Compatibilidades y transparencia

Desde hace unas semanas, los diputados de este pa¨ªs nos hemos convertido en centro de atenci¨®n debido a la publicidad sobrevenida que han adquirido las actividades que se ejercen de forma paralela a la condici¨®n de parlamentario. Comprender¨¢n que no entre a opinar sobre cada uno de estos casos. He tenido la tentaci¨®n de hacerlo, pero el debido respeto al car¨¢cter secreto que establece la ley vigente me lo impide.

Ahora bien: una cosa es el marco jur¨ªdico actual, y otro el que deber¨ªa ser en una democracia moderna, que garantice el ejercicio del control social por parte de los ciudadanos. Y eso conlleva publicidad y transparencia.

Cada cual tiene sus atribuciones, y al Parlamento le corresponde actualizar las suyas. En la actualidad, las declaraciones de actividades de los diputados ya son p¨²blicas, pero la interpretaci¨®n restrictiva del r¨¦gimen de publicidad que se ha venido aplicando, hace pr¨¢cticamente imposible acceder a ellas. De ah¨ª que resulte improrrogable articular los mecanismos necesarios para garantizar que esas declaraciones sean accesibles para cualquier ciudadano.

Hay que limitar el r¨¦gimen de compatibilidades de los diputados. Los ciudadanos lo demandan

La concesi¨®n de compatibilidades no es un acto gracioso o discrecional. Se rige por lo dispuesto en la Ley Electoral, en el Reglamento del Congreso y por la interpretaci¨®n que, hist¨®ricamente, se ha hecho de estos preceptos. Pero el paso de los a?os ha constatado que la ley es ambigua y la interpretaci¨®n muy amplia. Por ello es necesaria una reforma de la Ley Org¨¢nica del R¨¦gimen Electoral General (LOREG) que modifique y limite el r¨¦gimen actual de compatibilidades. El sistema lo requiere y los ciudadanos lo demandan.

Existen dos tipos de actividades compatibles: aquellas que son una extensi¨®n de la condici¨®n misma de diputado y contribuyen a amplificar el trabajo parlamentario, y aquellas que son estrictamente privadas, de car¨¢cter oneroso, y retribuidas. Entre las primeras est¨¢n las de tertulianos, articulistas, conferenciantes o profesores de universidad. En esa categor¨ªa se encuentran la gran mayor¨ªa de los diputados y su desempe?o prestigia y enriquece la condici¨®n de parlamentario. El principal problema reside en la delimitaci¨®n del segundo grupo de actividades porque, aunque sean legales, algunas de ellas pueden ser ¨¦ticamente reprobables, bien porque ponen en duda el car¨¢cter exclusivo de la dedicaci¨®n parlamentaria, bien porque lindan con el ¨¢mbito de lo p¨²blico. La compatibilidad se concede casi sin otro l¨ªmite que el de la simple advertencia de que, una vez concedida, esa actividad no debe tener conexi¨®n con la Administraci¨®n p¨²blica. Por eso, el Congreso deber¨ªa tener la competencia para comprobar que el ejercicio de una compatibilidad se adecua a las limitaciones legales, sabiendo que en ning¨²n caso la excepci¨®n puede contaminar al conjunto del Parlamento. En definitiva, m¨¢s transparencia y mayor control para detectar y denunciar las conexiones entre lo p¨²blico y lo privado, pero tambi¨¦n para afianzar los pilares de nuestra democracia y el compromiso, la dignidad, la profesionalidad y la vocaci¨®n de servicio p¨²blico de sus representantes.

Francesc Vall¨¨s es diputado socialista en el Congreso y presidente de la Comisi¨®n del Estatuto del Diputado