Jueces en la niebla

No hubiera podido imaginar Piero Calamadrei al publicar su Elogio de los Jueces escrito por un abogado que setenta a?os m¨¢s tarde una crisis institucional sin precedentes habr¨ªa de arrasar no pocos pa¨ªses de la Europa continental, arrumbando los sistemas judiciales a cotas alarmantes de desprestigio. Al abrigo de la tormenta los pa¨ªses del common law, no se libran, sin embargo, de tan triste espect¨¢culo los nuevos Estados de la Uni¨®n, tras varias generaciones de orfandad en la cultura de la independencia de la justicia.

Espa?a tampoco es una excepci¨®n. El mar de fondo ha llevado aqu¨ª a ciertos jueces a promover incluso una huelga. El sarpullido de insatisfacci¨®n que en forma virulenta se nos presenta obliga a reflexionar sobre las causas de situaci¨®n tan preocupante.

No les faltan a los magistrados espa?oles motivos para la queja. Sobran leyes y faltan jueces

Gu¨¢rdense los magistrados de huelgas que no merece la sociedad

No se trata, sin embargo, de un terremoto que se presenta sin previo aviso. La insatisfacci¨®n de nuestra judicatura corre pareja al declive de la justicia espa?ola en los ¨²ltimos a?os y a la frustraci¨®n tras el despertar democr¨¢tico y la Constituci¨®n, que tan esperanzadoras expectativas abr¨ªa a una justicia convertida en poder del Estado.

No les faltan motivos a nuestros magistrados en sus quejas. Es sabido que aqu¨ª y all¨ª la justicia es la cenicienta en los presupuestos. Se unen a los insuficientes y anticuados medios, herramientas procesales de la sociedad industrial, la sobrecarga de trabajo y cierta sensaci¨®n de inutilidad. Atrapados nuestros jueces en una organizaci¨®n ineficaz, no se ha parado a preguntarse con serenidad y perspectiva hist¨®rica por el ser y el qui¨¦n de la justicia. A tan enrarecido magma se une la permanente provisionalidad, el diluvio normativo que inunda los boletines oficiales. Ejemplo de ello es el s¨ªndrome de Pen¨¦lope en materia penal, que ha convertido nuestro sistema punitivo en un constante hacer y deshacer, bajo la urgencia de la oportunidad. De ah¨ª, cierto desinter¨¦s por el estudio de lo ef¨ªmero, la ineficacia de los mecanismos de coacci¨®n ante la falta de certeza de la amenaza de la norma.

Espa?a, donde surgen espont¨¢neas generaciones incontables de juristas y funcionarios, no se caracteriza, sin embargo, por la previsibilidad y la seguridad jur¨ªdica. M¨¢s normas no significa m¨¢s legalidad, antes bien lo contrario. En realidad, sobran leyes y faltan jueces. Los ingleses saben mucho de esto.

Atrapada en esta paradoja, Espa?a ha buscado formas de evasi¨®n de este d¨¦dalo normativo, tela de ara?a que atrapa a la sociedad entera. Surgi¨® as¨ª el llamado judicialismo, intento de abrir caminos a la democracia, ese viejo sue?o que floreci¨® bajo los olivos de Estagira, con la brisa del Egeo inspirando a Arist¨®teles. Se unieron a ese empe?o grupos judiciales organizados y con fundamentos ideol¨®gicos bien definidos. Fue su legitimidad la reacci¨®n contra el juez tradicional, que pese a su majestuoso envoltorio nunca fue pol¨ªticamente neutro. Pronto otros sectores conservadores se sirvieron de las asociaciones, que acabaron por convertirse en correa de transmisi¨®n de los partidos en el ¨¢rea de la justicia.

Y aunque hoy se discuta el alcance de la utilidad de tales organizaciones judiciales, pocos ponen en duda su eficacia como agencias de colocaci¨®n de sus integrantes. As¨ª, la nefasta penetraci¨®n de la pol¨ªtica partidaria en la justicia fue inevitable. La cr¨®nica del Consejo General del Poder Judicial en los ¨²ltimos lustros nos dibuja una instituci¨®n arruinada, cuya reconstrucci¨®n requerir¨¢ una dr¨¢stica cirug¨ªa institucional.

