Los educadores critican la falta de un proyecto para menores inmigrantes

Demasiados problemas se solapan a la hora de abordar la cuesti¨®n de los menores extranjeros no acompa?ados. En Euskadi, los entes forales reconocen estar desbordados ante la constante llegada de estos j¨®venes inmigrantes y reclaman al Gobierno central que ponga orden y empuje a las dem¨¢s comunidades a crear recursos para acogerles, alegando que es imposible establecer un proyecto viable sin acotar el n¨²mero de casos a atender. El Ejecutivo responde por ahora que las competencias no son suyas, aunque colabora en el caso m¨¢s cr¨ªtico, Canarias. Aun as¨ª, ninguno de los educadores de centros vascos de acogida con los que ha contactado este peri¨®dico en los ¨²ltimos meses tiene una buena opini¨®n de las pol¨ªticas desarrolladas por los servicios forales de los tres territorios. Todos coinciden: "No hay un verdadero proyecto educativo".

Muchos de los que est¨¢n enganchados al disolvente no reciben tratamiento

Hay dos perfiles distintos entre los menores que llegan a la pen¨ªnsula: j¨®venes que escapan de la dureza de las calles de Marruecos -sobre todo de T¨¢nger- y que ya no tienen casi v¨ªnculos con su familia; y los provenientes de familias con dificultades econ¨®micas que asumen a esa temprana edad el papel de sacar a los suyos adelante emigrando a Europa. Aumentan entre ellos los problemas de equilibrio emocional, salud mental y consumo de drogas. Muchos de los que est¨¢n enganchados al disolvente, caldo de cultivo perfecto para la comisi¨®n de delitos, no reciben ning¨²n tipo de tratamiento. Aunque m¨¢s del 80% sigue llegando de Marruecos, en los ¨²ltimos a?os han aumentado los que proceden de pa¨ªses del ?frica subsahariana.

Los educadores consultados dicen ejercer m¨¢s de administrativos y vigilantes que de educadores. Critican el enfoque casi humanitario que se ofrece, as¨ª como la falta un proceso claro de atenci¨®n, con plazos establecidos y comprensibles para los menores, que a menudo saltan de centro en centro sin que nadie les explique nada. Los centros de acogida suelen intentar ponerles reglas y horarios, pero dicen carecer de las herramientas para que los cumplan. Guip¨²zcoa se?al¨® tambi¨¦n que se siente atada de manos por la legislaci¨®n ante los casos m¨¢s conflictivos: son los jueces los que decretan si un menor debe ir a un centro cerrado, donde la reeducaci¨®n tiene un procedimiento claro, establecido y alejado de la improvisaci¨®n.

"Los chavales tienen unos problemas emocionales enormes y ning¨²n tipo de apoyo sentimental. Les damos comida, techo y poco m¨¢s", explica un educador marroqu¨ª que trabaja en uno de los pisos de acogida guipuzcoano: "Diputaci¨®n no quiere mezclarlos con los aut¨®ctonos. Llevamos tiempo pidi¨¦ndoselo. Estos chavales son como son, lo ¨²ltimo que necesitan es que les juntemos en guetos. Y con que haya uno muy conflictivo en el grupo, arrastra a todos los dem¨¢s". Guip¨²zcoa ha detectado un fuerte incremento en la proporci¨®n de los menores que incurren en delitos. De los m¨¢s de 200 tutelados en septiembre pasado, se cifraba en un 10% la proporci¨®n de conflictivos, de los cuales un 3% eran considerados "casos perdidos". A finales de enero, fuentes forales cuantificaban en alrededor del 20% la proporci¨®n de casos dif¨ªciles. Una parte destacable de los delitos cometidos por menores magreb¨ªes en la provincia es atribuible a j¨®venes que residen en el sur de Francia.

Ayer, t¨¦cnicos de la Diputaci¨®n de Guip¨²zcoa aseguraron en una reuni¨®n con la Fiscal¨ªa que la actuaci¨®n del personal del centro de Deba, donde los menores han denunciado malos tratos ante la justicia, se ajusta a la legalidad vigente, informa Efe. Las denuncias de los educadores tras ser agredidos por los menores son recurrentes, pero nadie supervisa cu¨¢ndo se dan las "medidas de contenci¨®n" que la ley permite o si se puede hablar de malos tratos. En los centros s¨®lo est¨¢n los j¨®venes y los trabajadores del centro. La falta de personal adecuado y una sensaci¨®n de desbordamiento constante repercute en la calidad del servicio realizado por las empresas a las que los entes forales subcontratan la atenci¨®n. Su profesionalidad var¨ªa demasiado para hablar de un modelo homog¨¦neo.

En Vizcaya, Aniceto Prieto (LAB), presidente del comit¨¦ de empresa de la Diputaci¨®n, lleva meses afirmando que la estrategia del ente foral consiste en intentar acabar con el efecto llamada privando a los chavales en algunos centros del acceso a recursos que les corresponden por ley, como los cursos de formaci¨®n profesional. Guip¨²zcoa, seg¨²n afirma SOS Racismo y varios educadores consultados, est¨¢ siguiendo una l¨ªnea similar con la creaci¨®n de centros "disuasivos" como el de Deba. En paralelo, los menores saltan de una comunidad aut¨®noma a otra sin que se haya determinado si esta movilidad es fomentada desde las instituciones o si son iniciativas puntuales de educadores que les pagan el billete. En todo caso, es una pr¨¢ctica habitual que vayan de un sitio a otro sitio a empezar de cero una y otra vez. Y nadie, Diputaciones incluidas, hace nada para impedirlo.