Sin objeci¨®n

El pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha rechazado por 22 votos contra 7, y tras dos d¨ªas y medio de deliberaciones, la posibilidad de objetar la asignatura de Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa. La sentencia, a¨²n por redactar, unifica la jurisprudencia sobre un asunto que la Conferencia Episcopal, algunas organizaciones afines y el principal partido de la oposici¨®n han tratado de convertir en arma contra el Gobierno, anteponiendo el inter¨¦s pol¨ªtico a la preocupaci¨®n por los alumnos. A la espera de los argumentos que contendr¨¢ la sentencia, el comunicado de los magistrados tras la deliberaci¨®n avanza, en cualquier caso, que las normas que desarrollan la asignatura y que han sido objeto del recurso "no alcanzan a lesionar el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la formaci¨®n religiosa y moral que est¨¦ de acuerdo con sus propias convicciones".

Algunas familias que promovieron la objeci¨®n han anunciado su intenci¨®n de mantener abierta la v¨ªa judicial m¨¢s all¨¢ de la decisi¨®n del Supremo, llevando el caso hasta el Constitucional y el Tribunal Europeo de Estrasburgo. Est¨¢n en su derecho, aunque lo que se encuentra en juego tras un fallo como el de ayer, que les quita la raz¨®n, es el perjuicio que pueden seguir causando en la comunidad escolar. Los alumnos deber¨ªan volver a clase de inmediato y sean cuales sean las siguientes acciones judiciales que pretendan entablar los partidarios de la objeci¨®n, poniendo fin a la situaci¨®n de excepcionalidad que se vive desde el inicio del curso. Es oportuno y tendr¨ªa que ser escuchado el llamamiento de la ministra de Educaci¨®n para que las comunidades aut¨®nomas donde existan objetores resuelvan su situaci¨®n cuanto antes y siempre pensando en el inter¨¦s de los alumnos.

M¨¢s all¨¢ de las consecuencias judiciales del fallo, hay lecciones institucionales que no deber¨ªan ignorarse. En su oposici¨®n a la asignatura, el Partido Popular ha oscilado entre el esperpento de la Comunidad Valenciana, que intent¨® impartirla en ingl¨¦s, y el desprecio al Estado de derecho que practica la Comunidad de Madrid en ¨¦sta y otras materias. Si el Tribunal Supremo ha unificado la jurisprudencia, bien estar¨ªa que el PP hiciera otro tanto con su postura. Las normas est¨¢n para ser cumplidas, lo mismo que las sentencias, y el principal partido de la oposici¨®n no puede avalar situaciones de hecho como las vividas en muchos centros educativos.