El 'caso Camps' llega al TSJ en v¨ªsperas del cambio de presidente

La causa que implica al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en una trama de corrupci¨®n vinculada al PP llegar¨¢ en los pr¨®ximos d¨ªas al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana en v¨ªsperas de que se renueve su presidencia. El actual presidente del TSJ, Juan Luis de la R¨²a, tiene intenci¨®n de optar a un tercer mandato, pero el env¨ªo por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n de la parte de las investigaciones que afecta a Camps y Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano y diputado en Cortes, tambi¨¦n aforado, complica su objetivo. Media docena de nombres, entre los que figura el del presidente de la Audiencia de Valencia, Pedro Castellano, forman la baraja que manejar¨¢ el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para el relevo en el TSJ.

La causa por la supuesta trama de favores desde Administraciones p¨²blicas gobernadas por el PP fue remitida el viernes al TSJ por la Audiencia Nacional dado que afecta a dos aforados, el presidente de la Generalitat y el secretario general del PP valenciano, as¨ª como a V¨ªctor Campos, ex vicepresidente del Consell, y a Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejer¨ªa de Turismo. La sala de Lo Civil y Penal, que preside De la R¨²a, va a estudiar qu¨¦ hacer con la causa cuando estar¨¢ a punto de empezar el proceso de selecci¨®n para presidente del TSJ valenciano. De la R¨²a, amigo de Camps, presentar¨¢ de nuevo su candidatura, a no ser que le fallen los apoyos. En el CGPJ, donde es evidente la lucha de intereses entre las asociaciones profesionales, inquieta la coincidencia.

La condici¨®n de aforados de Camps y de Costa obliga a que el asunto vaya directamente a la sala de Lo Civil y Penal del TSJ, que est¨¢ formada por cinco magistrados: Juan Luis de la R¨²a, como presidente; Jos¨¦ Flors, Juan Climent, Juan Montero y Jos¨¦ Francisco Ceres.

Cuando la causa sea convenientemente registrada, cumpliendo con los turnos de reparto establecidos (hay 21 normas para ello) se nombrar¨¢ ponente. Ese ponente resolver¨¢ inicialmente sobre la competencia, es decir, si es o no esa la instancia judicial que debe hacerse cargo del asunto.La competencia del caso, denominado operaci¨®n G¨¹rtel, se decide sin entrar a valorar los hechos. Y aunque la causa aparente poca discusi¨®n por la condici¨®n de aforados de los dos principales implicados, Camps y Costa, no est¨¢ tan claro. Dos razones al menos podr¨ªan argumentarse para que el asunto fuera enviado a la sala segunda del Tribunal Supremo. Las dos est¨¢n relacionadas con los delitos que se describen en el auto de Garz¨®n: cohecho, tr¨¢fico de influencias y falsedad documental. Una raz¨®n consiste en que el supuesto cohecho derivado de que Camps y Costa aceptaran trajes comprados por una empresa sat¨¦lite de Correa, dirigida por ?lvaro P¨¦rez en Valencia, tiene su origen en Madrid. Por tanto, la causa la ver¨ªa el juzgado competente del lugar donde se cometi¨® el delito. Otra raz¨®n se basa en la conexidad de delitos. Es dif¨ªcil separar la d¨¢diva de los trajes de las adjudicaciones que las empresas de Correa y P¨¦rez consiguieron de la Administraci¨®n valenciana y del PP valenciano. Cuando eso se produce, se ocupa de la causa el primer tribunal que tuvo conocimiento de los hechos.

Si el ponente de la sala de Lo Civil y Penal del TSJ no esgrime ni esas ni otras razones y se considera competente, la siguiente fase es la que encabeza el instructor. Lo habitual es que el instructor sea la misma persona que el ponente porque la sala en pleno son s¨®lo cinco magistrados. En el caso de que se celebre juicio, el tribunal estar¨¢ formado por tres de ellos, que no hayan intervenido antes en el asunto. Si el ponente y el instructor son personas diferentes, s¨®lo quedan tres magistrados para formar el tribunal y no existir¨ªa posibilidad de responder ante cualquier eventualidad.

El instructor valorar¨¢ inicialmente si existen indicios de delito suficientes o por el contrario necesita que quien le ha enviado el asunto le aporte m¨¢s pruebas. Si eso ocurriera, la causa regresar¨ªa a Garz¨®n. Si considerara que procede instruir, porque tambi¨¦n cabe la posibilidad t¨¦cnicamente de que proponga a la sala archivar sin practicar ninguna diligencia, determinar¨ªa qu¨¦ declaraciones o pruebas documentales se van a utilizar para alcanzar una propuesta de juicio. Y ser¨ªa entonces cuando podr¨ªa llamar a declarar a Camps, Costa y los dem¨¢s implicados en una trama que pudo llegar incluso a servir para la financiaci¨®n ilegal del Partido Popular.

En la instrucci¨®n participa, como en la de cualquier otro juzgado de lo Penal, el ministerio fiscal. En este caso ser¨¢, en representaci¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, la misma fiscal que ha llevado el asunto en el juzgado central de Instrucci¨®n n¨²mero cinco de Madrid. Contar¨¢ con el apoyo del fiscal Anticorrupci¨®n, Antonio Salinas, y en su caso del fiscal delegado en Valencia, Jes¨²s Carrasco. Llegados a este punto, la investigaci¨®n de lo ocurrido terminar¨ªa en un auto de imputaci¨®n y se celebrar¨ªa juicio. No se vislumbra un proceso r¨¢pido ni sencillo.

