El 'movimiento 8 de octubre' radicaliza la huelga judicial

La vicepresidenta del Gobierno, Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, declar¨® a EL PA?S el 5 de octubre que esperaba que el reci¨¦n renovado Consejo del Poder Judicial impusiera "tres a?os de suspensi¨®n" al juez Rafael Tirado -por el caso Mari Luz- en lugar de los 1.500 euros de multa con que le sancionaron los antiguos vocales, mayoritariamente escorados hacia el PP. Tres d¨ªas despu¨¦s, el correo corporativo que conecta a todos los juzgados de Espa?a echaba humo.

Acababa de nacer el denominado Movimiento 8 de octubre. Se inici¨® con mensajes de solidaridad hacia Tirado que pretend¨ªan denunciar la ingerencia gubernamental. El Ejecutivo iba a por todas: en esa misma fecha suspendi¨® por dos a?os a la secretaria judicial de Tirado. Quiz¨¢s por eso, las primeras iniciativas que aparecieron en el foro cibern¨¦tico invitaban a los colegas "a crear un fondo de solidaridad" en caso de que a Tirado fuese apartado temporalmente de la carrera. Magistrados indignados hac¨ªan comparaciones con los m¨¦dicos que, seg¨²n explicaba un juez, para hacer su trabajo "con rigor" no deb¨ªa "atender a m¨¢s de 20 pacientes al d¨ªa". "Si se muere el paciente 46 porque no le ha llegado el turno, ?qu¨¦ culpa tiene el m¨¦dico?".

La reacci¨®n del Ministerio de Justicia al primer acto reivindicativo no hizo m¨¢s que a?adir adeptos a la causa. Los jueces se unieron a los secretarios -que convocaron una protesta por la sanci¨®n impuesta a su compa?era del juzgado de Tirado- y juntos paralizaron durante horas los juzgados el pasado 21 de octubre mediante juntas convocadas a la misma hora en toda Espa?a. El ministro Bermejo calific¨® la movilizaci¨®n de "corporativa" y advirti¨® a los magistrados de que "nadie es intocable".

Sin embargo, la indignaci¨®n no cesaba y a mediados de noviembre, dos juntas de jueces, la de Murcia y la de Extremadura -indignadas por la instalaci¨®n en sus juzgados de un programa inform¨¢tico con "fallos clamorosos"- convocaron una jornada de huelga para el 18 de febrero.

Y la causa comienza a ganar adeptos en la red. Mientras, un grupo de trabajo designado por los jueces murcianos trabaja para dise?ar una estrategia para que la movilizaci¨®n sea un ¨¦xito. Idean tretas para que las salas de gobierno de los Tribunales Superiores y el CGPJ no puedan controlar las decisiones que se adopten en las juntas de jueces convocadas para debatir la convocatoria el 21 de enero. Declarar la huelga, seg¨²n la hoja de ruta dise?ada, obligaba a convocar asambleas similares a las de trabajadores que regula la ley y que s¨ª pueden votar los paros.

El plan lo ultiman los decanos de 15 ciudades en una reuni¨®n secreta celebrada el 10 de enero en los juzgados de la plaza de Castilla de Madrid. En ese encuentro se aprueban desde los documentos para elaborar el preaviso de huelga hasta los servicios m¨ªnimos. Paralelamente, por el correo electr¨®nico circula un documento que recaba apoyos individuales al Movimiento. Entre las firmas destacan nombres como el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, uno de los m¨¢s activos en el foro, y la ex decana de Barcelona Mar¨ªa Sanahuja.

Tres d¨ªas despu¨¦s, las cuatro asociaciones de jueces -Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente- asumen las peticiones de los decanos pero limitan la llamada a la huelga del Movimiento a un "acto de protesta" el 18-F, y posponen el paro al 26 de junio si no hay respuestas "satisfactorias" del Gobierno.

Pero el 21 de enero, en las juntas y asambleas no se discute la huelga, sino si se convoca para el 26 de junio o para el 18-F. M¨¢s de 800 jueces se decantaron por el movimiento 8 de octubre. El viernes se produjo una fractura en las asociaciones y dos de ellas -Francisco de Vitoria (565 afiliados) y Foro Judicial Independiente (265)- se desmarcaron de las otras dos y respaldaron la huelga el 18-F.