Un experto contratado por Mijas plantea regularizar casi todas las viviendas ilegales

Un experto aconseja reclasificar todo el suelo de las 8.000 viviendas irregulares de Mijas (M¨¢laga), excepto de las que ocupen suelos protegidos. En un informe, encargado por el Ayuntamiento mije?o, el profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla Jes¨²s Jordano aconseja al gobierno municipal, del PSOE, que firme un acuerdo con la Junta de Andaluc¨ªa para regularizar las viviendas. Tambi¨¦n le sugiere que inicie un plan de inspecci¨®n centrado en el lucro derivado de las construcciones ilegales y deje al margen las viviendas de primera residencia.

Para empezar, el jurista ha aconsejado al consistorio que haga un cat¨¢logo de viviendas irregulares, como se hizo en ocho municipios del Valle de Almanzora (Almer¨ªa), donde hay unas 5.000 construcciones. Una vez hecho, propone que las viviendas aisladas en suelo no urbanizable se reclasifiquen en "suelo no urbanizable de h¨¢bitat rural diseminado" y que las viviendas en suelo no urbanizable que est¨¦n agrupadas pasen a ser "suelos urbanos no consolidados". Este cambio supondr¨ªa la regularizaci¨®n de las casas ilegales. Mijas tiene unas 300 construcciones insalvables, seg¨²n c¨¢lculos municipales.

El experto aboga por que cesen las sanciones a los due?os de viviendas ilegales que no han ejecutado los derribos ordenados por el Ayuntamiento. "No procede instar a la legalizaci¨®n y la subsiguiente imposici¨®n de multas coercitivas", opina Jordano. La suspensi¨®n de los procedimientos sancionadores abiertos puede abordarse en los convenios de colaboraci¨®n que el Consistorio debe impulsar, y en los que deber¨ªan participar los afectados, como ocurri¨® en otros municipios.

Desde hace un a?o, unos 2.000 propietarios de viviendas irregulares con expedientes de demolici¨®n abiertos reclaman una soluci¨®n para legalizarlas sin recurrir a los derribos. El Consistorio mije?o ordena la demolici¨®n, y la negativa les supone una multa por el 10% del valor de tasaci¨®n de su casa. El concejal del PP Manuel Navarro alab¨® que el informe defienda la suspensi¨®n de los expedientes, algo que la oposici¨®n ya propuso en julio.

El informe deja claro que la soluci¨®n definitiva "escapa del propio Ayuntamiento", porque los procesos de regularizaci¨®n se incluyen en el Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU), y sobre estos documentos tiene la ¨²ltima palabra la Junta de Andaluc¨ªa. A¨²n as¨ª, propone "soluciones puente" para reconducir el problema hasta que se apruebe la revisi¨®n del PGOU.

Entre ellas est¨¢ la posibilidad de legalizar "como actuaciones de inter¨¦s social" las viviendas diseminadas construidas antes de 2005, fecha en la que entr¨® en vigor la Ley de Vivienda y Suelo, aplic¨¢ndoles criterios similares a los de concesi¨®n de viviendas de protecci¨®n oficial. Jordano subraya que la opci¨®n no tiene jurisprudencia en contra, aunque s¨ª riesgos. "No debe ser emprendida sin el consenso de la Junta por elementales razones de seguridad jur¨ªdica", considera el jurista.