El doble rasero del PP con sus 'ovejas negras'
La direcci¨®n popular aplica de forma arbitraria su c¨®digo ¨¦tico
Todos los partidos pol¨ªticos tienen un c¨®digo ¨¦tico en el que establecen, entre otras cosas, los motivos para expulsar a un miembro de sus filas. Por ejemplo, que un juez le impute un delito. El PP tambi¨¦n tiene el suyo, aunque a la vista de los ¨²ltimos casos de corrupci¨®n en los que se ha visto envuelto, y de c¨®mo ha respondido, ese c¨®digo no es dogma de fe.
El art¨ªculo ocho del c¨®digo ¨¦tico del PP establece que sus miembros deber¨¢n "poner a su disposici¨®n el puesto p¨²blico que desempe?aran, si de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional puedan derivarse indicios racionales de comisi¨®n de un delito". El art¨ªculo nueve dice que el partido asumir¨¢ "el compromiso de abrir en cualquiera de estos casos una investigaci¨®n interna" y el diez, que constituir¨¢ "motivo de expulsi¨®n inmediata" la utilizaci¨®n "del propio nombre, posici¨®n o relaci¨®n dentro del partido o en un cargo p¨²blico, para obtener lucro, trato o favor personal o beneficio para s¨ª o terceros".
El partido sostiene que muchos de los imputados sufren una persecuci¨®n
La jurisprudencia de los populares en la aplicaci¨®n de ese c¨®digo, sin embargo, mantiene que Carlos Fabra, investigado por delitos de tr¨¢fico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas y un presunto fraude fiscal, debe seguir, como sigue, en su doble cargo de presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n y del PP en la provincia, al igual que el vicepresidente canario y presidente del partido en la comunidad, Jos¨¦ Manuel Soria, imputado por un delito de prevaricaci¨®n. En ning¨²n caso el PP abri¨® una investigaci¨®n interna.
Mientras, la secretaria general del partido, Mar¨ªa Dolores de Cospedal, anunci¨® ayer la suspensi¨®n de militancia de todos los cargos del PP implicados en la Operaci¨®n G¨¹rtel por el juez Baltasar Garz¨®n. Todos, excepto el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el secretario del partido en Valencia, Ricardo Costa, y los tres diputados auton¨®micos de Esperanza Aguirre se?alados en la trama: Alberto L¨®pez Viejo, Alfonso Bosch y Benjam¨ªn Mart¨ªn Vasco. El PP, no obstante, mantiene la querella por prevaricaci¨®n que ha presentado contra Garz¨®n.
En el Ayuntamiento malague?o de Alhaur¨ªn el Grande, sin embargo, la imputaci¨®n del alcalde, Juan Mart¨ªn Ser¨®n, y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, por cohecho, prevaricaci¨®n y blanqueo tampoco ha sido motivo de expulsi¨®n o investigaci¨®n interna, sino todo lo contrario: el PP mantiene que son v¨ªctimas de una persecuci¨®n del Gobierno, la fiscal¨ªa y la polic¨ªa. Otros, como el ex teniente de alcalde de Palma de Mallorca Rodrigo de Santos, fueron obligados a renunciar a su cargo despu¨¦s de que el juez le imputara un delito de malversaci¨®n de fondos.
En Galicia, Alberto N¨²?ez Feij¨®o no quiso esperar a la justicia y retir¨® fulminantemente a su cabeza de lista por Ourense, Luis Carrera, cuando supo que pod¨ªa haber cobrado 240.000 euros en comisiones de una cuenta del para¨ªso fiscal de las Islas Caim¨¢n.
Isabel Pedrote y Juan Manuel Pardellas.
Con informaci¨®n de Joaqu¨ªn Ferrandis, Andreu Manresa,
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