Oiga, que ese dinero es de todos

Un presidente auton¨®mico se vio atacado recientemente por la oposici¨®n por gastar una barbaridad de dinero en un coche de lujo. Ante las cr¨ªticas, decidi¨® devolver el coche inmediatamente y pedir disculpas. Por poco no se produjeron dimisiones. Adem¨¢s, dio una rueda de prensa en la que dijo que comprend¨ªa que a los pol¨ªticos les pueden parecer normal cosas que los ciudadanos no entienden. ?No le suena la noticia? Es que no se trataba de Emilio P¨¦rez Touri?o.

La vicepresidenta de la Junta de Extremadura, Dolores Aguilar, present¨® en noviembre su dimisi¨®n cuando el PP puso el grito en el cielo porque su departamento hab¨ªa comprado un Lexus de lujo de 68.000 euros para sus desplazamientos. La dimisi¨®n no le fue aceptada, pero la situaci¨®n se resolvi¨® devolviendo el coche. El presidente de Extremadura, Guillermo Fern¨¢ndez Vara, inform¨® de que ¨¦l tiene un Peugeot 407 (24.000 euros la versi¨®n m¨¢s barata), aunque el coche de Presidencia es otro Audi A-8, sin blindaje ni extras comprado a precio de mercado hace cuatro a?os por su antecesor. Adem¨¢s de apoyar a Aguilar, Vara dijo lo siguiente: "Creo que todo esto no se puede despachar sin otorgarle la m¨¢xima importancia. Hay que aceptar primero que los ciudadanos no entienden determinadas cosas".

La vicepresidenta de Extremadura ofreci¨® dimitir por comprar un Lexus

Los ciudadanos pueden creer que un cargo

Se deben justificar la idoneidad y conveniencia de las compras

Las excepciones al contratar se usan de forma laxa,

El Gobierno dice que el viaje a la cumbre del G-20 cost¨® lo habitual

Los expertos advierten de que el despilfarro est¨¢ en los gastos peque?os

En efecto, lo normal para un alto cargo no tiene por qu¨¦ ser entendido por el ciudadano de a pie de un pa¨ªs donde el sueldo medio son 21.000 euros brutos. Emilio P¨¦rez Touri?o pod¨ªa haber hecho una llamada a su colega extreme?o antes de despachar con desd¨¦n las preguntas sobre su coche -"siguiente pregunta", reiteraba-, una actitud que ha sido clave en la recta final de la campa?a gallega. Su Audi A-8 blindado cost¨® 480.000 euros, cinco veces m¨¢s que el Lexus.

Tras el esc¨¢ndalo, Fern¨¢ndez Vara pidi¨® al Parlamento regional que ponga por escrito un c¨®digo de buenas pr¨¢cticas que defina "lo que tenemos que gastar los pol¨ªticos, los coches que tenemos que tener, a qu¨¦ hoteles podemos ir, qu¨¦ gastos protocolarios podemos hacer, qu¨¦ compatibilidad hay entre cobrar sueldos y otros tipos de ingresos".

Si el Gobierno central siguiera los mismos criterios de gasto que la Xunta, s¨®lo tendr¨ªa presupuesto para 91 coches. El Parque M¨®vil del Estado, que da servicio al Gobierno y a altas personalidades en Madrid, lo componen 1.098 veh¨ªculos, en su mayor¨ªa coches (no cuentan los de las fuerzas y cuerpos de seguridad). Toda la flota ha costado 36.655.619,64 euros, seg¨²n los datos oficiales. Los veh¨ªculos tienen unos cinco a?os y su valor actual ser¨ªa un tercio de esa cifra. En 2008 nos gastamos 1.973.096,56 euros en reparaciones, que no est¨¢ mal como factura del taller. Tambi¨¦n el a?o pasado nos gastamos 1.195.177 euros en gasolina para esos veh¨ªculos. Esta factura ha bajado desde 2005, cuando la cuenta de la gasolinera nos sali¨® por 1.538.289 euros. Ahora son m¨¢s ecol¨®gicos y consumen menos. A estos coches hay que sumarles 509 m¨¢s de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. La cifra supone un ahorro respecto a los 894 que hab¨ªa a comienzos del a?o 2008.

M¨¢s de coches. Gracias a Touri?o hemos sabido que el coche del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, un Audi A-6, le cuesta a los madrile?os 591.624 euros, en r¨¦gimen de alquiler hasta 2012. La marca Audi parece tambi¨¦n la proveedora por defecto para todos los cargos valencianos. El presidente de la comunidad aut¨®noma, Francisco Camps, tiene un Audi A-8 del que se desconoce el coste. Como referencia, la alcaldesa de Valencia, Rita Barber¨¢, se mueve en un coche igual que cost¨® 267.336 euros. Barber¨¢ dispone de un segundo coche, igual que ¨¦ste, alquilado con opci¨®n a compra. La presidenta de las Cortes valencianas tiene el mismo modelo, con otros dos veh¨ªculos alquilados con opci¨®n a compra.

El presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n, Carlos Fabra, tambi¨¦n utiliza el A-8. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, hered¨® este modelo del anterior alcalde, valorado en 50.000 euros. El alcalde de Castell¨®n, Alberto Fabra, se mueve en un A-6 valorado en 76.000 euros.

Los modelos A-8 que eligen los pol¨ªticos son coches de unos 90.000 euros, seg¨²n explica un portavoz de la empresa automovil¨ªstica. Lo que dispara el precio hasta lo inimaginable es el blindaje, ya que no se hace de serie. Lo caro es elegir un coche a dedo y luego blindarlo, lo que puede costar unas 10 veces m¨¢s que el veh¨ªculo, explican en Audi. En concreto, Audi ha ido cogiendo fama de ser un coche muy robusto, que soporta bien los kilos extra del blindaje. En otro orden de cosas, la marca considera que aporta "lujo sin ostentaci¨®n".

Jos¨¦ Joaqu¨ªn Ripoll, presidente de la Diputaci¨®n de Alicante, tiene un BMW 745 que cost¨® 109.945 euros. El alcalde de La Nucia, Bernab¨¦ Cano, tiene otro BMW de 51.501 euros. En Andaluc¨ªa, el consejero de Turismo se compr¨® un Lexus de 66.780 euros, por cierto, el mismo por el que ofreci¨® su dimisi¨®n la vicepresidenta extreme?a.

El contribuyente puede acabar con la sensaci¨®n de que en Espa?a si te dan un cargo vives el lujo gratis. El ex presidente balear Jaume Matas decidi¨® que, para decorar su despacho, necesitaba un cuadro de 20 millones de pesetas del artista italiano Mimmo Paladino. Se lo compr¨® en Arco. Cuando el ex ministro de Justicia Mariano Fern¨¢ndez Bermejo decidi¨® remozar el piso del Estado en el que iba a vivir en Madrid, quiz¨¢ no repar¨® en que la obra sali¨® por m¨¢s de 200.000 euros hasta que lo vio en los peri¨®dicos. El vicealcalde de Castell¨®n, Javier Moliner, ha remodelado las dependencias municipales por unos 400.000 euros.

Son las cifras a las que est¨¢ acostumbrada la Administraci¨®n, pero que, como dice Fern¨¢ndez Vara, al ciudadano no tienen por qu¨¦ parecerle normales. Quede claro que en todo lo aqu¨ª descrito no hay ninguna ilegalidad. Es una cuesti¨®n de prioridades. Los contribuyentes ponen el dinero, los pol¨ªticos deciden las prioridades de gasto. Son an¨¦cdotas, y por eso salen en los papeles y los grupos de oposici¨®n de todo signo salivan como hienas ante cualquiera de estos casos.

Jos¨¦ Mar¨ªa Gimeno, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y miembro de la Junta de Contrataci¨®n de Arag¨®n, se escandaliza como cualquiera de estas cifras. "Yo nunca pod¨ªa imaginar que un coche costara eso", confiesa. "Yo puedo entender que se gaste ese dinero en seguridad el presidente del Supremo, pero en otros, sorprende". Lo mismo con el cuadro de Matas. Era una inversi¨®n para Baleares, pero "?hasta qu¨¦ punto es motivo de una Administraci¨®n una inversi¨®n? Yo puedo entender que compre cuadros el Museo del Prado, o que se restaure un tapiz de un palacio del Estado, pero no que se compre un cuadro por inversi¨®n en un Gobierno".

Sin embargo, Gimeno quiere incidir en que esto son simples an¨¦cdotas. El verdadero despilfarro est¨¢ en miles y miles de contratos "menores", sin concurso y totalmente opacos para el ciudadano amparados en la ley. La contrataci¨®n p¨²blica es el 16% del PIB, recuerda Gimeno. El mal uso de ese dinero tiene consecuencias directas sobre la econom¨ªa espa?ola.

Se refiere a que, para agilizar la Administraci¨®n, hay un l¨ªmite de 50.000 euros para obras y de 18.000 euros para cualquier otra cosa, por debajo del cual no hace falta concurso p¨²blico. Es decir, se presenta la factura sin justificaci¨®n, sin explicaciones, sin concurso y sin informaci¨®n p¨²blica. Eso es calderilla para un ministerio, y efectivamente es lo que le permite funcionar en el d¨ªa a d¨ªa. Pero un Ayuntamiento, con esos mismos l¨ªmites, puede contratar todo a dedo sin dar explicaciones a nadie.

Esto genera "como poco, ineficiencia", dice Gimeno, ya que al no haber competencia el precio tender¨¢ a ser m¨¢s caro. "Pedir tres ofertas por e-mail no cuesta nada", insiste. "La Administraci¨®n tiene su banco de licitadores, conoce a sus proveedores. Tampoco hay que pedir una oferta a Finlandia. S¨®lo hay que comparar, como har¨ªa cualquier particular". La contrataci¨®n a dedo "nos hace ineficientes, y el siguiente paso a la ineficiencia es la corrupci¨®n". En el caso de los coches "seguro que est¨¢ justificada legalmente su compra", dice Gimeno. "Pero la ley obliga a justificar la idoneidad y la conveniencia del gasto", y estos casos son discutibles "al menos est¨¦ticamente".

