Jueces en el banquillo
Mar¨ªa Mariscal de Gante es la secretaria judicial del Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de la Audiencia Nacional. Parece encantada de que El Pa¨ªs Semanal haga una aproximaci¨®n al trabajo de los jueces y de los juzgados, y busca con presteza los datos que le pide el magistrado Fernando Grande-Marlaska. Ella es la autoridad m¨¢s importante de este juzgado despu¨¦s de Grande-Marlaska. Estamos en el despacho del juez, una estancia amplia y antigua a la que se accede por pasillos repletos de armarios met¨¢licos que guardan cientos y cientos de carpetas. En los estrechos distribuidores, la gente aguarda para prestar declaraci¨®n o reunirse con el titular del juzgado.
Los tribunales son la instituci¨®n del Estado peor valorada por los ciudadanos espa?oles, y los jueces son su cara m¨¢s visible. El 18,2% de los ciudadanos, seg¨²n una encuesta oficial, no tiene confianza alguna en ellos. Antes de posar pacientemente para la fot¨®grafa, Grande-Marlaska reflexiona en voz alta: "Tenemos que aprender de esa desconfianza justamente nosotros, los jueces, que nos quejamos de la justicia como uno de los actores que somos. Los ciudadanos ven fallos y claras injusticias, y hay una falta de respuesta en tiempo. Hemos tenido un d¨¦ficit de comunicaci¨®n sobre qu¨¦ hacemos, c¨®mo lo hacemos y con qu¨¦ medios".
Lo que irrita es la comparaci¨®n entre la modernidad del pa¨ªs y el atraso de los juzgados
El edificio que aloja el Ayuntamiento de Navalcarnero es propio de la octava econom¨ªa del mundo. La fachada est¨¢ acristalada y se accede al interior desde una plaza remodelada decorada con escultura y una magn¨ªfica escalinata de piedra. A s¨®lo 500 metros de este lugar est¨¢n los juzgados del pueblo. Entrar en ellos es regresar al pasado. No hay sala de espera. Abogados, testigos, guardias civiles, denunciantes e imputados se api?an en los distribuidores y pasillos, sin luz, sin ventilaci¨®n alguna, para hacer esperas interminables propias de otras latitudes. Algunos de los que esperan han conseguido ocupar las pocas sillas disponibles que hay claveteadas al suelo. Una m¨¢quina expendedora de bebidas les ofrece algo fresco. Les han citado a las 9.30, a las 10.00, a las 10.20, pero son las 12.00 y siguen esperando. Un abogado de oficio, indignado, amenaza con marcharse y pide explicaciones a una funcionaria de vaqueros, camiseta de tirantes y lomo tatuado que sortea a los grupos como puede llevando y trayendo carpetas repletas de papel.
S¨®lo su aspecto y sus coloridos tatuajes y algunos ordenadores en las mesas de trabajo dan un toque de modernidad a este lugar, en el que el parqu¨¦ est¨¢ erosionado por el tiempo y las paredes son de amarillo p¨¢lido al gotel¨¦. Las estanter¨ªas con papeles reducen los espacios, y los cables recorren desordenadamente suelos y paredes. Las mesas y las sillas parecen haber sido rescatadas de los contenedores de basura. El Gobierno de Esperanza Aguirre, responsable de las instalaciones y el material de este lugar, no parece haber puesto mucho empe?o en adecentarlo y modernizarlo.
En su despacho, la juez Ana Rosa Bernal, junto a la fiscal, se pelea con el ordenador y la impresora, que no funcionan bien. A lo largo de la ma?ana deben celebrar ocho juicios r¨¢pidos y un juicio por un hurto cometido en el centro comercial pr¨®ximo de Xanad¨². Es lunes. La fiscal va de despacho en despacho buscando un ordenador en el que redactar sus escritos de acusaci¨®n, aunque trae la mitad del trabajo preparado. ?Menos mal! Finalmente, logran iniciar el juicio por el hurto al mediod¨ªa en la sala de vistas. Despu¨¦s, en el despacho, y ya sin togas, celebrar¨¢n uno tras otro los juicios r¨¢pidos.
