Con la justicia, palo y zanahoria

El elevado n¨²mero de cargos imputados en el Partido Popular en los ¨²ltimos a?os, la mayor¨ªa de ellos con los casos archivados, ha condicionado la pol¨ªtica del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, hacia la judicatura. Una pol¨ªtica caracterizada por cr¨ªticas dur¨ªsimas hacia los fiscales que investigan presuntos casos de corrupci¨®n relacionados con el PP. La misma pol¨ªtica que no ha dudado en colmar de elogios y gestos amables a los magistrados m¨¢s influyentes de la judicatura.

El ejemplo m¨¢s reciente son las cr¨ªticas p¨²blicas de la c¨²pula de los populares valencianos hacia el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n, cuya investigaci¨®n implica, supuestamente, al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la trama de empresas que dirig¨ªa Francisco Correa. "El Estado de derecho se est¨¢ pudriendo", asegura la alcaldesa de Valencia, Rita Barber¨¢, en referencia a la instrucci¨®n del sumario de la operaci¨®n G¨¹rtel. La direcci¨®n nacional del PP, bajo la batuta del diputado por Alicante Federico Trillo, ya tiene "redactada" una querella por prevaricaci¨®n si el juez Garz¨®n no se inhibe en las pr¨®ximas horas en favor de tribunales superiores. El Gobierno valenciano, por su parte, ha decidido congelar su decisi¨®n de personarse como acusaci¨®n en el sumario que instruye Garz¨®n tras el esc¨¢ndalo generado a ra¨ªz de las declaraciones del vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ex consejero de Justicia de la Generalitat, Fernando de Rosa. Unas declaraciones en las que De Rosa advirti¨® a Garz¨®n de que pod¨ªa incurrir en prevaricaci¨®n y que ayer analiz¨® el propio CGPJ.El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n no ha sido el ¨²nico blanco de los populares valencianos. Ya en octubre de 2006, la direcci¨®n regional del PP lleg¨® a anunciar la creaci¨®n de una comisi¨®n para evaluar la legalidad de las decisiones del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, Ricard Cabedo, ante la investigaci¨®n de casos que afectaban al presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n, los alcaldes de Alicante, Torrevieja y Orihuela y a Terra M¨ªtica, el parque de atracciones impulsado por la Generalitat.

De Rosa intervino en una maniobra para controlar al fiscal jefe del TSJ

Los populares llegaron a incluir en esta comisi¨®n pol¨ªtica, entre otros, al ex fiscal jefe del TSJ Enrique Beltr¨¢n, quien se desvincul¨® a las pocas horas de la maniobra, y al ex presidente de la Audiencia de Castell¨®n Fernando Tintor¨¦. Sin embargo, el esc¨¢ndalo montado puso de manifiesto que Fernando de Rosa, entonces secretario auton¨®mico de la Consejer¨ªa de Justicia, hab¨ªa hecho gestiones para constituir la comisi¨®n pol¨ªtica encargada de fiscalizar las actuaciones de Cabedo.

La pol¨¦mica -de la que el presidente de la Generalitat y del PP regional, Francisco Camps, se neg¨® a dar explicaciones- no impidi¨® que Fernando de Rosa accediese al puesto de consejero en esta legislatura y, posteriormente, fuese catapultado al puesto de vicepresidente primero del ¨®rgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial.

La carrera de De Rosa no ha evitado que peri¨®dicamente se le recuerde a Cabedo desde las filas populares que est¨¢ casado con una diputada socialista. Relaci¨®n con la que se sugiere poca parcialidad en sus actuaciones.

Al titular de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n de Alicante, Felipe Briones, tampoco le han ahorrado cr¨ªticas en el PP. "Usted y yo nos ponemos de acuerdo ma?ana y hablamos con un fiscal de confianza e imputamos a quien nos da la gana", afirm¨® este fin de semana el ex alcalde de Alicante, Luis D¨ªaz Alperi, imputado en dos causas archivadas por el TSJ.

Tan llamativa ha sido la presi¨®n de los afines del presidente de la Generalitat sobre los fiscales que el propio C¨¢ndido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado, alert¨® en marzo de 2007 en el Palau de la Generalitat del riesgo de desprestigio que corren las instituciones a causa de "las conductas antijur¨ªdicas" impulsadas por unos pocos.

Pero si a los fiscales que han investigado casos relacionados con cargos del PP les han llovido cr¨ªticas, a numerosos magistrados les han ca¨ªdo elogios.

En las Fallas de 2007, el entonces presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Francisco Jos¨¦ Hernando fue -junto con otros miembros del ¨®rgano de gobierno de los jueces- invitado de honor de la Generalitat y del Ayuntamiento de Valencia.

Elogios recibi¨® tambi¨¦n en septiembre del a?o pasado el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Luis de la R¨²a. Y quien no se los escatim¨® fue el propio Francisco Camps: "Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta [de amistad] que resuma esta ¨ªntima y sentida relaci¨®n entre De la R¨²a y el presidente de la Generalitat".

Esa muestra de afecto es una de las razones por las cuales el grupo de Comprom¨ªs pregunt¨® sin ¨¦xito a Camps la semana pasada. El portavoz adjunto, Enric Morera, pidi¨® a Camps que diga si pedir¨¢ a De la R¨²a que se inhiba en el caso de que Garz¨®n remita la supuesta implicaci¨®n del presidente de la Generalitat en la operaci¨®n G¨¹rtel al TSJ de la Comunidad Valenciana.

La relaci¨®n entre el poder pol¨ªtico y el judicial en Castell¨®n tambi¨¦n ha sido objeto de debate. El enorme retraso en la tramitaci¨®n del caso Fabra ha enfrentado no solo a partidos pol¨ªticos y Administraciones, sino a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Un ¨®rgano que ha llegado a discutir sobre la conveniencia de que el presidente de la Audiencia de Castell¨®n, Carlos Dom¨ªnguez, repitiera en el cargo, dada su relaci¨®n manifiesta con el presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n, Carlos Fabra, imputado en varios delitos.