La justicia empieza a asumir el verde

Los jueces est¨¢n perdiendo el miedo a paralizar grandes obras, a menudo p¨²blicas, para salvar un ¨¢rbol o un animal protegido. Hay casos extremos, como el que protagoniz¨® el mi¨¦rcoles el Tribunal Superior de Justicia de Canarias al suspender de forma indefinida las obras del puerto de Granadilla (en Tenerife, m¨¢s de 300 millones de inversi¨®n prevista) para preservar una alga protegida.

Pero hay muchos m¨¢s. El oso pardo par¨® la estaci¨®n de esqu¨ª de San Glorio; el hotel del Algarrobico es ilegal y el juez considera que la Junta manipul¨® los planos de un parque natural para permitirlo; uno de los mayores proyectos e¨®licos fue anulado por estar en zona de urogallo; la cig¨¹e?a negra impidi¨® la urbanizaci¨®n en Las Navas del Marqu¨¦s, y un ex consejero de Murcia fue detenido el mi¨¦rcoles por la recalificaci¨®n de una zona con ¨¢guila perdicera y tortuga mora. David vence cada vez m¨¢s a Goliat.

"Ten¨ªamos las leyes y ahora tenemos sentencias", dice Antonio Vercher

Los Ejecutivos eran laxos al aplicar las normas medioambientales

En los ¨²ltimos a?os se han implicado universidades e investigadores

Mario G¨®mez: "Hay t¨¦cnicos que no han defendido el entorno y tienen problemas"

"Ya no aprobamos nada en lo que haya dudas", dicen los t¨¦cnicos de ?vila

Se han parado obras por cig¨¹e?as en Las Navas y por osos en San Glorio

Medio Ambiente ha desistido de expropiar el hotel del Algarrobico

Fertiberia sigue funcionando pese a la orden en contra de Costas

El fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, considera que algo se mueve: "Claro que hay un cambio. Ten¨ªamos las leyes y ahora cada vez m¨¢s tenemos las sentencias". En 2006, las fiscal¨ªas de Medio Ambiente y Urbanismo lograron 295 condenas; en 2007 la cifra fue de 407 y la cifra sigui¨® previsiblemente subiendo en 2008. Jaime Doreste, coordinador del ¨¢rea legal de Ecologistas en Acci¨®n, coincide: "Antes sal¨ªamos a hombros si gan¨¢bamos un pleito, ahora nos toman m¨¢s en serio y ya no es tan raro".

Hay varios factores que explican este cambio de tendencia. Y el caso canario re¨²ne varios de ellos. El tribunal estim¨® la petici¨®n de los ecologistas de Ben Magec, que denunciaron que la Consejer¨ªa de Medio Ambiente vulner¨® su propio decreto al descatalogar una pradera submarina frente el puerto. Dicho decreto, de 2001, exige razones cient¨ªficas para descatalogar cualquier especie protegida. Pero la desprotecci¨®n se hizo s¨®lo para poder construir el puerto de contenedores, con el que Canarias quer¨ªa convertirse en puente entre Europa, ?frica y Am¨¦rica.

El caso es el t¨ªpico en el que una Administraci¨®n se pilla los dedos con su propia ley. Alguien en Medio Ambiente elabora una norma estricta y nadie prev¨¦ las consecuencias. Puede que incluso la declaraci¨®n del espacio protegido le sirva a esa misma Administraci¨®n para ponerse medallas sobre su apuesta por el medio ambiente. A?os despu¨¦s esa norma es incompatible con alg¨²n proyecto de la comunidad.

El catedr¨¢tico de Derecho Administrativo de Le¨®n Carlos Gonz¨¢lez Ant¨®n explica que es un caso frecuente: "Se declaran Zonas de Protecci¨®n para las Aves y Lugares de Inter¨¦s Comunitario y creen que eso s¨®lo sirve para ponerlo en un mapa. Se enorgullecen de la cantidad de espacios protegidos que tienen y luego intentan salt¨¢rselo". La Junta de Castilla y Le¨®n ha copiado una estrategia que ya siguieron Murcia o Baleares y ha comenzado a aprobar por ley sus grandes proyectos. As¨ª consigue que s¨®lo el Constitucional los pueda anular.