Juez y fiscal usan indistintamente el ordenador, pero su lenguaje es alambicado y solemne cuando imputados y abogados participan. "Con la venia, se?or¨ªa", contesta la fiscal cuando la juez le da la palabra para interrogar al imputado, "consideramos suficientes las diligencias practicadas". Sin embargo, la puesta en escena es sencilla: la juez, en su mesa; la fiscal, en una silla, en un lateral, y la funcionaria que toma nota, junto a ella. Al otro lado de la mesa, el imputado y su abogado.
Ana Rosa Bernal lleva ya tres a?os en este juzgado y, aunque no pertenece a ninguna asociaci¨®n, apoya la huelga de los jueces porque cree que llevan demasiado tiempo reclamando soluci¨®n a sus problemas, y ¨¦stos, en lugar de arreglarse, empeoran. Hoy ha llegado al juzgado a las 8.45, despu¨¦s de una guardia de siete d¨ªas que obliga a estar localizable d¨ªa y noche. No saldr¨¢ a tomar caf¨¦. No se tomar¨¢ un respiro hasta pasadas las cuatro de la tarde. Los juicios r¨¢pidos son un peque?o avance. Apenas duran 15 o 20 minutos y, adem¨¢s, enjuician delitos cometidos el d¨ªa anterior o dos o tres d¨ªas antes. Pero tambi¨¦n es cierto que se aplican a nuevos delitos como los de conducir bebido o romper la orden de alejamiento en caso de una mujer maltratada.
Hay avances. Por ejemplo, muchos juicios se graban en v¨ªdeo, lo que permite agilizar las declaraciones y revisarlas despu¨¦s. Un fiscal, dada su carga de trabajo, incluso puede participar por videoconferencia. Eso ocurre en Torrelaguna (Madrid). Pero, en general, y a pesar de tales avances, los profesionales y los ciudadanos afectados por la justicia est¨¢n obligados a viajar por el t¨²nel del tiempo. La escasa informatizaci¨®n del sistema ralentiza y encarece todos los procedimientos hasta l¨ªmites exasperantes para los ciudadanos, pero tambi¨¦n para abogados, funcionarios, fiscales y jueces. "Lo que irrita es la comparaci¨®n entre la modernidad del pa¨ªs y el atraso de los juzgados", admite Julio P¨¦rez, abogado y secretario de Estado de Justicia (el segundo de a bordo del Ministerio) hasta hace dos semanas.
En un pa¨ªs en el que la Administraci¨®n de Hacienda elabora autom¨¢ticamente la declaraci¨®n de la renta de millones de ciudadanos, los 3.178 juzgados son islas desconectadas entre s¨ª. As¨ª que es m¨¢s que probable que sea m¨¢s f¨¢cil burlar a la justicia que al erario p¨²blico. Aqu¨ª, los ejemplos son numerosos. "Si un juez de Bilbao ha requerido a una persona por alg¨²n motivo y a ¨¦sta la detienen en C¨®rdoba, a los funcionarios andaluces no se les alertar¨¢ de que en el Pa¨ªs Vasco lo est¨¢n buscando. Es una herramienta con la que cuentan las Fuerzas de Seguridad del Estado. Deber¨ªamos tenerla nosotros", explica el juez decano de Bilbao, Alfonso Gonz¨¢lez-Guija.
Dos d¨ªas antes de la huelga de los jueces, el Ministerio de Justicia present¨® el registro de medidas cautelares, sentencias no firmes y requisitorias que terminar¨¢ definitivamente con esta tremenda laguna en la jurisdicci¨®n penal. Pero dos semanas despu¨¦s, Grande-Marlaska a¨²n no dispone del nuevo registro, y en los juzgados de primera instancia, de momento, ha multiplicado el trabajo: los funcionarios est¨¢n metiendo los datos.
