Un asunto "pol¨ªticamente letal"

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, vive, desde hace un mes, su peor pesadilla. Ni los plantes zaplanistas de la primera legislatura, ni el mayor accidente de metro de Espa?a acaecido en Valencia, ni la moci¨®n de censura socialista de hace dos a?os le hab¨ªan quitado el sue?o como lo ha hecho la operaci¨®n G¨¹rtel. El sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n ha hallado indicios de delito en la actuaci¨®n del jefe del Consell y de su portavoz parlamentario y secretario general del PP, Ricardo Costa -as¨ª como en V¨ªctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat, y en Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejer¨ªa de Turismo. El auto asegura que ambos se hicieron trajes a medida que fueron pagados por Orange Market y que su presidente, ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes, busc¨® ganarse el favor de estos pol¨ªticos para obtener contrataciones. Garz¨®n apunta adem¨¢s a una supuesta financiaci¨®n irregular del PP en la Comunidad Valenciana. Extremos que niegan con rotundidad tanto el PP como la Generalitat.

El contagio masivo impide al presidente de la Generalitat pedir dimisiones

La pol¨ªtica de fastos del Consell ha estado rodeada de opacidad y derroche

Aunque es dif¨ªcil conocer cu¨¢l ser¨¢ el discurrir judicial del auto de Garz¨®n remitido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la c¨²pula del PP no oculta que el asunto es "pol¨ªticamente letal". Hasta el punto de que est¨¢ en juego el futuro pol¨ªtico del propio presidente.

Sin embargo, el jefe del Consell, un hombre de car¨¢cter afable, que ha tenido a gala esgrimir su honradez personal como ense?a, llega cargado de lastres a su primer pleito judicial. A continuaci¨®n se detallan algunas claves que explican su dif¨ªcil situaci¨®n.

- La doctrina Fabra. Desde su acceso a la presidencia de la Generalitat, Camps se vio en la necesidad de asegurarse el apoyo del presidente de la Diputaci¨®n y del PP provincial de Castell¨®n, Carlos Fabra, en la dur¨ªsima disputa por el control del partido con Eduardo Zaplana. Fabra, que presume de sus pr¨¢cticas caciquiles, pronto se vio imputado como supuesto autor de varios delitos contra la Administraci¨®n p¨²blica, al que se sumar¨ªa despu¨¦s otro supuesto delito fiscal. La patente de corso otorgada por Camps a Fabra atrajo al campismo, como moscas a un tarro de miel, a otros dirigentes del PP con problemas con la justicia. Alcaldes (Alicante, Orihuela, Torrevieja), concejales, senadores... que se han asegurado la cobertura del partido y de la Generalitat hasta que haya una sentencia condenatoria en firme. Y a¨²n m¨¢s all¨¢, como demuestra el caso del ex alcalde de Vila-real, Manuel Vilanova, condenado por el Supremo por prevaricaci¨®n a prisi¨®n menor e inhabilitaci¨®n y que hasta ayer mismo se mantuvo al frente del PP local.

- "Nunca pregunto por expediente alguno". La frase es del propio presidente de la Generalitat que, en sede parlamentaria, asegur¨®: "Lo que me interesa es que funcione el hospital y se haga la carretera". Esta actitud laxa del jefe del Consell respecto a sus subordinados -en los ant¨ªpodas de la del ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana- ha provocado que el presidente no sepa con exactitud c¨®mo ha funcionado su Administraci¨®n. Camps se ha visto sorprendido en los ¨²ltimos d¨ªas salpicado tambi¨¦n por el esc¨¢ndalo de las contrataciones de su consejero de Gobernaci¨®n, Seraf¨ªn Castellano, que adjudic¨® obras a un empresario amigo. Las esposas de ambos comparten la propiedad de una finca en la que, adem¨¢s, hay un parany (arte de caza declarado ilegal por el Tribunal Supremo).

- La opacidad de los eventos. La pol¨ªtica de fastos impulsada por Camps ha estado rodeada de opacidad y derroche, hasta el punto de que dos a?os y medio despu¨¦s de la visita del Papa a Valencia todav¨ªa no se sabe cu¨¢nto dinero se gast¨® la Administraci¨®n valenciana en este evento. El esc¨¢ndalo desatado a ra¨ªz de la investigaci¨®n de Garz¨®n ha puesto de manifiesto algunas cuestiones relevantes: el principal organizador de eventos de la direcci¨®n regional del PP, ?lvaro P¨¦rez, siempre estuvo, como m¨ªnimo, en los alrededores de los grandes eventos de la Generalitat. P¨¦rez se gan¨® la amistad de la c¨²pula del PP y de los responsables de importantes empresas p¨²blicas, como Pedro Garc¨ªa, director general de R¨¤dio Televisi¨® Valenciana. El Consell siempre ha fiado a la Sindicatura de Comptes la fiscalizaci¨®n de los contratos, aunque ha hecho caso omiso, reiteradamente, de sus advertencias acerca de las irregularidades detectadas; especialmente en materia de publicidad y transparencia.

- Contagio masivo. La investigaci¨®n del juez de la Audiencia Nacional ha derivado en un contagio masivo que impide al presidente de la Generalitat pedir dimisiones, a modo de cortafuegos, como hace Esperanza Aguirre en Madrid. La endogamia de los populares valencianos, que concentran el poder del partido y la Administraci¨®n en unas pocas manos, dificulta la capacidad de maniobra de Camps. El auto de Garz¨®n remitido al TSJ vincula a la c¨²pula del PP con Orange Market. Sin embargo, la operaci¨®n G¨¹rtel, que sigue en manos de Garz¨®n, apunta a una segunda red de la trama corrupta en la Comunidad Valenciana. ?sta tiene como protagonista al empresario Jos¨¦ Luis Ulibarri, imputado por Garz¨®n, que ha consolidado su presencia en el sector de la construcci¨®n y de los medios de comunicaci¨®n en la Comunidad Valenciana. La aparici¨®n de Ulibarri ha revelado sus estrechas relaciones con el bufete de abogados Eius, para el que trabajan el ex ministro Jos¨¦ Mar¨ªa Michavila -hermano de Ana, jefa de gabinete de Camps- y el portavoz de Econom¨ªa del PP en las Cortes Valencianas y ex responsable de los servicios jur¨ªdicos de la Generalitat, Jos¨¦ Mar¨ª.

- Una defensa err¨¢tica. Desde que estall¨® el esc¨¢ndalo, ahora hace un mes, el desconcierto se ha apoderado del presidente y de su entorno, que no han aportado ning¨²n documento que justifique que pagaron los trajes que confeccion¨® Jos¨¦ Tom¨¢s, el sastre de Milano y Forever Young. Lo ¨²nico que han dejado claro, tanto el Consell como el PP, es que est¨¢n indignados y acudir¨¢n a los tribunales en su defensa.