La verdad sobre la 'era Bush'

Con las vistas p¨²blicas de la Comisi¨®n de Asuntos Judiciales del Senado de Estados Unidos, el proyecto de una Comisi¨®n de la Verdad para investigar las violaciones de los derechos humanos bajo la presidencia de George W. Bush ha tomado ¨ªmpetu. Planteada primero en c¨ªrculos acad¨¦micos, y propuesta luego en un discurso en la Universidad de Georgetown por el senador Patrick Leahy (dem¨®crata por Vermont), la idea ha sido apoyada en el Congreso y por la opini¨®n p¨²blica. De acuerdo con una encuesta reciente, un 38% de los estadounidenses es favorable a enjuiciar a los culpables de dichas violaciones, mientras que un 24% apoya investigarlas por medio de una entidad independiente (como una Comisi¨®n de la Verdad).

El uso de la tortura fue sistem¨¢tico por parte de los interrogadores de las Fuerzas Armadas y la CIA

En los a?os setenta ya hubo una comisi¨®n que investig¨® los abusos de los servicios de espionaje

La pr¨¢ctica de la tortura (terminando en algunos casos con la muerte de la v¨ªctima) sobre individuos sospechosos de v¨ªnculos con los atentados del 11 de septiembre, justificada legalmente a los m¨¢s altos niveles del Gobierno de Estados Unidos, no fue un caso de "algunos excesos". Fue producto de una pol¨ªtica sistem¨¢tica expresada en instrucciones expl¨ªcitas a los interrogadores de las Fuerzas Armadas y la CIA, con el objetivo de obtener "inteligencia actuable". Y a la tortura cabe a?adir desapariciones forzosas, secuestros y otro tipo de atropellos. De acuerdo a algunos juristas, estas pr¨¢cticas constituir¨ªan cr¨ªmenes de guerra. Con ellas, Estados Unidos habr¨ªa violado tratados internacionales de los cuales es parte.

Algunos se han opuesto a enjuiciar a los torturadores y a sus superiores, ya que estos hechos habr¨ªan sido producto del enfervorizado clima antiterrorista de fines de 2001. La ciudadan¨ªa estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por ubicar a los responsables de los ataques al World Trade Center y al Pent¨¢gono, y por evitar otros ataques similares. La popularidad del presidente Bush lleg¨® en esa ¨¦poca a un 80%. Dado ese ambiente, ser¨ªa injusto enjuiciar ahora, en un entorno pol¨ªtico muy distinto, a funcionarios de entonces.

El senador Leahy, un antiguo fiscal, ha citado como precedente una Comisi¨®n establecida en los a?os setenta por el senador Frank Church para investigar abusos cometidos por las agencias de Inteligencia. Nancy Pelosi, la Speaker de la C¨¢mara de Representantes, y John Conyers, presidente de la Comisi¨®n de Asuntos Judiciales de la misma C¨¢mara, tambi¨¦n son partidarios de tomar medidas. Conyers ha presentado un proyecto de ley (H. R. 104) para crear una Comisi¨®n Nacional sobre Poderes de Guerra del presidente y Libertades Civiles, que apuntar¨ªa en esa direcci¨®n.

El presidente Obama, y su secretario de Justicia, Eric Holder, que han condenado estas pr¨¢cticas, han dado a entender que no apoyan una comisi¨®n de este tipo, prefiriendo no enfrascarse en temas del pasado. El Gobierno actual tendr¨ªa suficientes desaf¨ªos con la crisis financiera y las guerras en Irak y Afganist¨¢n, como para a?adir el enjuiciamiento de funcionarios del Gobierno anterior, con la consiguiente polarizaci¨®n.

Este debate es conocido. En las transiciones del autoritarismo, los nuevos Gobiernos democr¨¢ticos han debido enfrentar el legado de un pasado perverso. Muchos pa¨ªses de ?frica, Asia y Am¨¦rica Latina se han visto en la misma disyuntiva.

Dadas otras prioridades, es tentador querer barrer bajo la alfombra las violaciones de derechos humanos del pasado. Tal como el presidente Obama hoy, los nuevos reg¨ªmenes democr¨¢ticos han tenido una agenda muy copada, incluyendo la reconstrucci¨®n de las instituciones, la reinserci¨®n internacional, el pago de la "deuda social" y el impulso del crecimiento econ¨®mico.

Es por ello que, en los a?os ochenta, un pa¨ªs como Uruguay aprob¨® una ley de amnist¨ªa. Siguiendo el modelo de Nuremberg, en cambio, Argentina, bajo la presidencia de Ra¨²l Alfons¨ªn, procedi¨® a enjuiciar en tribunales especiales a los integrantes de la junta militar que gobern¨® de 1976 a 1983. Ninguno de estos enfoques dio resultado. En Uruguay se hicieron varios plebiscitos sobre el tema, que a¨²n no se despeja. En Argentina, una serie de cuartelazos forzaron al Gobierno a indultar a los generales.