La juez de vigilancia penitenciaria de M¨¢laga con competencias en la c¨¢rcel de Alhaur¨ªn de la Torre, Mar¨ªa Teresa Guerrero, tiene actualmente a 32 presos con orden de busca y captura. Si alguno de ellos se entrega en una c¨¢rcel diferente, lo que no es raro, ella no se enterar¨¢ de forma autom¨¢tica. As¨ª que entra dentro de lo posible, y as¨ª ha ocurrido, que el preso cumpla su condena y que, cuando salga en libertad, la polic¨ªa le detenga de nuevo porque la orden de busca y captura sigue vigente. "Para evitarlo, estamos continuamente oficiando para saber si han reingresado o no. Oficiamos con la polic¨ªa y la Guardia Civil y comparo con lo que tengo", explica Guerrero en el taxi que la lleva a la c¨¢rcel cada semana.
El Estado de las autonom¨ªas ha generado situaciones fuera de toda l¨®gica, que los programas inform¨¢ticos no sean compatibles entre s¨ª. Desde el Gobierno central se est¨¢ ampliando el sistema Lexnet, que es como un correo electr¨®nico mucho m¨¢s seguro para que los juzgados puedan reducir papel y hacer, como ya hacen algunos, muchas notificaciones v¨ªa Internet. Casi 10.000 abogados, procuradores y funcionarios lo est¨¢n utilizando ya. Pero Franz Kafka seguir¨ªa encontrando en nuestro sistema judicial una inagotable fuente de inspiraci¨®n. Porque al tiempo que se instalan herramientas inform¨¢ticas para conectar a juzgados de Bilbao con los de C¨®rdoba, resulta que juzgados separados por una sola pared viven tan desconectados como si la distancia entre ellos fuera sideral. "Nosotros metemos en nuestro sistema inform¨¢tico un nombre de alguien que est¨¢ en b¨²squeda y s¨®lo encontramos lo que tenemos en el juzgado, no lo que haya en los otros juzgados centrales (seis en total) de la Audiencia Nacional", explica Fernando Grande-Marlaska. La fiscal Gabriela Bravo, portavoz del m¨¢ximo ¨®rgano de gobierno y control de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, asegura que con los 90 millones de euros que el Gobierno ha prometido, la justicia estar¨¢ interconectada en 2010.
Esto demuestra que, mientras tanto, uno de los fallos achacables al caso de la ni?a Mari Luz sigue sin resolverse un a?o despu¨¦s de aquella tragedia. El juez de Sevilla Rafael Tirado conden¨® en 2002 a Santiago del Valle a dos a?os y nueve meses por haber abusado, presuntamente, de su hija. Dos a?os m¨¢s tarde, otro juzgado de Sevilla conden¨® a Del Valle a dos a?os por abusos a otra menor. Tirado no tuvo por qu¨¦ enterarse. De haberlo hecho, habr¨ªa sido m¨¢s consciente de la peligrosidad del imputado. Quiz¨¢ se hubiera tomado m¨¢s molestias por impedir que Del Valle siguiera en libertad cuando el 13 de enero de 2008 asesin¨®, presuntamente, a Mari Luz.
Hay m¨¢s ejemplos kafkianos. Mar¨ªa Teresa Guerrero acude cada semana a la c¨¢rcel con la secretaria judicial y un agente. Los tres van cargados de papeles. Reciben hasta a 60 reclusos en una ma?ana. Antes de salir del juzgado, un funcionario consulta los datos de cada uno y escribe un resumen a mano. Es un trabajo absurdo, habida cuenta de que la Junta de Andaluc¨ªa le ha proporcionado a la juez un ordenador port¨¢til en el que podr¨ªa consultar esos datos directamente cuando tenga al recluso delante. ?Cu¨¢l es el problema? "En el port¨¢til no tenemos el programa Adriano con el que trabajamos en el juzgado. Lo hemos pedido, pero nos dicen en la Junta de Andaluc¨ªa que no. Que no puede ser. As¨ª que ah¨ª est¨¢ el port¨¢til, en el despacho, obsolet¨¢ndose", bromea Guerrero.
Jos¨¦ Mar¨ªa Fern¨¢ndez Seijo, juez mercantil de Barcelona, trabaja a veces en casa por las tardes, pero con su ordenador tropieza con un problema fundamental: el software de su juzgado no reconoce el programa Word. Tampoco puede escanear en sus documentos logos y marcas, asuntos sobre los que dirime cada d¨ªa.
