Zonas de sombra en el Congreso
Las extendidas sospechas sobre los abusos cometidos por un n¨²mero indeterminado de congresistas infractores del r¨¦gimen de incompatibilidades -establecido en el T¨ªtulo III de la Ley Org¨¢nica de R¨¦gimen Electoral (LOREG)- est¨¢n lejos de haber sido disipadas por el dictamen secreto de la Comisi¨®n del Estatuto de los Diputados, aprobado el pasado jueves por la C¨¢mara baja. La sesi¨®n del Pleno fue tambi¨¦n a puerta cerrada y con votaci¨®n secreta, tal y como establece el art¨ªculo 63.2 del Reglamento del Congreso; s¨®lo los portavoces de los grupos parlamentarios tuvieron acceso al contenido del dictamen, filtrado luego ¨ªntegramente a la prensa. Noventa diputados se abstuvieron o votaron en contra de la autorizaci¨®n dada a 250 congresistas para compatibilizar su dedicaci¨®n parlamentaria con trabajos retribuidos en el sector privado o con el desempe?o de cargos p¨²blicos en la Administraci¨®n local.
Menos de un tercio de los diputados se dedican a la C¨¢mara en r¨¦gimen de dedicaci¨®n exclusiva
Los grupos del PSOE e IU anuncian la puesta en marcha de una reforma de la LOREG y del Reglamento que cierre cualquier resquicio a eventuales fraudes cometidos al amparo de la laxitud interpretativa de las normas, la ausencia de mecanismos de control para impedir a los congresistas las actividades incompatibles con su esca?o y el secreto de los dict¨¢menes de la Comisi¨®n del Estatuto de los Diputados. No se trata s¨®lo de garantizar la dedicaci¨®n predominante de los diputados a las tareas parlamentarias en su jornada o calendario laboral -aunque no sea en exclusiva y a tiempo completo- y de buscar f¨®rmulas para que atiendan a los electores de sus circunscripciones. M¨¢s importante todav¨ªa resulta impedir que la voluntad de los parlamentarios, investidos de poder para aprobar las leyes y para nombrar y destituir al presidente del Gobierno, pueda ser comprada -mediante precio, recompensa o promesa- desde fuera del hemiciclo.
La democracia representativa descansa sobre la delegaci¨®n temporal de la soberan¨ªa del pueblo en un reducido grupo de personas designadas por sus conciudadanos; la legitimidad de ese traslado de la inmensa fuerza del Estado desde la mayor¨ªa del cuerpo electoral como principal hasta la minor¨ªa comisionada como agente se justifica con el argumento de que los electos se gu¨ªan ¨²nicamente por el inter¨¦s general y renuncian a poner su capacidad de decisi¨®n delegada al servicio de intereses particulares. James Madison record¨® que "si los hombres fuesen ¨¢ngeles, el Gobierno no ser¨ªa necesario": la tendencia de los pol¨ªticos a desviar la aplicaci¨®n del poder desde la protecci¨®n de la comunidad en su conjunto a la defensa de ambiciones personales es una invariante hist¨®rica. La democracia se diferencia de la dictadura por acusar recibo de esa noticia antropol¨®gica y por instalar los frenos y contrapesos institucionales adecuados para impedir o moderar esa inercial deriva.
Pero las cr¨ªticas dirigidas contra los abusos de la representaci¨®n pol¨ªtica, relacionados con el incumplimiento del deber prioritario de dedicaci¨®n al trabajo parlamentario o con el sacrificio del inter¨¦s general en aras de los intereses particulares oferentes del cohecho, corren el peligro de hacer pagar a justos por pecadores y de provocar una demag¨®gica deslegitimaci¨®n de las instituciones de la democracia representativa. Aunque s¨®lo fuese por simple ego¨ªsmo, los parlamentarios espa?oles deber¨ªan ocuparse de iluminar esas zonas de sombra antes de plantear sus justificadas reivindicaciones o quejas ante la opini¨®n p¨²blica. Es cierto que las remuneraciones de las Cortes son inferiores a la media de sus hom¨®logos europeos. Tambi¨¦n es verdad que las fotograf¨ªas del hemiciclo semivac¨ªo mientras trabajan las comisiones son enga?osas. Y tampoco cabe olvidar que la exigencia hasta el ¨²ltimo extremo de la dedicaci¨®n a tiempo completo de los diputados colmar¨ªa los esca?os con miembros permanentes de los aparatos partidistas o con funcionarios p¨²blicos en excedencia y con reserva de plaza.
Pero la defensa de un r¨¦gimen flexible de incompatibilidades no ganar¨¢ demasiados adeptos gracias a declaraciones como las de Jos¨¦ Mar¨ªa Michavila cuando asegura -con su beat¨ªfica sonrisa de angelote pasmado incapaz de romper un plato- que su condici¨®n de diputado absentista y ampliamente compatible es la mejor garant¨ªa para la atronadora llegada de la voz de la calle al Congreso.
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