A su vez, pa¨ªses como Chile, Sur¨¢frica, Per¨², El Salvador, Guatemala, Uganda y muchos otros establecieron Comisiones de la Verdad. Ellas constituyen un camino intermedio entre el enjuiciamiento y la amnist¨ªa. Las Comisiones de la Verdad son entes independientes, pero establecidos oficialmente, para examinar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante un periodo. No son tribunales y no tienen los poderes de la judicatura. Son integradas por personalidades prominentes, representativas de la sociedad en su conjunto, a quienes se les encarga la tarea de someter un informe en un plazo determinado, generalmente entre seis meses y dos a?os. Su car¨¢cter h¨ªbrido y flexibilidad procedimental las hace ideales para investigaciones de este tipo. Sus informes constituyen un reconocimiento oficial del da?o causado por agentes del Estado, y cortan el cord¨®n umbilical con ese pasado perverso. La informaci¨®n recabada permite tambi¨¦n tomar una decisi¨®n mucho m¨¢s calibrada acerca de si enjuiciar o no a los responsables.

La Comisi¨®n de la Verdad y la Reconciliaci¨®n presidida por Ra¨²l Rettig (1990-1991) jug¨® un papel clave en allanar el camino de la exitosa transici¨®n chilena. Algo similar puede decirse de la entidad del mismo nombre presidida por el arzobispo Desmond Tutu (1995-1998) en Sur¨¢frica, as¨ª como en relaci¨®n a despejar en parte el legado del apartheid.

Estados Unidos bajo el presidente Bush no fue una dictadura ni una democracia censitaria. Sin embargo, tuvo un Gobierno que cometi¨® serias violaciones a los derechos humanos, justificadas con un dudoso andamiaje jur¨ªdico, algo que es particularmente grave en el caso de la democracia m¨¢s antigua del mundo. Ello se ha hecho a¨²n m¨¢s evidente con los informes sobre el tema de la Oficina del Asesor Legal del Presidente de esos a?os, hechas p¨²blicas recientemente por la Casa Blanca. El creer que lo mejor es "el perd¨®n y el olvido" es tentador, pero enga?oso. Al no admitir las heridas infligidas a la polis, ni intentar curarlas, ellas siguen supurando. En la frase del entonces presidente de Chile Ricardo Lagos, al lanzar la Comisi¨®n Nacional sobre Prisi¨®n Pol¨ªtica y Tortura en el a?o 2003, "no hay ma?ana sin ayer".

La equivocada noci¨®n de que fueron estas "avanzadas t¨¦cnicas de interrogaci¨®n", conocidas en el Cono Sur suramericano en los a?os setenta y los ochenta, las que hicieron posible prevenir otro ataque terrorista en Estados Unidos, continuar¨ªa siendo propagada. No cabr¨ªa descartar que su alegada utilidad fuese invocada nuevamente en el futuro. Al no haber sido denunciadas, pueden resurgir.

La paradoja del encendido debate en Estados Unidos sobre el tema es que muchos defensores del Gobierno del presidente Bush, como el senador Arlen Specter -republicano por Pensilvania, quien ha dicho, reveladoramente, "esto no es Am¨¦rica Latina"-, han expresado que ser¨ªa preferible el enjuiciamiento de los responsables de las torturas que una Comisi¨®n de la Verdad. Tradicionalmente los defensores de los culpables de estas violaciones consideran que las Comisiones de la Verdad son un mal menor frente a un juicio penal de los Augusto Pinochet de este mundo.

La raz¨®n es obvia. Los procedimientos judiciales no son los mejores mecanismos para establecer la verdad hist¨®rica. Un buen abogado puede distorsionar los hechos de manera que terminen siendo irreconocibles. Las Comisiones de la Verdad, en cambio, han pasado a ser instrumentos cada vez m¨¢s potentes para establecer ante la opini¨®n p¨²blica lo realmente ocurrido en periodos negros de la historia de los pa¨ªses, ya sea en Per¨² bajo Alberto Fujimori o en Timor Oriental bajo Suharto. Y eso s¨ª que es aterrador para aquellos que no quieren que se eche luz sobre lo que el entonces vicepresidente Dick Cheney llam¨® "el lado oscuro" del periodo 2001-2008 en Estados Unidos.

Jorge Heine, abogado y diplom¨¢tico chileno, es catedr¨¢tico de Gobernanza Global en la Escuela Balsillie de Asuntos Internacionales e investigador en el Centro para la Innovaci¨®n en la Gobernanza Internacional en Waterloo, Ontario. Fue embajador de Chile en Sur¨¢frica de 1994 a 1999.