"La ley de contratos del sector p¨²blico establece en su art¨ªculo 1 la obligaci¨®n de las Administraciones de hacer una eficiente utilizaci¨®n de los fondos p¨²blicos, de controlar el gasto y adquirir bienes tras definir previamente las necesidades a satisfacer", explica Jos¨¦ Antonio Moreno, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha y experto en contrataci¨®n p¨²blica. Pero ¨¦sa es la teor¨ªa. "En el d¨ªa a d¨ªa de las compras p¨²blicas, uno de los mayores problemas es que, dado que la legislaci¨®n permite algunos procedimientos excepcionales, las Administraciones acuden a ellos de forma generalizada". Los procedimientos que permiten saltarse todos los controles "se utilizan de forma laxa".

La ley prev¨¦ el procedimiento negociado (sin concurso) para una serie de casos como "imperiosa urgencia", "secreto" o "medidas de seguridad especiales". "Pero si interpretas en sentido amplio cualquiera de estos motivos, te puedes ir a ese procedimiento". Es decir, es f¨¢cil convertir la excepci¨®n en regla y adjudicar a dedo, sin publicidad y sin concurso. Utilizando "f¨®rmulas gen¨¦ricas" se puede colar cualquier gasto sin motivaci¨®n por escrito.

Pero tambi¨¦n tienen que fallar los controles internos, principalmente la intervenci¨®n de las Administraciones. El interventor, el contable, est¨¢ precisamente para que eso no pase. El problema es que si al interventor le justifican el gasto con esas cuestiones excepcionales, no puede poner pegas de ning¨²n tipo. Si hay factura y hay presupuesto, hay que pagar.

Adem¨¢s, cuanto m¨¢s peque?a es la Administraci¨®n, m¨¢s dif¨ªcil es que los controles funcionen. Un interventor de una ciudad de m¨¢s de 500.000 habitantes, que no quiere dar su nombre, explica que en un Ayuntamiento si te opones a un gasto "tienes al alcalde en el despacho de al lado". "Si pones objeciones a los gastos de personal, tienes a los sindicatos en la puerta". Adem¨¢s, "es un puesto designado a dedo, igual que se pone se quita". Todo esto "hace que los interventores no se pongan a cuestionar la oportunidad del gasto, se limitan a ver que cumpla con la ley de contratos y que tenga respaldo presupuestario, y ya est¨¢". En definitiva, "el criterio pol¨ªtico se impone siempre" al criterio t¨¦cnico.

Otras instituciones tienen sus propios sistemas de control. Las Cortes, por ejemplo, no rinden cuentas de sus gastos a nadie. Ni siquiera informan al Tribunal de Cuentas. Su autonom¨ªa es absoluta. Pero a cambio tienen un sistema de control muy eficaz: las Cortes tienen prohibido endeudarse. Es decir, el ciudadano sabe que su asignaci¨®n de los Presupuestos Generales del Estado es todo lo que pueden gastar. El Congreso y el Senado funcionan con poco m¨¢s de lo que se gasta el Real Madrid en fichajes en un verano.

Tras la discrecionalidad de los pol¨ªticos y las trampas para evitar los controles, hay un ¨²ltimo problema, la falta de informaci¨®n. No hay una cultura de fiscalizaci¨®n ciudadana de lo que hacen los pol¨ªticos. En un ayuntamiento, por ejemplo, la oposici¨®n tiene todo tipo de dificultades para acceder a la informaci¨®n de los gastos m¨¢s comprometidos. Se puede acabar un mandato sin que lleguen a ver nunca los papeles.

El Gobierno vasco (ahora en funciones) se ha hartado de contestar preguntas parlamentarias sobre los viajes de Juan Jos¨¦ Ibarretxe y sus consejeros, como el que el presidente vasco hizo con una comitiva de 16 personas cinco d¨ªas a EE UU.

Pero por lo menos el Gobierno vasco envi¨® una detallad¨ªsima informaci¨®n al Parlamento sobre el viaje. Un senador del PP, Agust¨ªn Almod¨®bar, pregunt¨® en noviembre cu¨¢nto hab¨ªa costado la participaci¨®n de Espa?a en la cumbre del G-20 y cu¨¢ntas personas fueron al viaje. El Ministerio de Exteriores le contest¨® por escrito lo siguiente: "La delegaci¨®n espa?ola cont¨® con los responsables de las ¨¢reas involucradas y con el apoyo de profesionales. (...) En cuanto a la dotaci¨®n econ¨®mica, es la habitual para este tipo de encuentros". A la vista de la respuesta, el senador ha repetido la pregunta. Posiblemente, aparte del Rey y el ex presidente Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, los ciudadanos no sepan cu¨¢l es el coste "habitual" de pasar un fin de semana en Washington con el presidente de EE UU. Y ya que el ciudadano es el que paga la factura, no estar¨ªa de m¨¢s verla antes de la campa?a electoral.

Con informaci¨®n de Joaqu¨ªn Ferrandis, Ezequiel Molt¨®, Mar¨ªa Fabra, Santiago Navarro, Lourdes Lucio y Andreu Manresa.