Es en el inicio de este asunto cuando comienza tambi¨¦n la lucha por el relevo en la presidencia del TSJ. Francisco Camps ha hecho ostentaci¨®n p¨²blica de sus buenas y estrechas relaciones con De la R¨²a, al igual que Fernando de Rosa, juez en excedencia, consejero auton¨®mico de Justicia y ahora vicepresidente del CGPJ. Fernando De Rosa ya fue corregido por unas declaraciones p¨²blicas en las que critic¨® a Garz¨®n por el caso G¨¹rtel, insinu¨® que pod¨ªa incluso estar prevaricando y defendi¨® que se levantara el secreto de sumario para que el PP no estuviera indefenso. Juan Luis de la R¨²a ha recibido por parte de Camps y De Rosa muestras p¨²blicas de amistad.

De la R¨²a lleva diez a?os como presidente del TSJ. Dos veces en las ¨²ltimas convocatorias ha optado a una plaza de magistrado del Supremo que no ha conseguido. Ahora, cuando muchos en la carrera judicial creen que deber¨ªa abstenerse en el caso que implica a Camps por higiene formal, se prepara para optar a un tercer mandato. El proceso se abrir¨¢ presumiblemente el pr¨®ximo mes de mayo. Los ¨²ltimos episodios de interferencia judicial en asuntos pol¨ªticos y viceversa han irritado a un sector importante de la carrera judicial. Fernando de Rosa, gran apoyo para De la R¨²a, no vive en el CGPJ una situaci¨®n c¨®moda tras sus declaraciones.

Pero adem¨¢s, De la R¨²a tendr¨¢ varios competidores, algunos de ellos serios. Aunque nadie afirma que se va a presentar, porque todos esperan a saber a qui¨¦n apoya cada asociaci¨®n profesional, el sucesor m¨¢s serio de De la R¨²a ser¨¢, presumiblemente, Pedro Castellano, presidente de la Audiencia de Valencia, tambi¨¦n de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM). Aunque oficialmente no ha habido a¨²n un pronunciamiento, es Castellano quien parece contar con el apoyo de los sectores conservadores y a quien se ha considerado pr¨¢cticamente el relevo natural. Y eso podr¨ªa dejar fuera a De la R¨²a. Junto a ¨¦l, Jos¨¦ Flors, magistrado de la Sala de Lo Civil y Penal, vinculado a la asociaci¨®n Francisco de Vitoria, de larga experiencia y gran reconocimiento, ser¨ªa otro aspirante. Tambi¨¦n lo ser¨ªan Francisco Jos¨¦ P¨¦rez, magistrado del TSJ en la sala de Lo Social, perteneciente a Jueces para la Democracia, y Mar¨ªa Ib¨¢?ez, magistrada de la secci¨®n s¨¦ptima de la Audiencia Provincial de Valencia, asimismo de Jueces para la Democracia, a la que se asocia con el proyecto m¨¢s renovador. Ib¨¢?ez, junto a otros dos magistrados, impugn¨® y logr¨® anular el nombramiento de Jos¨¦ Francisco Ceres como miembro de la sala de Lo Civil y Penal donde, en cualquier caso, sigue de manera provisional por decisi¨®n del propio De la R¨²a.

La magistrada es una de las apuestas fuertes de los sectores progresistas y tambi¨¦n aspirar¨ªa a hacerse con la presidencia de la Audiencia si Castellano consigue llegar al TSJ. Suenan tambi¨¦n Jos¨¦ Mar¨ªa Tom¨¢s y T¨ªo, presidente de la secci¨®n segunda de la Audiencia de Valencia y miembro de Jueces para la Democracia, con un importante protagonismo p¨²blico a cuenta de la Fundaci¨®n por la Justicia, as¨ª como buen conocedor de las esferas pol¨ªticas, y Luis Manglano, que fuera instructor del caso Naseiro. Cualquiera de estos nombres necesita tres quintas partes de los votos para ser elegidos en el CGPJ.

No hay combinaci¨®n posible si se excluye la representaci¨®n de cualquiera de las asociaciones mayoritarias. Es necesario el consenso y depender¨¢ de las plazas de presidencia que est¨¦n en juego en ese momento en otros tribunales superiores, como los de Catalu?a, Andaluc¨ªa o el Pa¨ªs Vasco. Si no hay acuerdo, De la R¨²a puede continuar de forma interina.

Esas cuotas de poder que tendr¨¢ que resolver el CGPJ van a estar sobre la mesa cuando la causa que implica a Camps empiece su procedimiento en el TSJ valenciano. Para algunos, incluso, lo m¨¢s sano y garantista, lo menos ruidoso y sospechoso, siquiera formalmente, ser¨ªa que el Supremo se ocupara de Camps y de Costa.

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, que se reuni¨® el viernes con De la R¨²a y los magistrados del TSJ, puntualiz¨® ayer que "al se?alar que el juzgado de Garz¨®n pod¨ªa funcionar sin la presencia del juez", criticada por el PP, "se refer¨ªa exclusivamente a que la ausencia del citado magistrado de su juzgado durante tres d¨ªas, ausencia debidamente autorizada por el propio Consejo, no afectaba en este momento a la tramitaci¨®n procesal del denominado caso Gurtel, dado que el trabajo pendiente, fundamentalmente de reprograf¨ªa, antes del env¨ªo de la causa a otros tribunales, correspond¨ªa ser realizado por el personal de la oficina judicIal".