Canarias tramita una norma para burlar la Ley de Costas estatal

La rebaja de la Ley de Costas por la puerta trasera est¨¢ en marcha 21 a?os despu¨¦s de la aprobaci¨®n de la norma. Primero fue Galicia que, a propuesta de PSOE y BNG, reform¨® en diciembre su Ley de Vivienda para salvar cientos de casas de primera l¨ªnea. Lo hizo a la vez que el Ministerio de Medio Ambiente col¨® en una ley que no ten¨ªa nada que ver una reforma para permitir vender las concesiones de las casas construidas sobre la arena. Ahora es el Parlamento de Canarias el que planea aprobar en un mes, gracias a la mayor¨ªa de Coalici¨®n Canaria (CC) y PP, una ley auton¨®mica para salvar los n¨²cleos con "valor etnogr¨¢fico" que incumplen la ley.

Las autonom¨ªas sufren las quejas de los afectados por la Ley de Costas y empiezan a suavizar la norma. CC present¨® el pasado 22 de enero en el Parlamento aut¨®nomo una reforma legal para evitar la demolici¨®n de los "n¨²cleos inmemoriales representativos de los valores culturales y etnogr¨¢ficos propios de las islas" aunque est¨¦n levantados en la playa, que es dominio p¨²blico.

La ley comienza a ser rebajada 21 a?os despu¨¦s de su aprobaci¨®n

El PSOE apoya que el Gobierno elija los n¨²cleos pintorescos que son protegidos

El portavoz de CC en el Parlamento, Jos¨¦ Miguel Barrag¨¢n, se?ala que su intenci¨®n es "defender una historia y una tradici¨®n": "Hay pueblos de pescadores construidos en dominio p¨²blico que no deben ser destruidos". Canarias vivi¨® una enorme movilizaci¨®n contra la demolici¨®n del poblado costero de Cho Vito, en Tenerife, el pasado octubre. Barrag¨¢n afirma que la ley auton¨®mica -prev¨¦ que est¨¦ aprobada en abril- sirva para que Costas no pueda derribar las casas de Tufia, un antiguo poblado en primera l¨ªnea.

La Ley de Costas, de 1988, establece que la playa es dominio p¨²blico y que all¨ª no hay propiedad privada. Las casas construidas legalmente all¨ª antes de 1988 pasaron a ser una concesi¨®n. Eso permit¨ªa a sus due?os disfrutarlas durante 30 a?os (ampliables a 60). A las construidas sin permiso o con posterioridad a la ley les esperaba la demolici¨®n.

Pero Canarias alega que muchos de sus n¨²cleos rurales costeros no estaban inscritos aunque existieran antes de la ley. Con su reforma, el Ejecutivo aut¨®nomo decidir¨¢ cu¨¢les de estos n¨²cleos tienen "valor etnogr¨¢fico", aunque el dominio p¨²blico es competencia del Gobierno central. El PSOE ha presentado enmiendas para que el Gobierno participe en ese censo en el que figurar¨¢n las casas de "valor etnogr¨¢fico, arquitect¨®nico o pintoresco" y que se salvar¨¢n por "inter¨¦s p¨²blico". El diputado socialista en Canarias Manuel Fajardo critica que se haga una reforma para cada comunidad y apuesta por realizar un censo de las casas que estaban construidas en 1988 en la playa y salvar esas, pero no las levantadas despu¨¦s.

La norma puede invadir competencias estatales. Por eso, si el Ministerio de Medio Ambiente no la recurre al Tribunal Constitucional, puede sentar un precedente para otras autonom¨ªas.

Adem¨¢s, la ley canaria establece que la comunidad decidir¨¢ en qu¨¦ lugares se puede construir a 100 metros del mar y en cu¨¢les a s¨®lo 20, seg¨²n la situaci¨®n que ten¨ªa el terreno en 1988, cuando se aprob¨® la Ley de Costas.

Este aspecto es similar a la que aprob¨® el Parlamento gallego y que contaba con el visto bueno del ministerio. Con este texto, Galicia salvaba cientos de viviendas en Mar¨ªn (Pontevedra) y adem¨¢s consegu¨ªa miles de metros cuadrados de terreno urbanizable junto al mar. Al PP le pareci¨® poco y present¨® iniciativas que recortaban mucho m¨¢s la ley, por lo que ahora con la mayor¨ªa absoluta podr¨¢ presentarlas.

Medio Ambiente sostiene que a¨²n no ha decidido si la reforma gallega es inconstitucional, aunque fuentes pr¨®ximas al departamento que dirige Elena Espinosa afirman que se inclina por no recurrirla. El portavoz popular en el Parlamento gallego la pasada legislatura, Manuel Ruiz Rivas, afirma que esta reforma es muy parecida a un decreto que aprob¨® el PP en 2004 y que entonces recurri¨® el ministerio que dirig¨ªa Cristina Narbona.

Barrag¨¢n, ponente de la ley canaria, compara: "Nuestra ley es similar a la gallega, ya que ellos la copiaron. Si el Gobierno no recurre ¨¦sa no podr¨¢ hacerlo con ¨¦sta".

El abogado de la plataforma de Afectados por la Ley de Costas, Jos¨¦ Ortega, admite que la ley canaria "plantea problemas de competencias" pero sostiene que es "la expresi¨®n de la desesperanza que ha cundido en Canarias con la aplicaci¨®n estricta de la Ley de Costas".