Nuestro sistema judicial demanda papel. Mucho papel. Lo exige incluso la ley, pues muchos de los documentos deben ser los originales y no estar manipulados. En la Audiencia Nacional, como explica Grande-Marlaska, hay causas que superan los 20 o 30 tomos que podr¨ªan entregar en un CD a las partes si dispusiera de los medios para digitalizarlos. "Estamos inundados de papeles. Manejamos expedientes de mil p¨¢ginas", corrobora la abogada de Barcelona Carmen Fern¨¢ndez. Papel en los pasillos, en las mesas de los funcionarios, en las maletas con ruedas de los jueces, y hasta en los carros de la compra que circulan por nuestro sistema judicial. "La manera de gestionar papel aqu¨ª es del siglo XIX", asegura Fern¨¢ndez Seijo, y ello a pesar de que ¨¦l es en cierta forma afortunado.
Le ha correspondido el concurso de acreedores (antes, suspensi¨®n de pagos) de la promotora inmobiliaria Habitat. En su despacho se acumulan ya 30 carpetas con documentos, pero la empresa le ha facilitado casi todo en un pendrive, lo que le simplifica el trabajo. El juicio del 11-M marc¨® un precedente. Ah¨ª, el ministerio se volc¨® y digitaliz¨® todos los documentos contenidos en los 2.000 archivadores del sumario. As¨ª facilit¨® el trabajo de jueces, fiscales y letrados, y se redujo dr¨¢sticamente el tiempo que habr¨ªa durado la vista.
Hasta que tal sistema se generalice, la papirofilia de nuestro sistema seguir¨¢ alargando y encareciendo los procesos. "Los procuradores son mensajeros procesales. Se encargan de traer y llevar papeles, lo que nos encarece los tr¨¢mites a nosotros y, por tanto, a los clientes", explica un abogado que prefiere mantener el anonimato.
Pero al margen del soporte en el que se consulten, los documentos hay que revisarlos, consultarlos y trabajarlos. Hay que escuchar a las partes y tomar decisiones cruciales para la vida de las personas. Y los jueces aseguran sentir el peso de la responsabilidad con el estr¨¦s a?adido de no dar abasto. Juan Manuel Larios es un buen ejemplo de ello.
Larios es el ¨²nico juez de Torrelaguna y alrededores. En total, 42 pueblos dispersos de la llamada sierra pobre de Madrid. La vocal del Consejo del Poder Judicial, Margarita Robles, nos ha recomendado visitarle para comprobar la casi insoportable carga de trabajo de este juzgado. Con s¨®lo dos a?os y medio de experiencia, a Larios le toca dirimir todo tipo de demandas y delitos: desde violencia dom¨¦stica hasta una muerte en carretera, desde un conflicto en una comunidad de vecinos hasta problemas de lindes o de registro civil. Muchos d¨ªas dice pasarse hasta dos horas seguidas firmando papeles.
Para este juzgado, el Poder Judicial estableci¨® un m¨¢ximo de 2.500 asuntos penales al a?o, pero tuvo que resolver 3.260. En procedimientos civiles, tambi¨¦n est¨¢ por encima de lo razonable. El trabajo aqu¨ª es trepidante y el lugar superar¨ªa a duras penas una inspecci¨®n sanitaria. La crisis econ¨®mica ha venido a empeorar las cosas. En el de Fern¨¢ndez Seijo est¨¢ entrando en una semana lo que antes entraba en un mes.
?C¨®mo controlar todo? ?C¨®mo digerir tanto trabajo y tanto papel? Es una situaci¨®n que los jueces aseguran que es general y que explica, en parte, el fallo del juez Tirado. Una vez que su sentencia contra Santiago del Valle fue firme, en 2005, Rafael Tirado dict¨®, en enero de 2006, providencia de ejecuci¨®n de sentencia. Todo parece indicar que ni ¨¦l ni su juzgado se ocuparon de que Del Valle ingresara en prisi¨®n.
