?Qu¨¦ har¨ªan en Alemania?

Por quinta vez consecutiva, la pr¨®xima cita electoral viene antecedida por un nuevo episodio de la porf¨ªa de la izquierda abertzale que no condena a ETA por burlar la proscripci¨®n de la Ley de Partidos y el intento de los poderes del Estado por evitarlo. A diferencia de lo que sucedi¨® hasta la ilegalizaci¨®n de Batasuna y sus otras marcas en 2003, ha desaparecido pr¨¢cticamente el debate jur¨ªdico sobre hasta d¨®nde puede llegar el sistema democr¨¢tico para protegerse de quienes tratan de aprovechar sus resortes para atentar contra la convivencia y cu¨¢les son los procedimientos adecuados. En su lugar, florece una controversia aprovechada y llena de apriorismos que s¨®lo conduce al destino previamente prefijado. Sin embargo, entre la simplona consideraci¨®n de que es ETA todo lo que pasa por sus alrededores y el angelismo de que la resignaci¨®n es la ¨²nica respuesta que le cabe a la democracia, existe una amplia franja para la discusi¨®n y la interpretaci¨®n, para la pol¨ªtica y la justicia.

Entre la simplona idea de todo es ETA y la par¨¢lisis hay margen para actuar

Los derechos de asociaci¨®n y participaci¨®n pol¨ªticas son elementos constitutivos de la ciudadan¨ªa, y su restricci¨®n, en consecuencia, s¨®lo puede plantearse en circunstancias extraordinarias. Pero no deja de ser excepcional la existencia de un partido sin censo de militantes cuyo elemento definitorio -m¨¢s all¨¢ de defender una Euskal Herria independiente y socialista- es considerar justificado "el accionar" de una organizaci¨®n terrorista, por utilizar el eufemismo de Arnaldo Otegi. Un accionar que tiene entre sus objetivos a todos los militantes de los partidos que la organizaci¨®n terrorista tacha como enemigos y que desde 1995, cuando ¨¦sta decidi¨® "socializar el sufrimiento", ha quitado la vida a 26 cargos electos y afiliados de esas formaciones pol¨ªticas.

La tolerancia c¨®mplice de Batasuna y marcas sucesivas ante una violencia dirigida desde 1997 a eliminar a sus adversarios es el motivo cabal de su ilegalizaci¨®n, despu¨¦s de que la justicia llegara, con pruebas y procedimientos m¨¢s o menos solventes -¨¦sa es otra discusi¨®n-, a la misma conclusi¨®n que proclaman a diario las formaciones nacionalistas m¨¢s cr¨ªticas con la ley de Partidos: que hay una sujeci¨®n de la c¨²pula de Batasuna, en sus orientaciones estrat¨¦gicas, a los dictados de una organizaci¨®n terrorista. En otras palabras, que en el MLNV las decisiones pol¨ªticas las tomas los militares. Por supuesto que chirr¨ªa el hecho de que un sector considerable de la sociedad vasca -alrededor de un 10% del censo electoral- pueda ver coartado su derecho de votar en las urnas a la formaci¨®n que desea. En los pr¨®ximos d¨ªas, el Tribunal Supremo o el juez Baltasar Garz¨®n habr¨¢n de decidir si existen motivos para anular por esa dependencia las nuevas criaturas promovidas por la izquierda abertzale. La agrupaci¨®n electoral Demokrazia 3 Milioi y el partido durmiente Askatasuna repiten el esquema del se?uelo y la apuesta buena que practic¨® con Aukera Guztiak y EHAK en las auton¨®micas de 2005 y con Abertzale Sozialistak (AS) y ANV en las municipales y forales de 2007.

Algunos discursos sin matices y la impugnaci¨®n aleatoria de listas de ANV que se hizo hace dos a?os, en los estertores del proceso de paz, no ayudan ciertamente a centrar en su meollo una cuesti¨®n que quiz¨¢ no se zanje siquiera con el pendiente pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el recurso presentado por Batasuna contra su ilegalizaci¨®n. Mientras tanto, los argumentos a favor o en contra se mueven m¨¢s en el ¨¢mbito de los prejuicios interesados que en el de los argumentos. Y el c¨¢lculo de los efectos que la presencia o ausencia del mundo de Batasuna en el nuevo Parlamento vasco va a tener en la continuidad o cambio del Gobierno terminan por contaminar el debate.

De las contradicciones no se libran los partidos nacionalistas, detractores absolutos de la mera posibilidad de que se proscriba un partido, aunque m¨¢ximos cortejadores de los votos que quedan hu¨¦rfanos de representaci¨®n por la anulaci¨®n de formaciones que pretenden ser continuadoras de las ilegalizadas por los tribunales. Habr¨ªa que ver si mantendr¨ªan ese criterio en el caso de que fueran sus militantes y cargos electos los asesinados por la vanguardia terrorista de un movimiento pol¨ªtico. Sin descartar la sinceridad del rechazo del PNV y EA a cualquier limitaci¨®n de derechos, lo cierto es que su postura de p¨²blica denuncia de la ilegalizaci¨®n resulta condici¨®n imprescindible para poder aspirar a recibir el voto ¨²til de quienes no quieren dirigirlo a una candidatura anulada.

El Tribunal Constitucional ha dejado establecido que los integrantes de partidos ilegalizados no pierden el derecho al sufragio pasivo, pero que "no procede ejercerlo sobre un partido que trata de continuar a la formaci¨®n ilegalizada". Lo cual retrotrae la discusi¨®n al punto de arranque. ?Cabe permitir la participaci¨®n electoral y financiar con fondos p¨²blicos a una formaci¨®n que no desaprueba una estrategia pol¨ªtico-militar que se traduce en la amenaza y el asesinato de los rivales pol¨ªticos por parte de su referente tot¨¦mico? Por supuesto que una contestaci¨®n negativa supone aceptar una exclusi¨®n excepcional en el sistema democr¨¢tico. Sin embargo, quienes se apresuran a responder afirmativamente deber¨ªan reflexionar antes sobre si una situaci¨®n como la que se da en Euskadi ser¨ªa aceptada en pa¨ªses tan impecablemente democr¨¢ticos como Alemania o Francia sin que sus instituciones aplicaran unos instrumentos legales similares a los que se han tenido que utilizar en Espa?a.