta actividad tan despreciable. La falta de un cuadro completo no significa que no haya caso o que nada tenga que ver la Comunidad, como se han hartado de repetir los m¨¢ximos responsables de su Gobierno, al igual que la inexistencia del arma humeante no constituye prueba de que no se haya cometido un asesinato por bala cuando hay cad¨¢ver y hay herida mortal que lo demuestran.