El Gobierno estudia ceder competencias de Costas para limitar demoliciones

El Ministerio de Medio Ambiente estudia si cede competencias de litoral a las comunidades y as¨ª mitiga el reguero de protestas por la Ley de Costas, que se extienden desde el cabo de Creus hasta Lanzarote. Seg¨²n fuentes pr¨®ximas al departamento de Elena Espinosa, la f¨®rmula podr¨ªa ser la que ya ha puesto en marcha la Xunta de Galicia (liderada por los socialistas gallegos, el partido de la ministra Elena Espinosa y del secretario general del Mar, Juan Carlos Mart¨ªn Fragueiro), en la que el Gobierno aut¨®nomo se atribuye competencias para influir en los deslindes de Costas, el tr¨¢mite que delimita la zona p¨²blica y la privada de litoral. El ministerio dice que sus servicios jur¨ªdicos analizan si la norma auton¨®mica, publicada hace s¨®lo una semana, invade competencias y que a¨²n no tiene una decisi¨®n sobre si la recurrir¨¢ al Constitucional.

Medio Ambiente dice que a¨²n no ha decidido si recurrir¨¢ la norma de Touri?o

El Gobierno afirma que no planea reformar a fondo la Ley de Costas, de 1988, pero comunidades aut¨®nomas gobernadas por los socialistas han empezado a dar pasos en esa direcci¨®n. El Parlamento gallego aprob¨® el pasado noviembre una enmienda a la Ley de Vivienda auton¨®mica para que la Ley de Costas respete los "n¨²cleos rurales preexistentes".

La Ley de Costas fija para los "terrenos clasificados como suelo urbano" en 1988 que "la anchura de la servidumbre de protecci¨®n ser¨¢ de 20 metros" y de 100 metros para los que no estaban declarados urbanos. Es decir, que despu¨¦s de la playa debe haber una franja en la que no se pueden levantar casas, salvo que a la entrada en vigor de la ley ya estuviera clasificada como urbanizable. El reglamento posterior y varias sentencias ampl¨ªan la condici¨®n de urbano a terrenos que, de hecho, estuviesen construidos en 1988.

Galicia pretende que "los deslindes del dominio p¨²blico mar¨ªtimo terrestre" se ajusten a la "realidad urban¨ªstica preexistente reconocida expresamente por la Administraci¨®n auton¨®mica". As¨ª, la Xunta influir¨¢ sobre si en el deslinde de Costas la servidumbre de protecci¨®n se fija a 100 o a 20 metros y as¨ª podr¨¢ salvar cientos de viviendas, por ejemplo, en Mar¨ªn (Pontevedra).

En este pueblo, unas 300 viviendas al borde del mar est¨¢n amenazadas. Son en su mayor¨ªa casas de pescadores con m¨¢s de cien a?os. Un informe jur¨ªdico del Consejo Econ¨®mico y Social gallego tumb¨® la revisi¨®n urban¨ªstica que emprendi¨® la Xunta en febrero de 2008 para legalizarlas. La de Mar¨ªn es la m¨¢s significativa de las protestas que genera en Galicia la ejecuci¨®n de los deslindes, pero no la ¨²nica. El ministerio ha conseguido aplicarlos en el 80% del litoral de forma silenciosa, pero el 20% restante que est¨¢ en tr¨¢mites se ha convertido en un problema pol¨ªtico de primera envergadura para el Gobierno de Emilio P¨¦rez Touri?o. El 83% del litoral espa?ol est¨¢ ya deslindado.

Aunque oficialmente el ministerio a¨²n est¨¢ estudiando si recurre o no la ley gallega, fuentes pr¨®ximas al Ejecutivo afirman que la reforma estaba negociada de antemano y que, salvo esc¨¢ndalo, el equipo de Espinosa acepta esa f¨®rmula, que se podr¨¢ extender a otras autonom¨ªas.