Regular el copago

Fernando Fantova cree que regular y definir el copago es otra de las tareas pendientes para la pr¨®xima legislatura. El copago es uno de los aspectos que m¨¢s pol¨¦mica gener¨® durante el debate de la ley de Servicios Sociales, que establece que los ciudadanos van a tener que pagar una parte de los servicios sociales que requieran.

Es un recurso al que se llega tras comprobar que los fondos necesarios para hacer realidad el modelo que dise?a la ley son muchos, y se requiere de un esfuerzo p¨²blico muy grande, pero tambi¨¦n de los usuarios, en determinadas circunstancias, para mantener el sistema.

El caso es que est¨¢ todav¨ªa por precisar c¨®mo se financia el sistema. Hasta ahora, el 71% de los costes los asume la Administraci¨®n p¨²blica, otro 15% empresas y entidades sin ¨¢nimo de lucro, y hay un 14,40% que ya est¨¢n financiado los propios usuarios como complemento al gasto p¨²blico. La mayor parte del copago se hace para completar el coste de las plazas en residencias de ancianos.

El sector en un motor presente y futuro que crece casi un 15% anual

Es decir, s¨®lo en el subsector de las residencias, el copago supondr¨ªa casi el 40% de la financiaci¨®n, pero extendido al total del sistema se queda situado en un 14,40%.

S¨®lo el a?o pasado el coste de los servicios sociales en Euskadi se acerc¨® a los 2.000 millones de euros, con lo que el copago ascendi¨® a unos 300 millones, una cantidad similar a la que aportaron empresas sin ¨¢nimo de lucro y diversas sociedades privadas.

En cuanto al copago, la ley excluye que se utilice la primera vivienda para ese fin, salvo que la casa sea lujosa y tenga un valor excepcional. En cualquier caso, la ley remite al reglamento todav¨ªa por desarrollar para establecer esas cargas.

Joseba Zalakain, del Centro de Documentaci¨®n y estudios SIIS, explica en una reciente publicaci¨®n sobre los servicios sociales que "obtener los recursos adicionales" para hacer un sistema de calidad "exige alcanzar un gran acuerdo social, un pacto de pa¨ªs por el cual todos los agentes implicados -institucionales, sociales, empresariales y tambi¨¦n la ciudadan¨ªa en su conjunto- asuman los deberes y responsabilidades que toda ampliaci¨®n de derechos lleva impl¨ªcita".