La alegr¨ªa de los ecologistas con el auto que paraliza Granadilla es total, entre otras cosas porque no les han pedido fianza. La Autoridad Portuaria (Canarias y Gobierno central) pidi¨® que los ecologistas avalasen su petici¨®n con 31,873 millones de euros por los da?os que pod¨ªa causar la paralizaci¨®n. El tribunal admite que al parar la obra -que ya estaba en marcha- puede ocasionar graves perjuicios, pero que ese da?o "no puede prevalecer sobre el riesgo de da?os al medio ambiente".

Doreste es coordinador del ¨¢rea legal de Ecologistas en Acci¨®n en la que colaboran unos 50 abogados. Consigui¨® una sentencia en la que se declaraba ilegal la duplicaci¨®n de una carretera de la Comunidad de Madrid por hacerse sin declaraci¨®n de impacto ambiental. Pero cuando lleg¨® el fallo ya era tarde. La Justicia hab¨ªa exigido a Ecologistas en Acci¨®n una fianza de 497.367 euros que no pudieron reunir y Madrid construy¨® la carretera.

Los ecologistas act¨²an de forma cada vez m¨¢s profesional y ganan m¨¢s casos. "En mi clase hace a?os simulaba un pleito en el que defend¨ªa el impacto de una obra sobre el milano real. Llevaba all¨ª a un juez de verdad y un d¨ªa se empez¨® a re¨ªr. Hoy ya no pasar¨ªa", resume Gonz¨¢lez Ant¨®n.

En junio pasado, la Sociedad Espa?ola de Ornitolog¨ªa recurri¨® un parque e¨®lico en una zona protegida de urogallos en Le¨®n. Present¨® informes t¨¦cnicos en los que se suele incluir los censos de la especie y los nidos localizados por GPS. El juez accedi¨® a paralizar las obras. "La urgencia requerida parece de una claridad meridiana", se?al¨® sobre el perjuicio a esta especie en peligro.

Doreste se?ala que en los ¨²ltimos a?os han conseguido la implicaci¨®n de universidades e investigadores. "En teor¨ªa estaban por la conservaci¨®n, pero en la pr¨¢ctica se mojaban poco. Ahora cada vez apoyan m¨¢s los recursos ecologistas".

As¨ª ocurri¨® en el caso del alga de Granadilla, la seba, por la que cient¨ªficos del Consejo Superior de Investigaciones Cient¨ªficas CSIC han pedido al Ministerio de Fomento que paralice la obra. El auto del tribunal canario que deja en suspenso la obra admite que las dos partes -ecologistas y Administraci¨®n- presentaron "s¨®lidos argumentos".

En el recurso contra la estaci¨®n de esqu¨ª de San Glorio (en la Cordillera Cant¨¢brica, en una zona en la que vive una de las dos ¨²nicas poblaciones de oso pardo aut¨®ctono) los ecologistas incluyeron informes de la Universidad de Le¨®n o del CSIC.

El tribunal les dio cr¨¦dito y, en abril pasado, admiti¨® que, como se?alan los informes cient¨ªficos, "es muy dudosa la viabilidad econ¨®mica" de la estaci¨®n "por el cambio clim¨¢tico". De nuevo, el tribunal consider¨® que la Junta de Castilla y Le¨®n hab¨ªa aprobado la estaci¨®n en contra de su propia normativa.

Muchos de los abogados de los ecologistas trabajan en su despacho de d¨ªa y sacan tiempo para llevar gratis asuntos de medio ambiente. Algunos salen al campo por afici¨®n y quieren preservar los lugares que aman. Es el caso de Mario G¨®mez, un letrado que ha llevado el caso del refugio de cig¨¹e?as de Las Navas del Marqu¨¦s (?vila). El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le¨®n anul¨® la urbanizaci¨®n, entre otras cosas, porque invad¨ªa una zona de cr¨ªa de la cig¨¹e?a negra, una especie en peligro de extinci¨®n.

