Las residencias de ancianos tendr¨¢n el a?o pr¨®ximo un 14% m¨¢s de plazas

La ley de Servicios Sociales comienza a dar sus primeros frutos. Despu¨¦s de su aprobaci¨®n en el Parlamento el pasado 5 de diciembre, ayer el Consejo de Gobierno dio el visto bueno al Plan Estrat¨¦gico 2008-2010 que desarrollar¨¢ la norma y que establece concreciones en cuanto al n¨²mero de plazas a crear en los diferentes servicios, desde residencias de ancianos hasta en centros de d¨ªa. Las instituciones (Gobierno, diputaciones y ayuntamientos) destinar¨¢n alrededor de 500 millones de euros a completar los objetivos del plan, que tendr¨¢ su continuaci¨®n a partir de 2010 en una nueva estrategia. La trascendencia de esta ley reside en que los servicios sociales pasan a ser un derecho subjetivo (exigible por ley al igual que la sanidad o la educaci¨®n) y en que unificar¨¢ los tres sistemas asistenciales de las diputaciones, que en la actualidad son diferentes, en una red com¨²n para el conjunto de la comunidad aut¨®noma.

La mayor parte del gasto corre a cargo de las diputaciones y ayuntamientos

Mejorar el acceso a las residencias de ancianos es una de las prioridades de la Ley y una de las demandas m¨¢s sentidas de la poblaci¨®n. El plan ha previsto la creaci¨®n de 2.500 plazas p¨²blicas (de gesti¨®n directa o concertadas), con lo que se pasar¨¢ de las 17.900 actuales (entre p¨²blicas y privadas) a las 20.400. El consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, puntualiz¨® ayer en la presentaci¨®n de las l¨ªneas maestras del plan que a finales de 2010, el 60% de las plazas en residencias de ancianos ser¨¢n de titularidad p¨²blica (en la actualidad es el 54%).

Tambi¨¦n para 2010, el plan ha establecido la creaci¨®n de 588 plazas en centros de d¨ªa (donde se atiende a los ancianos, pero no pernoctan), pasando de las 3.914 de ahora a las 4.503. Un salto a¨²n mayor se producir¨¢ en el n¨²mero de personas atendidas por medio del sistema de telealarma: de las 15.000 que cuentan ahora con esta prestaci¨®n se llegar¨¢ a las 30.000, es decir, se duplicar¨¢.

Las diputaciones y los ayuntamientos correr¨¢n con la mayor parte de los gastos en la creaci¨®n de todas estas plazas (residencias, centros de d¨ªa y telealarma), dado que es un ¨¢rea de su competencia. En total, las diputaciones gastar¨¢n 385 millones y los municipios cerca de 68. Mientras, el Gobierno desembolsar¨¢ 17,6 millones.

Madrazo tambi¨¦n se comprometi¨® a aprobar en 2010 el decreto que recoja la cartera de servicios y prestaciones a los que tendr¨¢n derecho los ciudadanos, uno de los pilares de la ley. Ese cat¨¢logo deber¨¢ definir qu¨¦ servicios tienen car¨¢cter p¨²blico y cu¨¢les no, con la importancia que eso tiene para los usuarios y para los profesionales que se dedican a este sector, que podr¨ªa hacer una transici¨®n de un modelo m¨¢s asistencial basado en el voluntariado, como el actual, a otro m¨¢s profesional.

Y para el a?o entrante tambi¨¦n estar¨¢ listo el decreto que regular¨¢ el copago, la cantidad que debe pagar cada ciudadano por determinado tipo de servicios que no ser¨¢n sufragados con dinero p¨²blico al 100%. "El desarrollo de la ley persigue que los servicios sociales", resumi¨® el consejero, "se conviertan en el cuarto pilar del Estado de Bienestar, que se equiparen al sistema sanitario, a la educaci¨®n y a las pensiones".