Campo de las Naciones

?Todo es ETA, como a veces se simplifica a prop¨®sito de la anulaci¨®n de candidaturas de la izquierda abertzale? Desde luego, no todos los componentes de esas candidaturas son militantes de ETA, como tampoco lo eran todos los de Batasuna cuando fue ilegalizada. La l¨®gica de aquella decisi¨®n, a veces oscurecida por la tortuosa prosa judicial, es que Batasuna act¨²a como correa de transmisi¨®n de ETA a trav¨¦s de una coordinaci¨®n clandestina (antes llamada KAS y luego Ekin); y que algunos dirigentes de Batasuna son a la vez miembros de ETA

A trav¨¦s de esos mecanismos el brazo pol¨ªtico (y otros colectivos del entorno civil de ETA) se supedita a las decisiones del brazo militar, que tiene la ¨²ltima palabra. De esto hay pruebas numerosas (actas de KAS, grabaciones...) en las diligencias del juez Garz¨®n que dieron fundamento a la suspensi¨®n y ulterior ilegalizaci¨®n de Batasuna. Por tanto, s¨®lo con muchos matices puede decirse que todo es ETA, o que Batasuna y ETA son lo mismo; pero s¨ª puede sostenerse que existe una supeditaci¨®n sin matices de Batasuna a ETA.

Es ETA la que distorsiona con su acoso selectivo la representaci¨®n popular

Antes de que den las doce de la noche el Tribunal Constitucional debe resolver hoy el recurso presentado por las candidaturas anuladas. Sus abogados han empleado como elemento central de su argumentaci¨®n, seg¨²n informaba Gara el martes, un informe reciente del Relator de la ONU Martin Scheinin, que estuvo en el Pa¨ªs Vasco en mayo pasado, en el que muestra su inquietud ante la posibilidad de una interpretaci¨®n extensiva del concepto de terrorismo en la legislaci¨®n espa?ola. Las limitaciones a la participaci¨®n pol¨ªtica "deben ser de car¨¢cter estrictamente excepcional", sostiene; y alerta contra el riesgo de que esas limitaciones se apliquen a partidos que "aunque compartan la orientaci¨®n pol¨ªtica de una organizaci¨®n terrorista, no apoyan el empleo de m¨¦todos violentos".

Acaba de publicarse un libro sobre Ilegalizaci¨®n de partidos pol¨ªticos en las democracias occidentales, de los profesores J. Corcuera, J. Tajadura y E. V¨ªrgala (Dykinson. Madrid. 2008) que compara las respuestas dadas en una docena de pa¨ªses al problema de la legalidad y participaci¨®n electoral de fuerzas antisistema. Hay legislaciones que ponen el acento en la ilicitud de los fines -aquellos que supondr¨ªan la eliminaci¨®n de los principios democr¨¢ticos b¨¢sicos-. En Espa?a la ley se fija preferentemente en los medios, violentos o pac¨ªficos.

La recomendaci¨®n del Relator de la ONU ?es aplicable a Batasuna? ?Se trata de un partido que, aunque comparta fines con ETA, "no apoya el empleo de m¨¦todos violentos". En una sentencia de mayo de 2004, el Constitucional dej¨® sentado que desde el momento en que exista la "sospecha fundada" de connivencia con el terror, ser¨ªa de esperar "una declaraci¨®n inequ¨ªvoca de distanciamiento, rechazo y condena" de las acciones terroristas. Y en otra de marzo de 2005 que, si bien la "negativa a condenar expresamente el terrorismo no es indicio bastante", la "condena inequ¨ªvoca" s¨ª es un "contraindicio" contra la sospecha de connivencia.

Batasuna y sucesores han tenido mil ocasiones -la ¨²ltima, tras el bombazo del lunes en el Campo de las Naciones de Madrid- para desmarcarse en esos t¨¦rminos de los atentados, y han optado por no hacerlo. Cuando est¨¢n pendientes los recursos contra la anulaci¨®n de candidaturas, ese atentado supone una reafirmaci¨®n de autoridad de ETA: que quede claro que el derecho de participaci¨®n pol¨ªtica que se reclama no implica renunciar a la violencia.

Los votantes de Batasuna est¨¢n en su derecho de negarse a apoyar a partidos independentistas legales. Pero no podr¨¢n ignorar que lo que les distancia de esos partidos no es sustancialmente la ideolog¨ªa, sino el apoyo o no al terrorismo. Y si es cierto que la ausencia de candidaturas de ese sector, que recibi¨® el apoyo del 12% en 2005, distorsiona en alguna medida la representaci¨®n popular, m¨¢s la ha distorsionado desde hace a?os la sustancial desigualdad de oportunidades que supone la presencia en la competici¨®n de un partido asociado a una banda que amenaza, acosa y asesina a los candidatos y cargos electos de sus contrincantes pol¨ªticos.

La normativa sobre ilegalizaciones es excepcional porque lo es esa situaci¨®n de acoso selectivo que condiciona la pol¨ªtica vasca. Tambi¨¦n es imperfecta, lo que da lugar a contradicciones en su aplicaci¨®n. Pero deducir de ello que la anulaci¨®n de listas es una maniobra para eliminar contrincantes pol¨ªticos revela mezquindad; y cierta incoherencia en quienes lo dicen tras lamentar la incapacidad de la izquierda abertzale para sacudirse el yugo de ETA.