La retirada de la empresa denunciante cierra la pol¨¦mica del mobiliario vitoriano

La pol¨¦mica de la doble adjudicaci¨®n por resoluci¨®n judicial del mobiliario urbano de Vitoria se ha diluido como un azucarillo en agua despu¨¦s de que Elmusa, la empresa a la que el Tribunal Supremo di¨® la raz¨®n por haber ganado el primer concurso en 2001, no haya firmado el contrato. La crisis ha jugado a favor del Ayuntamiento vitoriano, que evitar¨¢ as¨ª pagar una indemnizaci¨®n millonaria o cambiar todas las marquesinas de la ciudad.

Elmusa no puede hacer frente a los t¨¦rminos de la oferta de hace ocho a?os. La firma, que mantuvo un duro pulso judicial con el consistorio, pretendi¨® en el ¨²ltimo momento que se modificasen los t¨¦rminos del contrato antes de su formalizaci¨®n, sabiendo que el Ayuntamiento nunca podr¨ªa acceder a este cambio porque la ley lo impide.

El concejal de Urbanismo, el socialista Juan Carlos Alonso, recalc¨® ayer que la no formalizaci¨®n del contrato supone su resoluci¨®n. "El servicio de contrataci¨®n ya est¨¢ redactando el informe correspondiente para su anulaci¨®n", explic¨® el edil.

Los hechos se remontan a 2001, cuando el PP y UA gobernaban en minor¨ªa la corporaci¨®n vitoriana. Ambos grupos hab¨ªan alcanzado un principio de acuerdo con el PSE para convocar un concurso de adquisici¨®n de mobiliario urbano (marquesinas, papeleras, postes, etc¨¦tera). Cuando estaba a punto de concederse a la empresa Elmusa, los socialistas cambiaron de parecer y el pleno (junto a PNV-EA, EH y EB) ech¨® atr¨¢s el concurso y promovi¨® una nueva convocatoria que gan¨® otra empresa, Cemusa. El cambio de opini¨®n del PSE se basaba en que la propuesta de Elmusa no favorec¨ªa los intereses municipales.

Elmusa recurri¨® esta nueva convocatoria hasta llegar al Supremo, que en julio pasado le dio la raz¨®n. Eso s¨ª, deb¨ªa admitir los t¨¦rminos del pliego de condiciones de la primera convocatoria y de la oferta con que concurri¨®. Ocho a?os m¨¢s tarde, la crisis impide a la firma asumir aquellos presupuestos y le obliga a la retirada pese a su victoria judicial. El Ayuntamiento se plantea pedirle responsabilidades econ¨®micas.