El pacto pendiente del bienestar social

Los servicios sociales vascos han logrado basar su proyecto sobre la b¨²squeda de acuerdos, un logro casi excepcional en una comunidad en que las diferencias y los enfrentamientos lo impregnan casi todo desde hace al menos una d¨¦cada. La ley de Servicios Sociales fue aprobada en diciembre pasado con el apoyo del tripartito y los socialistas. EHAK present¨® una enmienda a la totalidad; el PP se mostr¨® contrario, pero s¨®lo en materia de financiaci¨®n e inspecci¨®n, y Aralar se abstuvo. Falta de su desarrollo reglamentario posterior, en un sector adem¨¢s en que las competencias est¨¢n dispersas entre ayuntamientos, diputaciones y el propio Gobierno, la ley s¨®lo representa un buen documento de partida.

El coste de la atenci¨®n social se acerc¨® en 2008 a los 2.000 millones

"La atenci¨®n social ha de ser el cuarto pilar del Esrado del Bienestar"

La precariedad en el empleo llega al 50% y trabaja mucho mileurista

Profesionales, expertos y voluntarios que trabajan en este sector recalcan que todav¨ªa falta por conseguir el gran pacto sobre el bienestar social que transforme el derecho subjetivo de acceder al sistema p¨²blico de servicios sociales en una oferta de calidad al ciudadano. Tal pacto deber¨ªa, adem¨¢s, ordenar la ca¨®tica situaci¨®n laboral de miles de trabajadores precarios y mileuristas que atienden a la parte m¨¢s vulnerable de la sociedad. "Los cimientos del sistema ya est¨¢n puestos. Ahora queda el reto de desarrollar la ley con una reordenaci¨®n cualitativa de los servicios sociales hasta convertirlos en un pilar del Estado del Bienestar, como la Educaci¨®n o la Sanidad", explica Fernando Fantova, consultor especializado desde hace a?os en este sector.

Supone un trabajo enorme, teniendo en cuenta que el sector ha crecido pr¨¢cticamente por agregaci¨®n durante los ¨²ltimos veinte a?os, con cierto desorden y muchas dosis de voluntarismo. Adem¨¢s, ha logrado una dimensi¨®n considerable y crece a un ritmo del 15% anual, convirti¨¦ndose en un motor presente y futuro de desarrollo.

Desde 1994, la cobertura de plazas residenciales se ha multiplicado por 1,6 y las de asistencia domiciliaria, por 3,3. La cobertura de los centros de atenci¨®n diurna casi se ha quintuplicado entre 1988 y 2006. El impacto del gasto en servicios sociales en el PIB ha pasado del 1% al 2,4% en ese mismo periodo. El 70% de ese incremento se ha producido desde el a?o 2000. Un total de 33.824 unidades familiares cobran la Renta B¨¢sica y otras 26.094 perciben las ayudas de emergencia social. Todas ellas est¨¢n consideradas en situaci¨®n o riesgo de pobreza o exclusi¨®n. El sector ocupa a unas 23.000 personas, frente a las 6.000 de hace veinte a?os. Toda una explosi¨®n.

El propio desarrollo social, con la prolongaci¨®n de la esperanza de vida y los cambios en la estructura familiar y en los h¨¢bitos ciudadanos que ha tra¨ªdo consigo han sido los que han motivado este intenso crecimiento de necesidades y los que, si no se ordenan los recursos, pueden afectar seriamente al propio Estado del Bienestar.

Ante el aumento de la demanda y de las necesidades, los expertos estiman que es necesario afrontar varios retos para que la universalizaci¨®n de la asistencia social que consagra la ley sea una realidad. "El primer reto a partir de ahora es pactar un cat¨¢logo de prestaciones y fijar la cartera de servicios con un decreto que transforme el derecho subjetivo que plantea la ley en un listado objetivo", destaca Fantova.

La ley de Servicios Sociales, pero sobre todo su reglamento, tienen que transformar un sistema que ha crecido hasta ahora casi sobre la beneficencia en otro nuevo construido sobre el derecho de los ciudadanos a recibir apoyos y servicios y sobre la responsabilidad p¨²blica para la cobertura de esas necesidades.

"Los servicios sociales tienen que dejar de ser vistos como algo casi vergonzoso a los que se acude en situaciones de fracaso social. Deben evolucionar hacia un servicio al que tarde o temprano vamos a tener que acudir todos, como cuando vamos a estudiar, o al m¨¦dico", asegura un profesional de la asistencia a domicilio.

El segundo gran reto pendiente para la pr¨®xima legislatura pasa por normalizar las relaciones con el sector privado y articular las herramientas previstas para ello, como la creaci¨®n de un Observatorio de los Servicios Sociales, un sistema ¨²nico de informaci¨®n centralizada y transparente de los recursos, y la creaci¨®n de la alta inspecci¨®n.

Para garantizar la provisi¨®n de servicios, la ley establece que las administraciones p¨²blicas podr¨¢n articular formas de gesti¨®n con la iniciativa privada, como la concertaci¨®n (prestaci¨®n de servicios privados con dinero p¨²blico sostenidos en el tiempo), convenios de colaboraci¨®n o contratos de gesti¨®n.

Fruto de la tardanza de la ley es que el bienestar social se halla, en buena medida, subcontratado. La precariedad del empleo se sit¨²a en torno al 50%, y el sueldo medio no llega a los mil euros. Existe un volumen mayoritario de contratos en la ayuda a domicilio de apenas un mes de duraci¨®n, que cotizan por el tiempo de servicio, pero no tienen en cuenta los desplazamientos, que pueden llegar a suponer un 30% del tiempo total.

Al acabar cada mes, el empleado se queda sin derecho a vacaciones, ni antig¨¹edad, ni derechos consolidados. La mayor¨ªa de empresas que prestan este tipo de servicios son privadas concertadas con las diputaciones, aunque quienes pagan finalmente son los ayuntamientos.

Los sindicatos creen que parte del pacto pendiente pasa por regular esta situaci¨®n, m¨¢s cuando la propia ley prioriza los servicios personales frente a la prestaciones econ¨®micas. Tanto unos como otras tendr¨¢n car¨¢cter universal y consistir¨¢n en medidas t¨¦cnicas como informaci¨®n, valoraci¨®n, diagn¨®stico, orientaci¨®n, atenci¨®n dom¨¦stica y personal, y acompa?amiento social, pero remarcando esa primac¨ªa de la asistencia.

Uno de los principales problemas para abordar un gran acuerdo que desarrolle la ley es el reparto de competencias, y el hecho de que todav¨ªa no est¨¦ aprobada la ley Municipal. Pr¨¢cticamente todos los grupos coinciden en que los servicios sociales de base municipales necesitan ampliarse, porque "generan cuellos de botella" ante la creciente demanda. Sin embargo, sin un marco legal de referencia que establezca con claridad las competencias "estamos frenando el desarrollo", coinciden socialistas, peneuvistas y PP con ligeros matices entre ellos.

Y, sobre todo, cuando la propia ley configura el sistema como una red dise?ada para prevenir y constatar situaciones de dependencia, desprotecci¨®n o emergencia, y atender las necesidades sociales derivadas de ellas. Todos los consultados coinciden en que es una gran ley, pero recuerdan la vieja senatencia: "Haga usted la ley, que ya me encargar¨¦ yo del reglamento".