G¨®mez, que representa a la asociaci¨®n Centaurea, participa en el proceso penal para ver si hubo prevaricaci¨®n en la aprobaci¨®n de los 1.600 chal¨¦s y los hoteles y el campo de golf a costa de talar 34.500 pinos maduros. En el procedimiento est¨¢ imputado el ex director general de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y Le¨®n, Mariano Torre, entre otros altos cargos, y, lo m¨¢s relevante, 14 t¨¦cnicos que en alg¨²n momento avalaron con su firma el proyecto. Alguno de ellos lo hizo contradiciendo sus informes previos. En la investigaci¨®n de la recalificaci¨®n de La Zerrichera (Murcia), un paraje de 253 hect¨¢reas, en parte protegido, hay imputados dos cargos intermedios que colaboraron en la autorizaci¨®n de 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf. Jos¨¦ Mar¨ªa R¨®denas, subdirector de Vivienda y Urbanismo, firm¨® en junio de 2005 contra la recalificaci¨®n pero meses m¨¢s tarde la apoy¨®. El ¨²ltimo imputado en la causa (hay diez cargos en ella) fue el ex consejero de Medio Ambiente y ex delegado del Gobierno del PP en Murcia, Francisco Marqu¨¦s.

En Palencia, un tribunal investiga la manipulaci¨®n de un informe de la Universidad de Valladolid para construir dos presas de riego. Los informes originales, encargados por la empresa p¨²blica Tragsatec, alertaban de que tendr¨ªan impacto en el ecosistema pero los que aparecieron en el expediente, pese a ser id¨¦nticos, ofrec¨ªan conclusiones distintas.

La Asociaci¨®n R¨ªos con Vida lo denunci¨® al juzgado y el pasado 12 de febrero uno de los autores del informe declar¨® ante el juez que, en efecto, su estudio ofrec¨ªa conclusiones distintas sobre el "efecto barrera para la emigraci¨®n de las truchas". En el original pon¨ªa que el impacto ser¨ªa "severo y permanente". En el que sell¨® la Junta de Castilla y Le¨®n y que sirvi¨® para autorizar las presas figura como moderado.

A ra¨ªz del caso de Las Navas del Marqu¨¦s, algunos funcionarios se cuidan a la hora de firmar determinados dict¨¢menes. "Ya no aprobamos nada en lo que haya dudas. Todo el mundo lleva mucho cuidado", explica un miembro de la comisi¨®n de prevenci¨®n ambiental de ?vila.

En la planta submarina canaria, los t¨¦cnicos de Medio Ambiente Jos¨¦ Mart¨ªn Esquivel y Leopoldo Moro Abad no avalaron la decisi¨®n de sus superiores de desproteger el sebadal frente al puerto. Ellos defendieron que hacerlo no obedec¨ªa a "razones biol¨®gicas ni de conservaci¨®n de la especie". Su informe ha sido clave en la paralizaci¨®n de la obra.

Esto demuestra que los t¨¦cnicos empiezan a comparecer ante la justicia por sus dict¨¢menes y, por otra parte, que la Administraci¨®n a menudo consider¨® estos temas como obst¨¢culos menores, en los que bastaba con alterar un plano o emitir un dictamen para eludir la normativa ambiental.

El hotel del Algarrobico, en Carboneras (Almer¨ªa) era legal a los ojos de la Junta de Andaluc¨ªa del PSOE. Y lo era pese a estar en un terreno protegido en un parque natural y a s¨®lo 20 metros del mar. Que estaba en el parque natural, el del Cabo de Gata, se ve¨ªa al pasar por all¨ª, ya que una se?al lo explicaba. Y as¨ª constaba en el Bolet¨ªn Oficial que delimit¨® los usos del parque.