"La sensaci¨®n que hay entre la mayor¨ªa de los jueces es que lo de Tirado nos pod¨ªa haber pasado a cualquiera. Es pr¨¢cticamente imposible estar en todos los asuntos", dice desde su despacho de Bilbao Gonz¨¢lez-Guija. "Nos pod¨ªa haber pasado a cualquiera", confirman Guerrero, Larios y Bernal. S¨®lo Fern¨¢ndez Seijo se desmarca claramente: "Lo ocurrido es muy grave. No tiene excusa".
?Pero por qu¨¦ hay tanto trabajo en los juzgados? ?Es verdad que todos est¨¢n tan saturados? ?Es cierto que se necesitan m¨¢s jueces? En Espa?a hay 4.543 jueces. Cada a?o, la plantilla se est¨¢ ampliando en unos 150. Pero las asociaciones m¨¢s beligerantes a favor de la huelga del pasado 18 de febrero (la Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente) insisten en que no son suficientes y manejan un dato espectacular: en Espa?a hay s¨®lo 10,1 jueces por 100.000 habitantes, frente a la media europea, que es de 19,8. En Alemania hay 24,5.
Esos jueces no comentan, sin embargo, que en Francia (11,9) e Italia (11), la proporci¨®n es muy similar a la espa?ola y olvidan comentar que el nivel de informatizaci¨®n del sistema judicial espa?ol es mayor que el alem¨¢n. No dicen tampoco que mientras aqu¨ª hay m¨¢s jueces cada a?o, en Alemania ocurre justamente lo contrario.
Seg¨²n ese mismo estudio del Consejo de Europa que ellos manejan (Sistemas judiciales europeos), los jueces espa?oles son los que cuentan con un mayor apoyo de personal. S¨®lo Malta nos supera. En Espa?a hay 9,1 trabajadores del sistema por cada juez en activo. En Alemania s¨®lo hay 2,9, y en Francia, 2. Entonces, ?cu¨¢l es el problema del atasco y la lentitud? "El modelo. El problema es el modelo", dice Julio P¨¦rez todav¨ªa desde su amplio despacho del Ministerio de Justicia. "En las unidades judiciales se trabaja como se hac¨ªa antiguamente en las sucursales bancarias, donde una multitud de empleados atend¨ªan a los clientes. Hoy, una sucursal est¨¢ totalmente digitalizada y no hace falta tanto personal. Hay gestiones que se pueden hacer m¨¢s r¨¢pido a trav¨¦s del cajero autom¨¢tico o de Internet. El problema es que es m¨¢s complicado cambiar el modelo en justicia que en un banco".
En ese nuevo modelo de modernizaci¨®n est¨¢n trabajando el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial, pero los jueces se han cerrado en banda en ocasiones a los cambios, como advierte Fern¨¢ndez Seijo, en nombre de la independencia judicial. El fiscal antiterrorista de la Audiencia Nacional Vicente Gonz¨¢lez Mota es partidario de fomentar una revoluci¨®n en toda regla antes de lanzarse a poner m¨¢s dinero y nombrar m¨¢s jueces. Se pregunta si es l¨®gico que un simple tir¨®n de bolso tenga que llegar hasta un fiscal y un juez, si no ser¨ªa m¨¢s l¨®gico redefinir, racionalizar y optimizar todos los recursos.
Mientras llega esa revoluci¨®n, algunos se preguntan por qu¨¦ no se gestionan ya las cosas un poco mejor. "Reconozco la labor de los funcionarios. Trabajan mucho por sueldos peque?os y aprenden r¨¢pido", dice Grande-Marlaska, "pero se est¨¢n marchando continuamente porque, por ejemplo, en los juzgados de Plaza de Castilla cobran m¨¢s. Se van los que ya saben y vienen nuevos que desconocen el oficio, que jam¨¢s han trabajado en esto. Ense?arles es una carga complementaria", a?ade. "La primera vez no te importa. Pero llevo aqu¨ª cinco a?os. Es un problema end¨¦mico. El Ministerio de Justicia lo sabe. ?Por qu¨¦ no imparte cursos ya a los que van a venir?".
