La Audiencia reabre el caso de las torres de Oropesa
El ex alcalde y tres concejales est¨¢n imputados
La Audiencia provincial de Castell¨®n ha anulado el auto de archivo de un caso de corrupci¨®n urban¨ªstica en Oropesa. Y tambi¨¦n ha anulado otro auto sobre el mismo caso que dec¨ªa que hab¨ªa indicios de delito. As¨ª, la decisi¨®n de la Audiencia ha sido anular los dos autos, contradictorios, que la propia Audiencia hab¨ªa dictado sobre el caso de la construcci¨®n de m¨¢s de 600 apartamentos sobre un suelo calificado de uso terciario y destinado a c¨¢mping en Oropesa. Con esto, la causa se reabre y un tribunal deber¨¢ determinar si avala la decisi¨®n del juzgado, que entendi¨® que hab¨ªa suficientes indicios para decretar la apertura de juicio oral, o lo archiva. En el asunto est¨¢n imputados tanto el ex alcalde de Oropesa, el independiente Francisco Garrido, como tres concejales y el arquitecto municipal.
Se acusa al equipo de Gobierno del PP de "corrupci¨®n urban¨ªstica"
Despu¨¦s de que dos tribunales de la Audiencia dictaran los autos contradictorios, la Fiscal¨ªa solicit¨® la recusaci¨®n de los magistrados que hab¨ªan participado en su redacci¨®n, incluido el presidente de la Audiencia, Carlos Dom¨ªnguez. La Fiscal¨ªa alegaba que los magistrados estaban "contaminados" para decidir sobre la nulidad de los autos y solicit¨®, adem¨¢s, que fuera otro tribunal adoptara una nueva resoluci¨®n. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana desestim¨® la solicitud y devolvi¨® el caso a la Audiencia de Castell¨®n, permitiendo que los magistrados que participaron resolvieran sobre la nulidad de los dos autos. La nulidad de ambos ya ha sido aceptada y ahora queda pendiente saber qu¨¦ tribunal decidir¨¢ sobre los recursos a los que respondieron con autos contradictorios.
El caso se refiere a las licencias concedidas, en 2002 y 2003, para la construcci¨®n de dos bloques de apartamentos, conocidos como Edificio Mar, en un suelo cuyo ¨²nico uso permitido era el de c¨¢mping. Posteriormente, tras acceder al Gobierno local el PP en 2005, trat¨® de legalizar la obra. Un vecino present¨® la denuncia acusando a los miembros del equipo de Gobierno de "prevaricaci¨®n urban¨ªstica", por conceder las licencias con los informes negativos, a excepci¨®n del redactado por el arquitecto, tambi¨¦n imputado.
Despu¨¦s de que la juez considerara que hab¨ªa suficientes indicios para decretar la apertura de juicio oral, el arquitecto, por una parte, y los pol¨ªticos, por otra, recurrieron sus imputaciones. Un tribunal de la Audiencia contest¨® al arquitecto confirmando la postura del juzgado sobre indicios de un presunto delito de prevaricaci¨®n, y otro contest¨® a los pol¨ªticos decretando el archivo del caso.
La acusaci¨®n se uni¨® a la Fiscal¨ªa alegando que "no caben dos varas de medir, de suerte que unos mismos hechos reciban distintas calificaciones jur¨ªdicas". Ahora, se ha admitido la nulidad de ambos autos, pero los magistrados que participaron en ellos podr¨¢n hacerlo en la resoluci¨®n definitiva de la causa.
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