Darfur exige justicia

M¨¢s de medio a?o despu¨¦s de que lo solicitase el fiscal Moreno Ocampo, la Corte Penal Internacional (CPI) ha ordenado la detenci¨®n del presidente de Sud¨¢n, Omar al Bashir, por alentar y encubrir cr¨ªmenes de guerra y de lesa humanidad en la regi¨®n de Darfur, donde desde 2003 las tropas de Jartum y sus aliados locales se libran a indecibles atrocidades contra tribus rebeldes no ¨¢rabes y civiles indefensos. Estimaciones conservadoras de esta tragedia africana cifran en m¨¢s de 200.000 los muertos en este territorio sudan¨¦s del tama?o de Francia, y en casi tres millones los desplazados. La fiscal¨ªa considera a Al Bashir, primer jefe de Estado en ejercicio inculpado por la CPI, responsable de una campa?a de genocidio, acusaci¨®n que espera mayores pruebas para su inclusi¨®n en el sumario.

Existe una Corte Penal Internacional, pero no una polic¨ªa mundial. Una cosa es una orden de arresto y otra ver ante un tribunal a Al Bashir, un s¨¢trapa blindado por el momento en su propio pa¨ªs -dos d¨¦cadas en el poder tras un golpe de Estado- que se mofa regularmente del Consejo de Seguridad y considera su persecuci¨®n un nuevo complot colonialista. Para ello se necesitar¨¢ una decidida cooperaci¨®n internacional. Pero la arrogancia del l¨ªder sudan¨¦s, que ayer se organiz¨® un ba?o de masas en Jartum y anuncia su comparecencia este mes en una reuni¨®n ¨¢rabe en Qatar, deber¨ªa verse atemperada por precedentes considerados impensables en su momento, como los de Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic o su relativo vecino Charles Taylor, el hombre que hizo de Liberia un experimento de terror. La idea de enjuiciar al presidente sudan¨¦s en su propio pa¨ªs, mediante un tribunal mixto, del tipo de los establecidos por la ONU para Sierra Leona o Camboya, un globo sonda avanzado por algunas diplomacias de Gobiernos afines, resulta impensable. En el descompuesto y violento Sud¨¢n es imposible celebrar un proceso justo en el que los testigos gozasen de la debida protecci¨®n. Semejante supuesto implicar¨ªa en la pr¨¢ctica renunciar a la justicia.

Al margen de sus eventuales repercusiones en Sud¨¢n -el Gobierno cancel¨® ayer el permiso a una decena de organizaciones humanitarias extranjeras y se insin¨²an represalias contra el personal local de la ONU-, la decisi¨®n de La Haya representa una prueba de fuego para los dirigentes africanos. Contra la decencia m¨¢s elemental, y olvidando que cientos de miles de v¨ªctimas son africanos indefensos, se han venido alineando sin fisuras con el hombre que ha convertido en un cementerio una parte de su propio pa¨ªs. El ominoso silencio de a?os de la Liga ?rabe o la Uni¨®n Africana sobre los horrores de Darfur es m¨¢s lamentable si se considera que hay 30 Estados africanos entre los fundadores de la Corte Penal, en 2002. El argumento de que la justicia internacional impedir¨¢ la paz en Darfur resulta a estas alturas una falacia tan c¨®mplice como inadmisible.