El activismo judicial ha sido la inevitable consecuencia de un modelo gastado por el tiempo, enfrentado a las profundas transformaciones de las sociedades modernas. Este desfase ha discurrido en paralelo a lo que Alain Minc defini¨® como "revoluci¨®n invisible". Fue su rasgo m¨¢s destacado la elevaci¨®n del juez al orden pol¨ªtico, propiciada por la crisis de la democracia representativa y el desaf¨ªo al monopolio de la pol¨ªtica por los partidos. De ah¨ª, el desplazamiento de la base de la legitimaci¨®n de los jueces, de la ciega aplicaci¨®n de la legalidad, a modo de Erinias enardecidas, a la soluci¨®n de los conflictos sociales. Y esto es lo que ha de permanecer. Nuevas bases que requieren, sin duda, magistrados adaptados a esta funci¨®n renovada. S¨®lo as¨ª podremos prescindir de la precauci¨®n del legislador decimon¨®nico al atenazar al juzgador a los estrech¨ªsimos m¨¢rgenes de apreciaci¨®n del c¨®digo penal, para procurar -como advirti¨® con lucidez Luis Silvela- que "pudieran dictarse sentencias medianamente injustas por jueces medianamente ignorantes".

El juez de nuestro tiempo se encuentra desconcertado. Lejos el paradigma de la legalidad que inspir¨® su vocaci¨®n, se ve hoy perdido en la niebla de un nuevo orden. Y sin embargo, la sociedad demanda la luz de lo proclamado en la Declaraci¨®n Universal de los Derechos del Hombre: el derecho a un tribunal judicial, aspiraci¨®n natural de la condici¨®n humana, ¨²ltima garant¨ªa del sistema democr¨¢tico. Secuelas indeseables de esa "revoluci¨®n invisible" son ciertos excesos que minan la credibilidad de la justicia. Y esto es lo que hay que corregir.

Algunos magistrados se exhiben y hablan demasiado; menos, sin duda, de lo que quisieran determinados medios de comunicaci¨®n, mucho m¨¢s, sin embargo, de lo que la prudencia reclama y la credibilidad en su neutralidad exige. A veces lo hacen en nombre propio, otras so capa de su militancia asociativa, que les presta una m¨¢scara para pontificar sobre m¨²ltiples cuestiones. Pero no es eso. El juez debe apartarse del brillo de los escenarios y ocupar un espacio cuya grandiosidad es la discreci¨®n y la prudencia. Su funci¨®n esencial es decidir los conflictos sociales que envuelven cuestiones jur¨ªdicas, cuyo hond¨®n es de naturaleza ¨¦tica. Y en el desarrollo de los procedimientos morales en nuestras sociedades abiertas, de que nos habla Habermas, quien ha de decidir no debe pronunciarse sobre los t¨¦rminos del debate.

Desorientados en la niebla, los jueces siguen, a veces, las referencias luminosas de comportamientos extravagantes, cuya seducci¨®n deslumbradora se impone al sentido com¨²n en estos tiempos de confusi¨®n. Cabe as¨ª explicar el desatino de esta huelga judicial, promovida, al parecer, en juntas de jueces y abanderada por sus decanos. Nuevas bases para la disidencia, que ampl¨ªan el escenario de la preocupaci¨®n.

Dudo, sin embargo, que estas iniciativas puedan ser entendidas por los ciudadanos. ?ste no es en ning¨²n caso el camino. Urge reestablecer nuestra confianza en la justicia, tarea en la que nuestra clase pol¨ªtica tiene un deber inmediato y prioritario, m¨¢s all¨¢ de pomposas declaraciones. Necesario ser¨¢ tambi¨¦n que abandonen los jueces su funci¨®n de emergencia y se retiren a sus tribunales a juzgar y a ejecutar lo juzgado. Gu¨¢rdense los magistrados de huelgas, que no es lo que les corresponde ni lo que la sociedad merece, y b¨²squense los caminos que permitan la mejora de servicio p¨²blico tan principal.

Tras el ocaso de un modelo de juez activista llegar¨¢ el momento de la serenidad. Se acerca la hora de una sociedad menos sometida, m¨¢s autorregulada, en la que el protagonismo ha de corresponder a abogados y a fiscales, situados los jueces en la c¨²spide del sistema normativo, al abrigo del debate apasionado, lo que preservar¨¢ su prestigio. S¨®lo as¨ª podremos reconstruir un sistema tan hondamente da?ado.

Quiz¨¢s entonces Calamandrei y su elogio de los jueces volver¨¢ a tener sentido. As¨ª lo espero.

Joaqu¨ªn Gonz¨¢lez-Herrero, fiscal, es jefe de la Unidad del Consejo Judicial de la Oficina Europea de Lucha Antifraude, OLAF.