Sin embargo, la Junta sostuvo durante a?os que el terreno era urbanizable. El 11 de marzo de 2008, en un escrito al juzgado, el jefe de gabinete de planificaci¨®n de la Junta, Antonio Garz¨¢s, explic¨® que la calificaci¨®n como zona no urbanizable originalmente fue "un error" y que lo rectificaron "por v¨ªa de hecho", cambiando los planos pero sin publicarlo en ning¨²n bolet¨ªn oficial. El juez que ilegaliz¨® el hotel consider¨® que esa "burda maniobra" dio "apariencia de legalidad a lo que es manifiestamente ilegal". La fiscal¨ªa se ha visto obligada a investigar la modificaci¨®n de los planos despu¨¦s de archivar una denuncia similar.

Los casos son tan flagrantes que demuestran la impunidad con la que durante a?os se ha retorcido la legislaci¨®n ambiental. El presunto cabecilla de la trama corrupta que ha investigado el juez Baltasar Garz¨®n, Francisco Correa, declara en una de las grabaciones aportadas al sumario, al hablar de un plan urban¨ªstico: "Hay un tema medioambiental que lo desbloqueo yo". Esa frase resume el sentir de muchos de los promotores, que siempre prefirieron los enclaves protegidos.

Fernando Jim¨¦nez, profesor de Ciencia Pol¨ªtica de la Universidad de Murcia y experto en corrupci¨®n, afirma que es pronto para ser rotundo, pero que comienza a percibir "cierto hartazgo profesional" contra estas pr¨¢cticas.

Por eso G¨®mez, el abogado de Las Navas del Marqu¨¦s, reduce el optimismo: "Tenemos leyes de medio ambiente muy estrictas y amplias. La inmensa mayor¨ªa son directivas europeas, que a veces son muy avanzadas. Los jueces han tardado a?os en aplicarlas y ahora que empiezan a hacerlo a veces chirr¨ªa al encontrarse con una sociedad que no siempre est¨¢ en esa sinton¨ªa".

Adem¨¢s, sobre muchos de estos proyectos paralizados por el impacto ambiental, sobrevuela la sombra de una corrupci¨®n m¨¢s profunda: "A veces s¨®lo llegamos a ver el fallo en el tr¨¢mite ambiental, que ha dejado rastro, pero te queda un halo de sospecha, debido al dinero que se mueve en estas obras", resume G¨®mez.

La Reina visit¨® el paraje protegido de Las M¨¦dulas, en Le¨®n. All¨ª contempl¨® con sorpresa c¨®mo una enorme cantera destacaba el paisaje. Era el 16 de septiembre de 1999. "Los romanos hicieron estas canteras [el paraje es resultado de las explotaciones de oro romanas] y estas son las que hacemos ahora", le explic¨®, azorado, un funcionario que la acompa?aba en la visita. La cantera es propiedad de la empresa Catisa, y el pasado 27 de febrero, el juzgado acept¨® la petici¨®n de la fiscal¨ªa de paralizar cautelarmente la obra por su impacto sobre el medio ambiente. Han pasado casi 10 a?os de la visita de la Reina y la empresa sigue funcionando pese al veto judicial. Igual que la empresa de Huelva Fertiberia sigue activa pese a tener una orden de Costas que insta a su paralizaci¨®n.

La siguiente asignatura de estos abogados es hacer cumplir las sentencias en toda su dureza, ya que la ejecuci¨®n se puede demorar durante a?os. El Ministerio de Medio Ambiente ha desistido de la expropiaci¨®n del Algarrobico con el argumento de que el abogado del Estado as¨ª se lo aconsej¨® en noviembre pasado. Sin embargo, el ministerio contest¨® al diputado de ICV, Joan Herrera, el pasado 2 de febrero que la expropiaci¨®n "se segu¨ªa tramitando". Declarar ilegal las obras ha sido un paso complicado; tirarlas ser¨¢ uno de gigante.