Ana Rosa Bernal dice que, dado el modelo actual, el trabajo sale adelante gracias al voluntarismo de los trabajadores de la justicia. As¨ª parece ser en su juzgado de Navalcarnero, pero en otros, la calidad y la cantidad, a ojos de los que saben, deja mucho que desear. Hay juzgados que funcionan como un reloj y otros que est¨¢n permanentemente colapsados, aunque la carga de trabajo, que se reparte desde los decanatos, sea la misma.
La impronta de un juez marca definitivamente el ritmo, la cantidad y la calidad del trabajo de un juzgado. Fern¨¢ndez Seijo estuvo en contra de la primera huelga de febrero, atiende muy personalmente y con presteza a abogados y procuradores, y utiliza su port¨¢til privado en el despacho para aligerar su labor. Es un juez cercano y accesible, algo poco habitual. Su despacho, en un antiguo edificio de Barcelona, siempre tiene las puertas abiertas. Es luminoso y la m¨²sica de su iPod genera un ambiente agradable. En su juzgado hay ahora 300 concursos de acreedores, aunque la cifra marcada como razonable es de entre 40 y 50. Sin embargo, asegura no estar agobiado y tener pendientes s¨®lo siete sentencias cuando se re¨²ne con El Pa¨ªs Semanal. "Hay d¨ªas que trabajo 13 o 14 horas, pero otros puedo cumplir haciendo s¨®lo 2 o 3", dice. A Larios, en cambio, casi le cuesta trabajo respirar y, sentado en su diminuto y atiborrado despacho, confiesa tomarse dos pastillas para la tensi¨®n con s¨®lo 36 a?os.
Los jueces son, por otra parte, los que dan la cara. A veces, casi en exclusiva. Tanto Alfonso Gonz¨¢lez-Guija como Fernando Grande-Marlaska est¨¢n obligados a vivir con escolta. En una operaci¨®n antiterrorista, Marlaska ser¨¢ probablemente el ¨²nico que aparezca a cara descubierta. Es una faceta que les confiere un car¨¢cter especial.
Pero los jueces tienen mala fama. Una raz¨®n de ello puede residir en el hecho de que, si son vagos, incompetentes e injustos, dif¨ªcilmente ser¨¢n sancionados por ello, salvo que medie una denuncia expresa. El control sobre la intensidad y la calidad de su trabajo es muy difuso. Ellos mismos tumbaron en el Constitucional los m¨®dulos establecidos por el Poder Judicial para establecer un baremo objetivo sobre su carga de trabajo.
Ninguna instituci¨®n estatal, salvo el Consejo del Poder Judicial, tiene potestad para sancionarles o expulsarles de la carrera; lo que es muy excepcional: 30 sanciones en 2008. Multas casi siempre de escasa cuant¨ªa, como la impuesta al juez Tirado (1.500 euros), especialmente llamativa si se tiene en cuenta que por los mismos hechos el ministerio ha suspendido de empleo y sueldo durante dos a?os a la secretaria judicial que trabaja con ¨¦l.
No dar cuentas a casi nadie es parte de nuestro Estado de Derecho, y tambi¨¦n de su cultura personal y profesional. Por supuesto, nadie controla sus horarios, aunque, por otra parte, la totalidad del sistema casi se detiene por las tardes. A partir de la hora de comer, los juzgados quedan semivac¨ªos. S¨®lo unos pocos funcionarios, con prolongaci¨®n de jornada, trabajan hasta las cinco. Los siete jueces entrevistados aseguran que, dado el ritmo de las ma?anas, las tardes son para reflexionar y dictar autos y sentencias, casi siempre en casa, aunque el acarreo de papeles les cueste un dolor de espalda.
Los jueces son inamovibles por ley para defender la independencia judicial. S¨®lo est¨¢n obligados a trasladarse cuando ascienden, algo de lo que ahora quieren liberarse. Su autoridad en el trabajo es, adem¨¢s, indiscutible, y est¨¢ por encima de la polic¨ªa, del fiscal y, por supuesto, de los abogados. Un juez biso?o reci¨¦n salido de las oposiciones y la escuela judicial puede llegar a su trabajo y mandar callar o incluso echar de la sala a un abogado experimentado. "A m¨ª me ech¨® uno porque no le gust¨® la iron¨ªa que utilic¨¦ contra mi colega de la otra parte", explica el abogado de Madrid, que no da su nombre precisamente por no irritar a los jueces con los que luego tiene que v¨¦rselas. En la justicia no hay mecanismos engrasados para prescindir de los profesionales incompetentes; lo que s¨ª existe en cualquier otro sector.
