El TSJ resuelve en una semana 7 a?os del 'caso Mercalicante'

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valencina ha acordado exculpar a Luis D¨ªaz Alperi, ex alcalde de Alicante y ahora diputado auton¨®mico del PP, de la causa abierta sobre el desfalco de seis millones de euros en la empresa p¨²blica Mercalicante. El agujero se descubri¨® en 2002, con D¨ªaz Alperi al frente del consejo de administraci¨®n de la entidad.

Juan Montero, magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ, dict¨® el auto de sobreseimiento parcial de Alperi de la causa el jueves, justo una semana despu¨¦s de que el alto tribunal se declarara competente para investigar los hechos, dada la condici¨®n de aforado del ex alcalde.

El magistrado s¨®lo ha necesitado de ese lapso de tiempo (siete d¨ªas) para pronunciarse sobre un sumario que, seg¨²n recoge su propio auto, cuenta con "10.866 folios, en las diligencias previas y con seis [no cuatro] cajas de documentaci¨®n y una maleta".

La celeridad del magistrado del TSJ contrasta, en cambio, con el cansino ritmo de la instrucci¨®n de las diligencias que dirigi¨® la titular del juzgado n¨²mero de 1 de Alicante, Cristina Costa. La juez instruy¨® el sumario desde septiembre de 2002, cuando se arrest¨® al principal acusado, el ex gerente de Mercalicante, Jos¨¦ Emilio Clavero, hasta noviembre de 2008, cuando remiti¨® la causa al TSJ por el aforamiento de Alperi.

La juez y el fiscal, el titular de Anticorrupci¨®n de Alicante, Felipe Briones, coincidieron en imputar a Alperi por los delitos societarios y de malversaci¨®n de caudales. El TSJ, por el contrario, no haya "indicios" de esos delitos en la actuaci¨®n del ex alcalde.En al auto de sobreseimiento de D¨ªaz Alperi del desfalco de Mercalicante, el magistrado Montero, aparte de se?alar los argumentos jur¨ªdicos de la exculpaci¨®n, analiza el proceso de la instrucci¨®n para concluir que se ha "producido una dilaci¨®n indebida", que imputa a la juez y las acusaciones, especialmente al fiscal anticorrupci¨®n.

El magistrado descarta el delito de malversaci¨®n de fondos "porque no hay una verdadera imputaci¨®n". Y respecto al delito societario, Montero se?ala que "D¨ªaz Alperi s¨®lo podr¨¢ ser cooperador necesario si act¨²a tambi¨¦n dolosamente, no si actuaba imprudentemente". Para el magistrado, esa condici¨®n de dolo no se produjo: "No existe ni siquiera un elemento desde el que poder llegar a la conclusi¨®n de que todos los integrantes de la comisi¨®n ejecutiva (pero ninguno del consejo de administraci¨®n) estaban conjurados para poder realizar conjunta y dolosamente actos que puedan incluirse en la noci¨®n de cooperaci¨®n necesaria en el delito societario", recoge el auto.

El razonamiento de Montero contrasta con la exposici¨®n razonada del auto de la juez mediante el que traslad¨® el caso al TSJ. En ese escrito la magistrada se?alaba que Alperi estaba al tanto del uso indebido de fondos (pr¨¦stamos por 1,2 millones de euros) de la empresa. "Ese destino de los fondos para fines distintos de los de Mercalicante, y amparados en la supuesta necesidad de obtener los pr¨¦stamos para financiar las obras y dem¨¢s proyectos expansivos, no pudieron ser desconocidos por quienes autorizaron la suscripci¨®n, ya fuera por el actual aforado o el vicepresidente segundo [el edil del PP Juan Zaragoza] que estamp¨® su firma en los pr¨¦stamos y que derivaron en p¨¦rdidas".

Mientras, el fiscal Felipe Briones, en su informe de competencia, aseguraba que la comisi¨®n ejecutiva de Mercalicante, tambi¨¦n presidida por Alperi, "se convirti¨® en el instrumento que gener¨® gran parte de las irregularidades y propici¨® un ambiente de descontrol". Para Briones, la comisi¨®n acab¨® convirti¨¦ndose en una "administraci¨®n paralela que realiz¨® una actuaci¨®n opaca frente al consejo".

El magistrado aprovecha la primera parte del apartado de razonamientos jur¨ªdicos para analizar el desarrollo de las diligencias en el juzgado. Montero concluye que durante ese proceso se ha vulnerado el derecho de los imputados a "proceso sin dilaciones indebidas". "La vulneraci¨®n aumentar¨ªa, sin duda y adem¨¢s de modo in¨²til, si se actuara como se pretende por las acusaciones populares y, especialmente por el ministerio fiscal, para los cuales estamos todav¨ªa ante una instrucci¨®n inacabada que necesita ser completada", expone Montero. El magistrado apela la coherencia de las partes y suelta un nuevo aldabonazo a Briones: "La instrucci¨®n ha estado paralizada, sin realizar acto alguno de investigaci¨®n durante meses, bien porque el titular del juzgado no las ha acordado, bien porque las partes acusadoras, incluido el fiscal, no las ha pedido. Especialmente el fiscal, que ha permanecido durante meses y meses inactivo".

La Fiscal¨ªa de Alicante rechaz¨® responder al auto. "Lo estudiaremos, antes de decidir si lo recurrimos", dijo lac¨®nicamente Juan Carlos L¨®pez Coig, teniente fiscal.

Quienes s¨ª se han pronunciado ya sobre el auto han sido las acusaciones populares que ejercen el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alicante y Jos¨¦ Luis Vald¨¦s, dirigente del movimiento vecinal que present¨® la primera denuncia en los juzgados tras conocerse el desfalco. Ambas partes han anunciado que recurrir¨¢n la exculpaci¨®n de Alperi.