Un Ayuntamiento fuera de control

Ediles que ingresan en su cuenta cheques de una empresa beneficiada por contratos del Ayuntamiento, porque el gerente es compa?ero de partido. Hermanos de concejales bendecidos con obras municipales que cobran, incluso, sin necesidad de hacerlas. Viviendas construidas sin licencia, sin agua o sin luz, donde los compradores pasean de noche al perro con linterna y lanzan cables por la carretera hasta el dep¨®sito de agua m¨¢s cercano. Urbanizaciones que no aparecen en los mapas, es decir, en los planes de ordenaci¨®n urbana. Es una peque?a muestra de las irregularidades que un juez casi reci¨¦n llegado, Luis Acayro, ha detectado en Castro Urdiales (Cantabria), un municipio a 35 kil¨®metros de Bilbao, refugio de muchos vascos y nido de constructores en racha, que en 15 a?os ha cuadruplicado su poblaci¨®n. Gobernado por un alcalde tr¨¢nsfuga del Partido regionalista de Cantabria (PRC), Fernando Muguruza, es un ayuntamiento fuera de control, seg¨²n un informe del Tribunal de Cuentas.

El regidor y su predecesor fueron detenidos por prevaricaci¨®n

El Tribunal de Cuentas fue incapaz de averiguar las licencias concedidas

El juez ha detectado indicios de delitos contra la ordenaci¨®n del territorio, contra el patrimonio hist¨®rico, de prevaricaci¨®n, cohecho, tr¨¢fico de influencias, malversaci¨®n de fondos p¨²blicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y estafa. La lista de detenciones (18) es a¨²n m¨¢s larga y salpica a casi todos los partidos. Est¨¢n imputados, entre otros, el alcalde, su predecesor, Rufino D¨ªaz Helguera (expulsado del PSOE y hoy concejal de obras), cuatro ediles de la corporaci¨®n actual y seis de la anterior, una docena de t¨¦cnicos y funcionarios y siete promotores. El juez investiga irregularidades cometidas en m¨¢s de 30 ejecuciones urban¨ªsticas. Ocupan m¨¢s de 3.000 folios.

De momento, el juez ha dictado dos autos de procesamiento. El primero, de septiembre de 2008, contra el alcalde, el concejal de Hacienda (PP), la de Cultura (PP) y los ex ediles de Obras (IU), Medio Ambiente (PP) y Deportes (IU), entre otros, por prevaricaci¨®n y tr¨¢fico de influencias. Adjudicaron sin concurso las obras de acondicionamiento del t¨²nel de Mio?o a una empresa, que "ni era especializada en el sector", seg¨²n el auto, pero cuyo gerente era hermano del entonces concejal de Industria. La empresa, Izeta, cobr¨® 58.765 euros por las obras, que nunca llegaron a terminarse. El t¨²nel est¨¢ actualmente cerrado por ser peligroso.

La investigaci¨®n se centra ahora en cuatro promociones de viviendas levantadas sobre el cauce de un arroyo, es decir, sobre lo que podr¨ªa ser terreno p¨²blico. De confirmarse, las casas, muchas ya vendidas (los compradores pagaron a Urdicam, una de las promotoras, grandes cantidades en dinero negro, seg¨²n fuentes conocedoras de la investigaci¨®n) ser¨ªan ilegales y susceptibles de derribo. Por eso el juez exigi¨® a los gestores de Urdicam una fianza de m¨¢s de 4,8 millones de euros. Adem¨¢s, la licencia de obra es posterior al certificado de fin de obra del arquitecto. El consistorio autoriz¨® la construcci¨®n cuando ya estaba terminada.

Para que respondieran por este cap¨ªtulo de irregularidades fueron detenidos recientemente el alcalde, su predecesor y el ex secretario municipal, C¨¦sar S¨¢iz. Dos abogados acompa?aron a Muguruza. Uno de ellos, Luis Revenga, es miembro del consejo de administraci¨®n de la empresa editora del Diario Monta?¨¦s, un peri¨®dico que ha dedicado varios art¨ªculos al juez. En uno de los m¨¢s recientes, titulado "El juez Acayro, protagonista de una controvertida y medi¨¢tica instrucci¨®n" le advert¨ªan: "En Castro no todas las miradas est¨¢n puestas en Muguruza y sus socios. Otros apuntan al juez".

Tras quedar en libertad, Muguruza manifest¨® su "decepci¨®n con la justicia espa?ola" y asegur¨® haber actuado siempre conforme a lo que le hab¨ªan indicado los t¨¦cnicos. Sin embargo, est¨¢ personado como acusaci¨®n particular en la causa Fernando Urruticoechea, interventor del municipio entre 2001 y 2006. Asegura que lo hace "para defender el patrimonio de Castro Urdiales", despu¨¦s de que en el ayuntamiento le hicieran "la vida imposible" por elaborar informes en los que manifestaba "las flagrantes ilegalidades que pretend¨ªan llevar a cabo". Otro empleado fue hospitalizado con una crisis nerviosa por el acoso de sus superiores, seg¨²n denunci¨® IU. Ya no vive en Castro Urdiales.

Fueron los informes de Urruticoechea los que pusieron en marcha al Tribunal de Cuentas. El PP, entonces en la oposici¨®n, se los envi¨® al tribunal en enero de 2003, pero cuando ¨¦ste entreg¨® sus conclusiones, en julio de 2008, la situaci¨®n hab¨ªa cambiado: el PP hab¨ªa acaparado poder gracias a un acuerdo con el alcalde tr¨¢nsfuga. Y el informe del tribunal no fue difundido.

El Tribunal arranca quej¨¢ndose porque el Ayuntamiento no les da los documentos que piden. La "falta de control y de procedimientos normalizados en la concesi¨®n de licencias urban¨ªsticas", con el consiguiente "riesgo de actuaciones discrecionales", explican, les impide averiguar cu¨¢ntas se hab¨ªan concedido entre 2002 y 2005. Destacan que el consistorio ha renunciado a miles de metros de aprovechamientos urban¨ªsticos (lo que los promotores deben cederle en cada urbanizaci¨®n) o su equivalente econ¨®mico, varios millones de euros. Y c¨®mo desde 1991 hasta 2005 s¨®lo se aprobaron dos presupuestos con "omisiones e inconsistencias".

El dossier de irregularidades, de m¨¢s de 3.000 folios, sigue engordando. La racha se acab¨® en Castro Urdiales. Los especuladores necesitan otro nido.