Cuando no hay abusos, las formalidades y la autoridad que imponen los jueces facilitan la buena marcha del sistema. "Si tratas con respeto, recibes respeto", dice Guerrero. Protegidos por la autoridad y el respeto, Jos¨¦ Mar¨ªa Fern¨¢ndez Seijo sienta a las partes en una peque?a sala de reuniones y logra que nadie interrumpa a nadie y que todos sean escuchados sobre asuntos mercantiles complejos.
Pero muchos ven en los jueces una arrogancia innecesaria e, incluso, improductiva. La abogada Carmen Fern¨¢ndez considera que si algunos abandonaran su pedestal y fomentaran una mayor comunicaci¨®n, todo ser¨ªa m¨¢s sencillo y habr¨ªa menos tr¨¢mites. Celosos de su poder, los jueces rechazan la propuesta ministerial de que el secretario judicial fije las vistas, como si el cirujano, argumentan en el ministerio, fuera menos importante por dejar en manos de un gestor la fijaci¨®n de una operaci¨®n en la que deben coincidir varios profesionales. Con el sistema actual se suspenden cada a?o decenas de miles de actos judiciales.
Mar¨ªa Teresa Guerrero accedi¨® a participar en este reportaje para mostrar su trabajo, que le encanta. Todas las semanas acude a la c¨¢rcel, donde las corrientes de aire son heladoras. Recibe a cada preso en una peque?¨ªsima habitaci¨®n ocupada por una larga mesa. El interno se sienta frente a ella y le explica sus quejas o propuestas. "Aqu¨ª haces de juez, de psic¨®logo, de educador y de asistente social".
La arrogancia no parece ser la moneda corriente de Guerrero, que se queja de que los jueces son el centro de las iras cuando ellos o el sistema fallan. "Se resuelven muchos casos al a?o con solvencia, y eso no es noticia. El a?o pasado se concedieron 600 permisos penitenciarios a propuesta de la junta de tratamiento y no se reincorporaron s¨®lo tres. Se nos juzga por menos del 1% de nuestro trabajo", dice. A pesar de su agobio, Larios es partidario de utilizar la huelga como ¨²ltimo cartucho, y tambi¨¦n se queja de la fama que persigue a los jueces.
Margarita Robles, que es magistrada de lo contencioso en el Tribunal Supremo, afirma rotundamente que una justicia no ¨¢gil no es justicia, pero ella sabe bien, como todos los jueces, que en lo contencioso, las demoras son hist¨®ricas y end¨¦micas. Los asuntos pueden tardar hasta cinco a?os en resolverse. "Eso es una barbaridad; eso ya no es justicia", sentencia Gonz¨¢lez-Guija.
El nuevo Consejo General del Poder Judicial, que tom¨® posesi¨®n en septiembre pasado, se ha encontrado con un conflicto de jueces sin precedentes en Espa?a que ha generado incluso un terremoto pol¨ªtico. Si bien es cierto que los males son end¨¦micos, algunos de los jueces aqu¨ª entrevistados reconocen estar indignados con las injerencias gubernamentales y se?alan las cr¨ªticas vertidas por la vicepresidenta del Gobierno, Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, a la escasa cuant¨ªa de la sanci¨®n impuesta a Tirado como una afrenta. "Hay que respetar la divisi¨®n de poderes", dice Guerrero.
Margarita Robles, que fue secretaria de Estado de Interior entre 1993 y 1996, asegura que para ning¨²n Gobierno de Espa?a la justicia ha estado en sus prioridades. Ni siquiera durante su etapa pol¨ªtica. Gabriela Bravo, por su parte, est¨¢ esperanzada: "?ste tiene que ser el momento de la justicia".
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