El Gobierno pedir¨¢ a la fiscal¨ªa que investigue los malos tratos a ni?os
Las autonom¨ªas afirman que ignoraban las irregularidades denunciadas
Las irregularidades que se?ala el informe del Defensor del Pueblo sobre los centros de protecci¨®n de menores tienen tal calado -se habla de celdas de aislamiento o castigos f¨ªsicos para tratar a los j¨®venes tutelados con serios problemas de conducta- que la ministra de Educaci¨®n y Pol¨ªtica Social, Mercedes Cabrera, pedir¨¢ a la Fiscal¨ªa General del Estado que investigue las denuncias de malos tratos. "Dada la importancia" de los hechos, el Gobierno no puede quedarse al margen, explic¨® Cabrera, a pesar de que son las comunidades aut¨®nomas las que tienen competencias sobre estos centros.
Las comunidades, por su parte, tambi¨¦n se han apresurado a salir al paso del informe, intentando calmar los ¨¢nimos diciendo que en su comunidad todo est¨¢ bien, como ha hecho la Generalitat de Catalu?a, o prometiendo investigaciones y expedientes, como ha hecho el Gobierno valenciano.
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Los responsables catalanes dicen que s¨®lo responden ante ¨®rganos auton¨®micos
"A veces ven¨ªa a jugar escayolado y nos dec¨ªa que le retorc¨ªan el brazo por detr¨¢s cuando se portaba mal". El testimonio es de un compa?ero -que prefiere no dar su nombre- de equipo de f¨²tbol sala de uno de los chavales que reside en el centro de menores Baix Maestrat (Vinar¨°s), uno de los peor parados en el informe del Defensor del Pueblo.
El estudio acusa a los trabajadores de estas instalaciones, gestionadas por la Fundaci¨®n O'Belen, de dar a los ni?os "collejas educativas" y hacer "muchas contenciones y de forma muy agresiva". Ayer, nadie del centro quiso dar explicaciones y remitieron a la entidad o a la Consejer¨ªa de Bienestar Social.
Y la consejer¨ªa ha respondido con la apertura de una investigaci¨®n al centro de Vinar¨°s y al de L'Olmet, en Elche, tambi¨¦n de la Fundaci¨®n O'Belen. El Gobierno valenciano asegura que visit¨® el primero en 2008, y el segundo en 2007. "Tambi¨¦n hay controles de la fiscal¨ªa a menudo, no est¨¢n dejados de la mano de Dios", a?adieron.
"Nunca hemos vulnerado los derechos de los ni?os ni los hemos tenido una semana sin ir al colegio", asegur¨® ayer una portavoz del Departamento de Acci¨® Social y Ciudadan¨ªa de la Generalitat catalana, que dirige Carme Capdevila (ERC). La misma portavoz neg¨® de forma categ¨®rica los tratos degradantes y las cr¨ªticas que contiene el documento a centros de menores de la comunidad. "La Generalitat tiene competencias plenas en materia de infancia y adolescencia y las ¨²nicas instituciones a las que hemos de dar cuenta son la Fiscal¨ªa de Menores y al S¨ªndic de Greuges (la versi¨®n catalana del Defensor del Pueblo). Y nunca han emitido ninguna cr¨ªtica", a?adi¨®.
Sin embargo, el S¨ªndic de Greuges, Rafael Rib¨®, declin¨® pronunciarse ayer sobre el estado de los centros y se remiti¨® a un informe que est¨¢ elaborando esa instituci¨®n y que presentar¨¢ dentro de unos meses. Los tres centros a los que se refiere el informe del Defensor del Pueblo son Els Castanyers, Can Rubi¨® y El Pedrenyal, ambos situados en poblaciones de la provincia de Barcelona.
En Castilla-La Mancha, el informe del Defensor del Pueblo se?ala "deterioro general" en el centro Casa Joven Juan Carlos I, gestionado por la Fundaci¨®n O'Belen en Azuqueca de Henares (Guadalajara), y tambi¨¦n critica el centro Nuestra Se?ora de la Paz, en Villaconejos de Trabaque (Cuenca). El responsable auton¨®mico de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, asegur¨® que no se hab¨ªan producido denuncias de los trabajadores, pero que est¨¢ dispuesto a adoptar algunas de las recomendaciones del informe.
Desde Arag¨®n, el jefe del Servicio de Protecci¨®n a la Infancia y a la Adolescencia, Jos¨¦ Manuel Casi¨®n, asegur¨® que entend¨ªa que el estudio, por su gravedad, causara "alarma social", pero insisti¨® en que nada de lo denunciado en el texto ocurre en Arag¨®n.
Varias ONG, como Unicef, pidieron que se esclarezcan r¨¢pidamente las acusaciones del informe. Los sindicatos UGT y CC OO reclamaron m¨¢s medios y mayor supervisi¨®n. La portavoz parlamentaria del PP, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, reclam¨® al fiscal general del Estado, C¨¢ndido Conde Pumpido, que explique si hab¨ªa detectado alguna de las irregularidades de las que se hablan.
Con informaci¨®n de Pere R¨ªos, Mar¨ªa Fabra y Cristina Medina.
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